Los directivos de las grandes corporaciones tabacaleras del mundo ante el Congreso de los Estados Unidos, en declaración jurada, afirmaron no tener evidencia de daños a la salud de sus productos ni que estos generan adicción. Documentos internos demostraron que 20 años antes ya tenían esa evidencia en documentos internos. Foto: Especial.

El Gobierno actual puede estar dando un giro de 160 grados en la política frente al tabaco, un producto cuyo consumo cuesta la vida a más de 70 mil mexicanos cada año. A menos de dos años de la entrada del nuevo Gobierno, el 31 de mayo de 2020, la administración de López Obrador fue distinguida con un reconocimiento internacional por la Organización Mundial de la Salud por sus políticas contra el tabaco. El reconocimiento se le otorgó al haber actualizado el impuesto a este producto en octubre de 2019 y por la prohibición a la importación y exportación de cigarrillos electrónicos y de tabaco calentado, establecida a través de un decreto firmado por el propio Presidente en febrero de 2020. Fueron solamente cinco los países reconocidos por la OMS por sus políticas frente al consumo de tabaco, producto que en México es responsable de más del 9 por ciento de las muertes.

Sorprende el trascendido de que fueron funcionarios del propio Gobierno los que cabildearon hace un par de días para que no pasara a votación al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen sobre la iniciativa de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud, con sólo una abstención por parte de una legisladora del PRI, que establece las áreas libres de humo de tabaco en todos los espacios públicos a escala federal. Una de las medidas más extendidas y exitosas que ha sido implementada alrededor del mundo.  El cabildeo se dio en la Junta de Coordinación Política para detener ahí el dictamen y que no entrara en la orden para votación. El trascendido señala que este cabildeo vino de funcionarios de la nueva administración de la Secretaría de Economía.

Claramente, las políticas para el control del tabaco impulsadas en los primeros dos años del actual Gobierno, y que fueron reconocidas por la OMS, provenían de la Secretaría de Salud en un entorno en que la Secretaría de Economía respetaba las políticas de salud pública. Si se confirma la intervención de Economía para detener una iniciativa que tenía como medida central establecer a nivel federal los espacios libres de humo en todos aquellos recintos públicos cerrados, como ya ocurre en 15 estados de la República, estaremos viendo cómo el Gobierno actual vuelve a la complicidad con las grandes tabacaleras que se mantuvo de manera criminal durante las administraciones anteriores. Criminal si consideramos las más de 70 mil muertes provocadas por su consumo en México y que muchas de estas muertes podrían evitarse si se aplicaran las políticas establecidas en el Convenio Marco para el Control del Tabaco que el Gobierno mexicano fue uno de los primeros en firmar en 2003 y ratificar en 2004. La implementación de las políticas establecidas en la Convención Marco han tenido grandes resultados plenamente documentados, es decir, salvan vidas.

En el continente americano hay ya 23 países que han establecido los espacios libres de humo en los recintos públicos, de los 35 existentes. Es decir, México está totalmente retrasado a causa de este tipo de interferencias en los que prevalece el conflicto de intereses para evitar una política básica de salud pública. El consumo de productos no saludables trae tanto consecuencias graves para las finanzas públicas, como empobrecimiento entre las familias. Los costos anuales directos estimados para el sistema de salud provocados por el tabaquismo llegan a 116,150 millones de pesos y los costos totales, incluyendo los indirectos (pérdida de empleo, atención familiar, etcétera), ascienden a más de 187 mil millones de pesos. Con este bloqueo al dictamen en Diputados se protege a un par de grandes megacorporaciones tabacaleras y, por otro, se daña la salud y finanzas de las personas, manteniendo un grave y creciente impacto negativo en el erario público.

La reforma establece también la prohibición de toda publicidad de productos del tabaco, una medida que ya existe en ocho naciones del continente. No hay producto en el mercado cuyo consumo, aunque sea mínimo, represente un riesgo a la salud, como el tabaco. Basta decir que de cada dos fumadores, uno morirá por una enfermedad relacionada al tabaquismo. De las más de 70 mil personas que mueren en México al año por consumo de tabaco (9 por ciento de todas las muertes en todo el país), un porcentaje de ellas no son fumadoras, sólo aspiran el tabaco que sus familiares consumen o trabajan en lugares en los que se permite fumar. A pesar de que ya en 15 entidades (60 por ciento de la población del país) se ha establecido la regulación de áreas libres de humo de tabaco, las tabacaleras han venido impidiendo que esto sea a escala federal. Esto lo han logrado siempre en contubernio con funcionarios y legisladores.

Las administraciones anteriores no sólo habían bloqueado estas políticas antitabaco que ya se han implementado en un gran número de naciones, incluso habían actuado en contra de que otros países las implementaran, poniéndose del lado de las tabacaleras. Cartas firmadas por funcionarios de la propia Secretaría de Economía se dirigieron a sus contrapartes australianas para manifestarse, al lado de las tabacaleras, contra la regulación que estableció en ese país que las cajetillas de tabaco no tuvieran diseño alguno, es decir, que los empaques fueran genéricos, sólo con el nombre de la marca. La liga de poderosos empresarios mexicanos que han tenido relaciones e intereses con las tabacaleras y con fuertes vínculos con funcionarios públicos ha estado detrás de estas acciones de complicidad en contra del Convenio Marco para el Control del Tabaco.

Mientras la política de cajetillas genéricas de tabaco era una recomendación de la OMS y Australia enfrentaba a las tabacaleras impulsando esta medida, el Director General de Reglas Internacionales de Comercio de la Secretaría de Economía dirigía una carta a sus contrapartes australianas el 22 de julio de 2011 con los mismos argumentos que las tabacaleras: “El gobierno de México agradecería si Australia pudiera compartir la información científica en la que basó sus conclusiones […] en vista de que México hasta la fecha no tiene evidencia científica ni  técnica de las influencias del embalaje en el comportamiento del consumidor. Por lo tanto, la imposición de este nuevo reglamento técnico restringiría el comercio…”. Este formato de cajetillas genéricas se extendería por un gran número de naciones, desde el Reino Unido hasta Uruguay.

No fue la única ocasión en que la Secretaría de Economía de las administraciones anteriores llegó al extremo de defender los intereses de corporaciones que producen y mercadean productos que son un riesgo para la salud. Lo hicieron contra el etiquetado frontal en alimentos y bebidas en Ecuador, en Chile y en Perú. En el caso del Perú, las posturas del Gobierno mexicano ante la Organización Mundial de Comercio contra el etiquetado frontal de advertencia en ese país fueron presentadas unos días después de que el propio director de la OMS felicitaba al Presidente peruano por la medida tomada. Existen documentos que demuestran cómo el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, se puso del lado de grandes corporaciones multinacionales en contra de políticas de salud pública promovidas por la propia OMS.

De confirmarse los trascendidos, la nueva administración de la Secretaría de Economía estaría volviendo a las prácticas de las administraciones anteriores estableciendo bloqueos e injerencia en contra de políticas e iniciativas de interés público y en defensa de intereses privados, es decir, actuando en contra de las políticas dirigidas a la protección de la salud y del medio ambiente, como era su práctica habitual en el pasado. Esperamos estar equivocados y que la Junta de Coordinación Política agende la presentación y votación en pleno de este dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud.