Tal como publicamos ayer en la cuenta de Artículo 19 en la red social X, el miércoles un juez de control federal revocó decisión de la FEADLE (FGR) de cerrar definitivamente la investigación sobre las amenazas que recibí en mi correo electrónico el 5 de abril de 2022, la tarde que lanzamos nuestro informe anual “Negación”.  No nos causa extrañeza. Artículo 19 ha sido una voz sumamente crítica de la impunidad rampante en los crímenes contra la prensa y eso no gusta al interior de la FGR. La actitud de los fiscales es de esperarse, casi natural… si no tuvieran la obligación de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de todas las víctimas.

El mismo miércoles acudimos a la presentación del libro de Marcela Turati “San Fernando: última parada”, donde describe la práctica sistemática de desaparición y exterminio de miles de personas que viajan hacia la frontera norte en busca de cruzar a los Estados Unidos.  Por supuesto que esta historia de atrocidades acumuladas en la voz de muchas víctimas, apunta a la institución más necesaria pero igualmente temida: el Ministerio Público.

Esa institución que no ha resuelto la masacre de 72 migrantes ocurrida en esa localidad en agosto de 2010, pero que sí investiga y espía, dentro del mismo expediente y como sí fueran las peores criminales, a las defensoras de derechos humanos Mercedes Doretti y Ana Lorena Delgadillo, así como a la propia Turati. En una realidad alterna las tres deberían recibir todo tipo de reconocimientos y una fuerte protección a su labor; pero en México tienen que pagar el precio de acompañar a las víctimas, escucharlas y ser vehículo de su clamor de justicia.

El uso político del aparato de procuración de justicia es uno de los resabios de autoritarismo priísta que no nos hemos sacudido. A ello hay que sumar las deficiencias estructurales de las instituciones que mantienen inercias de burocratización y revictimización. Por si fuera poco, los organismos forenses (peritos) carecen en su mayoría de capacidad técnica, pero sobre todo de independencia frente al Ministerio Público.  Su expertise está al servicio de todo tipo de intereses, menos el de brindar un apoyo científico a las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Hay casos de éxito como la acusación de trata de personas lograda contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (ex líder del PRI capitalino), o la de encubrimiento de feminicidio por parte del fiscal de Morelos, Ulises Carmona. Pero ello languidece frente a casos como el del multifeminicidio y homicidio de la colonia Narvarte; el allanamiento a las oficinas del medio Aristegui Noticias o el ocurrido en casa del fotoperiodista Germán Canseco para robar material periodístico. Si bien son casos con magnitudes y complejidades distintas, se evidencia que el criterio es solamente político para reportar avances, o para no hacerlo.

A nivel federal, encontramos que Lydia Cacho, quien a pesar de tener que huir del país hace 4 años, ha logrado con su tesón de 18 años llevar ante la justicia a un poderoso empresario como Kamel Nacif (a la postre exonerado) y al ex gobernador Mario Marín (hoy preso en el Altiplano), ambos autores intelectuales de la tortura sexual en su contra. Así también han sido procesados 4 ex policías más. Qué decir de los avances logrados con los asesinatos de Javier Valdez y Miroslava Breach, los cuales han llegado a niveles que difícilmente otros casos pueden arribar.  En los casos descritos juegan un papel fundamental las víctimas, sus familias y sus representantes, al igual que la presión nacional e internacional.

Sin embargo también vemos casos, como el de Ayotzinapa, que pese a tener todas condiciones de presión pública, movilización política y representación técnica, se topan con instituciones intocables como el Ejército. De hecho los nulos avances en el nuevo capítulo de espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos se explica también en que la evidencia del mal uso de Pegasus apunta a SEDENA.

En los pocos, muy pocos casos que avanzan, hay que analizar qué buenas prácticas caracterizan ese despertar selectivo, dónde se expresan y cuáles son los intersticios por donde se cuela la efectividad y el profesionalismo que no es común en las fiscalías. También las condiciones de verdadera independencia que eviten la captura política de ciertos fiscales; la construcción de estrategias integrales de colaboración con las víctimas; la elaboración de planes de investigación; análisis de contexto robustos, unidades de investigación multidisciplinar y una larga lista de condiciones que requieren ser retomadas en diagnósticos más amplios.

Reconocer las buenas prácticas y tratar de reproducirlas es necesario pero insuficiente para enfrentar el mar de corrupción e impunidad.  También bien se requiere de una disposición política para recuperar esos breves y acotados chispazos de las fiscalías para caminar hacia un verdadero Estado de Derecho.

Desafortunadamente las baterías de la llamada 4T en el presente (y al parecer en el futuro) sólo van contra el Poder Judicial. Hasta hoy no se escuchan llamados del presidente ni de su posible sucesora para empujar la reforma de las fiscalías. Al contrario, el control político sobre la FGR, la FGJCDMX -y el resto de fiscalías de los estados donde gobierna el oficialismo- les hace sentir cómodos. Y ese control es, al parecer, la verdadera intención de los cambios propuestos al Poder Judicial. Siendo así las cosas, la impunidad selectiva, sello del autoritarismo más rancio, persistirá.

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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