Entre las reservas que avaló el Senado de la República en el Plan B de la Reforma Electoral, se encuentra una que facilita la permanencia del registro de los partidos más pequeños y por lo tanto el poder recibir recursos públicos, una situación que llevó al mandatario mexicano a decir que estos puntos no fueron propuestos por él y que podrían ser quitados de la reforma legal. Hoy incluso abrió la posibilidad de vetar el proyecto en su totalidad.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió la mañana de este jueves que podría vetar su Plan B de la Reforma Electoral, el cual aprobó hoy el Senado de la República en lo general y en lo particular, si contempla la llamada “cláusula de vida eterna” para salvar a los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en caso de que no obtengan votos suficientes para mantener el registro y las prerrogativas.

El Senador Ricardo Monreal, quien votó en contra de la Reforma Electoral, dijo esta misma mañana que esos artículos, que se agregaron desde la Cámara de Diputados, fueron un acuerdo de Morena con ambos partidos, y que los senadores “honraron su palabra”. La reforma le permite a los partidos pequeños conservar el registro aún sin haber logrado el tres por ciento en elecciones federales, si en 17 estados sí supera este porcentaje. También deja que los partidos asociados puedan acordar entre ellos la transferencia de sufragios a uno que esté en riesgo de desaparecer. Y una más: autoriza que los partidos puedan guardarse el dinero que no ejercieron y no tener que transferirlo a la Tesorería de la Federación.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador compartió que no ha visto cómo quedó la reforma al final, pero ya desde antes de que se discutiera en el Senado había advertido con anterioridad que él no estaba de acuerdo. “Eso hay que verlo, y si en la Cámara de Diputados consideran que no debe de hacerse, para atrás. No le hace que lleve tiempo. Si en la Cámara de Diputados consideran que eso estuvo mal, pa’ tras”, dijo el Presidente.

Pidió a las y los legisladores que debatan el tema y que defiendan siempre los principios. “Aquí hay algo fundamental: la democracia en México es del pueblo, ya no es la oligarquía”, explicó. Por ello, “si pasa la Ley, bien, sería bueno, ayuda. Pero si no pasa, de todas maneras va a ser el pueblo el que va a decidir y va a seguir mandando. ¿O creen ustedes que va a ser el grupo de Claudio X. González el que va a decidir el futuro del país y de todos sus seguidores?”.

 

“No soy omnímodo. Muy contrario a lo que piensan mis adversarios, no soy cacique”, agregó López Obrador en su intervención desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Luego, a pregunta directa, dijo: “Sí, sí lo considero, la puedo vetar. Si es un asunto de principios, lo hago porque somos demócratas auténticos, no farsantes. Lo que nos importan son los principios”. Sostuvo que “cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear. Es principios. Es cuando también se tiene que decidir entre derecho y justicia. Justicia. Son cosas que tienen que ver con las convicciones y con la autoridad moral”.

“Y si no lo mejoran en la Cámara y me pasan a mí esto y considero que sí es una contracción y que sí afecta, como dice el compañero, la veto. Aunque se invalide todo. […] Por encima de los principios nada”, insistió.

También dijo que “no es posible de ninguna manera hacer algo encubierto o que dé la impresión de que se está actuando de manera tramposa”, pues “eso tiene que ver con el bloque conservador”, cuyos integrantes “son muy falsarios y cretinos”.

LA PRIMERA ADVERTENCIA DE AMLO POR LOS CAMBIOS

El Plan B electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue modificado en la Cámara de Diputados en beneficio de dos de los aliados de Morena en el Congreso: el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), para facilitarles la permanencia de su registro y por lo tanto el poder recibir recursos públicos, una situación que llevó al mandatario a decir que estos puntos no fueron propuestos por él y que podrían ser quitados de la reforma legal.

“Vamos a que mañana el Secretario de Gobernación [Adán Augusto López Hernández] venga y nos explique […] habría que verlo mañana para que no haya distorsiones y se analice bien porque hay mucha manipulación, mucha. Entonces mejor que venga aquí [el Secretario de Gobernación] y que informe”, comentó el pasado 8 de diciembre López Obrador en su conferencia “mañanera”, a la par que advirtió: “si fuese grave, yo mismo plantearía que se quite”.

La madrugada del miércoles pasado, Morena, el PT y el PVEM aprobaron el Plan B electoral, el cual ​​busca retirar privilegios a la llamada “élite dorada” del Instituto Nacional Electoral (INE) al eliminar sus fideicomisos y crear una estructura más ligera, con lo que “se espera generar un ahorro de alrededor de tres mil 605 millones 624 mil 298 pesos”.

No obstante, a la iniciativa presidencial se le hicieron cambios que favorecen al PT y al Partido Verde —una fuerza política que siempre se ha aliado con el poder en turno— para que sea más fácil conservar su registro y por lo tanto las prerrogativas que reciben, así como la posibilidad de guardar estos recursos públicos para otros procesos electorales.

Uno de estos cambios fue el hecho al Artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), el cual señala ahora que “los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos” que logren bajo la figura de Candidatura Común, cuando en la propuesta inicial se establecía que “en ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición”.

También el Artículo 15 de la misma legislación fue cambiado, cuando en la propuesta original no se preveían modificaciones. La minuta contempla ahora una fórmula que ayudará a los partidos pequeños, como el PT y el PVEM, a mantener su registro, según la cual se entiende por votación válida emitida “el resultado que se obtenga de restar a la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos, los votos a candidaturas no registrados y los votos correspondientes a las candidaturas independientes, así como aquellos Partidos Políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de la votación”.

Esta interpretación fue empleada por el PT en 2015, cuando estuvo a punto de quedarse sin registro, como refiere el medio Expansión Política.

En ese sentido, las modificaciones a este Artículo indican que a un partido político le será cancelado su registro si no obtiene “al menos, el tres por ciento total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebran para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión”, a excepción “de que haya conservado el registro como partido local, obteniendo al menos el tres por ciento de la votación válida emitida, en al menos la mitad más uno del total de las entidades federativas en donde se haya desarrollado una elección concurrente”.

 

Este último criterio, dice la minuta, “aplicará para la elección donde se elijan Presidente de la República, senadurías y diputaciones federales, así como en la elección donde sólo se renueve las Cámaras de las y los Diputados”.

Otro de los cambios hechos a la minuta original es la desaparición de la fracción 2 del Artículo 272 BIS de la Legipe, el cual decía: “Las personas Senadoras o Diputadas que ejerzan este derecho deben separarse de su cargo hasta un día antes del inicio de las campañas”.

Con esto, ya no existiría una prohibición para que los legisladores que quieren reelegirse —dos veces en el caso de senadores y hasta cuatro en el de diputados— se separen de sus cargos.

También se realizaron otras modificaciones que no contenía la propuesta original, éstas a la Ley General de Partidos Políticos. En el Artículo 51 se añadió la fracción 4, que dice: “Los Partidos Políticos podrán, con cargo a su financiamiento público ordinario realizar ahorros en su ejercicio fiscal para poder ejercerlo en años posteriores”.

En esa misma Ley, en el Artículo 52 se modificó la iniciativa presidencial en otro sentido. La reforma enviada por el Ejecutivo decía: “Para que un Partido Político nacional cuente con recursos públicos locales debe obtener el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de diputaciones de Congresos locales en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate”.

Con los cambios su sentido se orientó en preservar el registro de los partidos en los estados y poder hacer ahorros de los recursos públicos que reciben, situación que favorecería a partidos como el PT y el Verde Ecologista.

Ahora en la minuta, el Artículo 52 se lee:

“1. Los partidos políticos con registro nacional vigente conservarán su registro local y obtendrán financiamiento público en la entidad correspondiente, con la sola observación de su acreditación nacional”.

Los partidos políticos en caso de así decidirlo podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados en subsecuentes ejercicios fiscales, así como también podrán utilizarlos para la elección federal o local siguiente”.

2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos se establecerán en las legislaciones locales respectivas”.

El Partido Verde presentó a su vez una reserva al Artículo 10 de esta legislación, en la cual la propuesta presencial decía: “El número total de los militantes de los Partidos Políticos locales en la entidad no debe ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate”. No obstante, el Diputado Carlos Alberto Puente Salas propuso una reserva que fue aprobada, con la que ahora se establece que tratándose de partidos políticos nacionales deberán contar con 3000 militantes en por lo menos 20 entidades federativas o bien tener 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales uninominales.

El Partido del Trabajo también presentó casi al final de la discusión una reserva del Diputado Pedro Vázquez González con el objeto de definir el concepto de tiempo real como el registro contable de los ingresos y egresos en gastos de campaña y precampaña, para que la fiscalización del INE no se realice máximo en tres días, como está en la letra, sino “desde el momento que ocurren y hasta 20 días después”.