Soportar las miradas, ser indiferente a los chismes, el rechazo o los insultos; vivir con miedo a la agresión, esa es la cotidianeidad de las mujeres trans.

El asesinato de Samantha Gomes Fonseca, el 14 de enero luego de visitar a su pareja en el Reclusorio Sur, es el lamentable recordatorio de la deuda que como sociedad tenemos de garantizarles una vida libre de temor, prejuicios y violencia.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la esperanza de vida para las mujeres trans es 33 a 37 años, la mitad de la estimada para mujeres cisgénero.

A la doctora Samantha, de 37 años, le dispararon cuando estaba dentro un auto cerca del penal, a donde acudía también como parte de su activismo en favor de Personas Privadas de la Libertad (PPL).

Por esa labor contra la corrupción en el sistema penitenciario había sido difamada por algunas personas que se hacen pasar por informadores. De hecho, en el Consejo Ciudadano —a donde nos iba a visitar esta semana para revisar la colaboración que teníamos sobre derechos e inclusión— recibió asesoría jurídica por mensajes amenazantes recibidos.

Coincidí con ella en diciembre en el Senado, durante el “Coloquio Nacional Malala Yousafzai Retos y Avances en los Derechos Humanos”. Evidenciaba un compromiso por la defensa de la comunidad LGBT, las PPL, las y los migrantes, y en contra de toda forma de discriminación.

La semana pasada Samantha, quien había recibido del Congreso de CDMX la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2022, lamentaba el transfeminicidio de Miriam Noemí Ríos, comisionada municipal de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán. “Nos están matando a las activistas”, escribió en redes.

Aún sin cifras oficiales, la organización Letra S calcula una tasa de 15 transfeminicidios por cada 100 mil personas. Y los estudios del INEGI revelan que 59.7 por ciento de las mujeres trans ha sufrido violencia física al menos una vez en su vida.

Sin embargo, hay signos esperanzadores de la disposición institucional. Según la Universidad de California y Buzzfeed, México ocupa el sitio 11 entre los países con mejores políticas públicas en favor de personas trans.

En la Ciudad de México hay un clima de respeto y libertad facilitador de expresiones como la Marcha del Orgullo o las manifestaciones afuera de Palacio Nacional y Senado por el asesinato de Samantha. Como parte de una narrativa progresista, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, recordó leyes como la del matrimonio igualitario o políticas de atención a la salud.

Desde el Consejo Ciudadano ofrecemos asesoría jurídica y psicológica en la Línea y Chat Nacional Diversidad Segura, 800 000 5428, —gratis, 24/7, confidencial y para todo el país—, y diseñamos el TRANSViolentómetro, para reconocer 24 grados de violencia, desde burlas transfóbicas hasta transfeminicidio.

Incrementar la esperanza de vida de las mujeres trans es el desafío ciudadano e institucional, para vivir y contarla.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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