Este miércoles, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, participó en la segunda reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores Centrales del G20, quienes coincidieron en redoblar esfuerzos para proteger vidas, controlar el virus, salvaguardar los trabajos de los ciudadanos y asegurar un sistema financiero resiliente.
Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- El plan de acción que acordaron este miércoles los ministros financieros y gobernadores de los bancos centrales del G20 establece los puntos clave para enfrentar los efectos del COVID-19 y se actualizará acorde a las necesidades y evolución de la pandemia, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Este miércoles, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, participó en la segunda reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores Centrales del G20, quienes coincidieron en redoblar esfuerzos para proteger vidas, controlar el virus, salvaguardar los trabajos de los ciudadanos y asegurar un sistema financiero resiliente.
Además, como resultado de la reunión, los participantes discutieron y adoptaron el plan de acción en respuesta al COVID-19, que contempla políticas para robustecer los sistemas de salud, medidas fiscales y monetarias para mitigar los efectos económicos negativos ocasionados por las medidas de confinamiento.
“El Plan de Acción en respuesta al COVID-19 establece los principios claves para guiar la respuesta de los países y las políticas de cooperación internacional, que regirán ante este importante desafío”, indicó la SHCP en un comunicado.
El Plan también incluye las medidas que los gobiernos deberán seguir para reactivar sus economías dirigidas hacia un crecimiento sólido y que toman en cuenta las lecciones aprendidas y posibles desafíos futuros.
“El Plan de Acción será un documento que estará en constante actualización, en función de la evolución de la pandemia y las necesidades que se vayan presentando”, indicó.
Los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 reconocieron las acciones implementadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos, que han destinado recursos para apoyar a países, específicamente, la propuesta para diferir el pago de servicios de deuda de las naciones más pobres.
