El problema para los opositores al Presidente Andrés Manuel López Obrador y para la oligarquía que entrevera los intereses de la clase política corrupta, de sus ideólogos intelectuales, y de sus socios privilegiados del sector privado, es que más que entender al primer mandatario y las razones por la cuales sigue conservando un apoyo mayoritario de la población, se han empecinado en denostarlo.

Luego de su visita a Estados Unidos y de su paso por la Casa Blanca, en donde fue recibido con francas muestras de afecto por la Vicepresidenta Kamala Harris y por el mandatario Joe Biden, las críticas al Presidente mexicano y a su esposa se centraron en juzgar, con severidad, trivialidades sobre su poco apego a los protocolos y las reglas de etiqueta, a su forma de vestir o de sentarse, en críticas aderezadas con un tufo clasista, racista y visceralmente ofensivo.

López Obrador habla con el lenguaje simple y llano de la gente común, alejado de los mensajes encriptados de los políticos, los académicos y los intelectuales, que construyen su discurso con base en expresiones sólo entendibles para los iniciados que integran exclusivas y privilegiadas cofradías del apapacho, en donde unos y otros se ensalzan y se elogian, para generar una narrativa de la cual está excluido el pueblo.

López Obrador presume que come tamales, tlacoyos, barbacoa, tlayudas, caldos, tortas y tacos, muchos de los alimentos que consume la mayoría de la población, que jamás podrá sentarse a la mesa de los potentados y los exquisitos, que han hecho del culto a la riqueza su religión más venerada.

Por primera vez, en muchas décadas, quizá desde la época del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, en el periodo 1934-1940, la mayoría del pueblo pobre siente que tiene un Presidente que le pertenece, que le representa, que habla por ellos y en defensa de sus intereses, que se identifica con sus formas y sus expresiones, que comprende la triste realidad de marginación que vive la mayoría de la población.

Por lo menos durante las cuatro más reciente décadas México fue gobernado por una oligarquía, “el Gobierno, el poder o el dominio de pocos en su propio beneficio y sin consentimiento popular”, concepto que define el jurista Rodrigo Borja Ceballos en el Tomo II de su Enciclopedia de la Política, publicada por el Fondo de Cultura Económica en 1997.

“Oligarquía -agrega Borja- es también un reducido grupo de personas que ejerce influencia sobre el Gobierno para aventajar sus intereses”.

Señala Rodrigo Borja que hay diferencia entre la oligarquía y la plutocracia, que el grupo oligárquico no es necesariamente rico. En otras palabras, si la influencia de unos pocos sobre el poder se sustenta en la riqueza hay plutocracia. Ambos son Gobierno de pocos, de un reducido grupo de personas, pero si son ricas es propiamente una plutocracia.

Explica el jurista Borja Cevallos que el filósofo griego Aristóteles (384-322 a. C.) consideraba a la oligarquía como una forma impura de Gobierno, resultante de la degeneración de la aristocracia por la suplantación del interés individual de los gobernantes al interés general. Dijo, Aristóteles en su obra intitulada Política, que oligarquía es el modo que tienen de gobernar los nobles y los ricos en provecho propio.

En tanto que el sociólogo alemán Robert Michels (1876-1936) formuló la “ley de hierro de la oligarquía”, según la cual toda organización política tiende a caer en manos de un pequeño grupo de personas, independientemente de su orientación ideológica, que incluso a pesar de sus proclamas democráticas, e incluso revolucionarias, el poder es ejercido a la postre por una oligarquía.

México es uno de los países en los que la riqueza está muy mal distribuida pues de todos los activos financieros de nuestro país el 80 por ciento es propiedad de sólo el 10 por ciento de la población. Y de ese 10 por ciento, el uno por ciento de la población acapara un tercio de esa riqueza, informó el 30 de mayo del 2017 Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), según publicó nuestro diario digital SinEmbargo.

La redistribución de la riqueza que se genera en el país es una responsabilidad del Estado, que la administración de López Obrador está llevando a cabo.

En un Estado de Derecho, en el cual prevalece el valor superior de la legalidad, “el derecho público es el derecho que emana del Estado, constituido por la supresión del estado de naturaleza, por consiguiente, es el derecho cuya fuerza obligatoria deriva de la posibilidad de que en su defensa se ejerza el poder coactivo que pertenece exclusivamente al soberano”, explica el jurista italiano Norberto Bobbio en Estado, Gobierno y Sociedad (Fondo de Cultura Económica, México, 2004).

El autor describe el derecho privado o, mejor dicho, el derecho de los privados, como “el conjunto de normas que los sujetos establecen para regular sus relaciones, entre las cuales las más importantes son las relaciones patrimoniales, mediante acuerdos bilaterales”.

Existe una dicotomía de lo público y lo privado que se refiere a las dos formas clásicas de la justicia, advierte Norberto Bobbio en “Estado, Gobierno y Sociedad”.

“La justicia conmutativa –aplicable al derecho privado– es la que regula los intercambios: su objetivo fundamental es que las dos cosas que se intercambian sean de igual valor, con el fin de que el intercambio pueda ser considerado justo”.

“La justicia distributiva –aplicable al derecho público, explica Bobbio– es en la que se inspira la autoridad pública, para la distribución de honores y gravámenes: su objetivo es que a cada uno le sea dado lo que le corresponde con base en criterios que puedan cambiar de acuerdo con la diversidad de las situaciones objetivas o de los puntos de vista”.

Para que el Estado lleve a cabo esta justicia distributiva, el jurista italiano describe los criterios más comunes: “a cada uno según su mérito”, “a cada uno según su necesidad” y “a cada uno según su trabajo”.

Finalmente, podríamos explicar así esta dicotomía: la justicia conmutativa ha sido definida como la que tiene lugar entre las partes, en tanto que justicia distributiva es aquella que tiene lugar entre el todo y las partes, entre el Estado y las personas.

Por eso es obligada y justificable, la función del Estado de redistribuir, con criterios de justicia, los beneficios multiplicadores de la riqueza que se genera en el país, atendiendo las urgentes necesidades de los más desvalidos, entre ellos, las personas de la tercera edad, los jóvenes sin porvenir, los discapacitados, los campesinos pobres, las madres jefas de familia y muchos otros grupos vulnerables.

Estas políticas públicas, que estimulan el estado de bienestar, son las que derivan en proyecciones como las que hizo la plataforma digital agregadora de encuestas Oraculus, que hasta el pasado lunes 4 de julio del 2022 atribuía al Presidente López Obrador una aprobación del 62 por ciento, por un rechazo del 35 por ciento.

En tanto que en una estimación sobre la aprobación del Presidente López obrador, realizada entre el 6 y el 12 de julio del 2022, por la consultora Morning Consult, con sede en Estados Unidos, se atribuía al mandatario mexicano un 66 por ciento respaldo, la segunda mejor calificación entre 22 líderes gubernamentales, entre los que aparecen Joe Biden, de Estados Unidos, con 38 por ciento de aprobación y el brasileño Jair Bolsonaro, con 43 por ciento. Sólo tiene mayor aprobación que AMLO el primer ministro de la India, Narendra Modi, con 76 por ciento.

El problema para la oposición y para la oligarquía que se escuda en PAN, PRI y PRD, partidos a los que impulsa hacia una alianza electoral para los comicios presidenciales del 2024, es que el país experimenta un cambio profundo donde las mayorías se expresan y se congratulan de ser escuchadas por su Presidente. La oposición no entiende este cambio, no le interesa entenderlo y es muy probable que sólo lo comprenda cuando el fuego termine por consumirla y convertirla en cenizas.

Pedro Mellado Rodríguez

https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado

Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

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