El General Gallardo dice en su carta al Congreso que no se puede esperar que una institución que tiene formación militar y que se ha adoctrinada en un período de autoritarismos “pueda aparecer de pronto, llena de sentimientos democráticos y de respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión”.

Ayer por la noche, con 362 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones, los integrantes de la Cámara de Diputados avalaron esta tarde en lo general la creación de la Guardia Nacional. Más tarde aprobaron con 348 votos a favor, 108 en contra y 10 abstenciones los artículos 13, 16, 21, 73, 76, 82 y 89, y los transitorios. La Guardia Nacional está ahora en manos del Senado.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).– El General José Francisco Gallardo Rodríguez alertó que la Guardia Nacional, como está planteada por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, busca “militarizar a la sociedad” y ser un mecanismos de control que criminalice la protesta social. En una carta enviada al Congreso de la Unión propone modificaciones a la reforma que beneficien la defensa y promoción de los derechos humanos.

El General fue preso político de 1993 al 7 de febrero de 2002. Su defensa de los derechos humanos le ha ganado distintos reconocimientos nacionales y extranjeros de organizaciones de la sociedad civil. También fue reconocido dentro del Ejército mexicano con distintas condecoraciones.

“Con la Guardia Nacional Militar, se trata de militarizar a la sociedad, para sembrar una política de miedo como un mecanismo de control social para criminalizar la protesta social en su lucha por hacer valer los derechos humanos. Nace en el seno del Ejército, a petición y amenaza expresa del alto mando militar, es una política de Estado que se convierte en una amenaza a la seguridad nacional, a la sobrevivencia y desarrollo democrático del pueblo mexicano”, se lee en el texto enviado a los legisladores.

El General Gallardo asegura que la creación de la Guardia Nacional fue concebida, con objeto de negarle al pueblo el derecho de mantener la tranquilidad, el orden interno, a través de lo que propone regularizar la presencia del Ejército en las calles.

Dice también que la Guardia Nacional es “el complemento de una operación concebida por la clase política y la oligarquía, orquestada en complicidad con los medios de comunicación, por grupos de poder sociales, empresariales, y los poderes públicos”.

Alerta que no se puede esperar que una institución que tiene formación militar y que se ha adoctrinada en un período de autoritarismos “pueda aparecer de pronto” llena de sentimientos democráticos y de respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión.

“Nadie puede esperar que una institución militar formada mental y doctrinariamente por un largo periodo de autoritarismo, o de intervencionismo militar dominante y sin controles, opresora e impune, concebida y sostenida por un déspota partido de Estado pueda aparecer de pronto, llena de sentimientos democráticos colmada de respeto al pluralismo, a los derechos humanos, a la libertad de expresión”.

Ayer por la noche, con 362 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones, los integrantes de la Cámara de Diputados avalaron esta tarde en lo general la creación de la Guardia Nacional. Más tarde aprobaron con 348 votos a favor, 108 en contra y 10 abstenciones los artículos 13, 16, 21, 73, 76, 82 y 89, y los transitorios. La Guardia Nacional está ahora en manos del Senado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que no está satisfecho con la eliminación de un Artículo transitorio sobre la Guardia Nacional ayer en la Cámara de Diputados, y aseguró que si eso no se corrige, será simplemente “redefinir sólo a la Policía Federal”.

“Nosotros tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, de formación, y la definición con claridad sobre la facultad de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública. Eso tiene que quedar claro”, dijo.

“Había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado”, agregó.Hizo un llamado a los senadores a que reincorporen ese transitorio.

Precisó que el transitorio planteaba que en tanto se consolida la Guardia Nacional puedan, el Ejército y la Marina, apoyar en los asuntos de seguridad pública. “Va a quedar igual, como si fuera una reedición de la Policía Federal, que ya sabemos que no funcionó. No por culpa de los elementos sino porque desde que se creó, con Ernesto Zedillo, no se le dio fuerza”, criticó. Recordó que sólo hay 40 mil federales efectivos; la otra mitad son administrativos y no hay instalaciones.

“No es para cambiarle de nombre”, dijo y recalcó: “No estoy satisfecho”.

A continuación la carta completa:

URGENTE LLAMADO

AL H. CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ciudad de México, a 14 de enero de 2019.

LEGISLADORAS Y LEGISLADORES DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en el párrafo IX de los Estatutos de la Defensoría de Derechos Humanos: General Gallardo AC, “Proponer a las diversas autoridades la formulación de proyectos de modificación a las disposiciones legislativas y reglamentarias, que beneficien la defensa y promoción de los derechos humanos”, y atento al mandato asignado como exclusivo al Congreso de la Unión en las fracciones XIV y XV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expongo lo siguiente:

En esta coyuntura histórica donde el pueblo recobró su libertad para redireccionar el destino de la República y reestablecer la vigencia de nuestra Constitución. Nadie puede esperar que una institución militar formada mental y doctrinariamente por un largo periodo de autoritarismo, o de intervencionismo militar dominante y sin controles, opresora e impune, concebida y sostenida por un déspota partido de Estado, pueda aparecer de pronto, llena de sentimientos democráticos, colmada de respeto al pluralismo, a los derechos humanos, a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y de sobra, plenamente subordinada al poder civil ungido del voto ciudadano.

Es sabido que los valores y principios de la democracia se arraigan inevitablemente de forma gradual, pues requieren de tiempo para ser imbuidos y asimilados por la institución militar, y aún más tiempo para que tales valores sean enteramente incorporados por el cuerpo militar al concepto de Patria que están dispuestos a defender y resguardar.

Para tal fin la Ciencia Política y la Teoría de las Relaciones Civiles Militares establecen una metodología:

Limitación imperativa

La nueva limitación imperativa o la promulgación de nuevas normas, suele incluir: reforma constitucional; reformas de la legislación militar, incluyendo la ley orgánica, llámese de la defensa o de la fuerza armada, del código de justicia militar y quizá de otras normas de rango inferior que inciden en el comportamiento militar: directivas, manuales, instrucciones, consignas, etc.

Autolimitación moral

La nueva autolimitación moral, adquisición de nuevos principios y convicciones, implica por lo general: reforma a la doctrina militar, ajustándola a los requerimientos de un ejército respetuoso de los valores democráticos y del poder político emanado de las urnas; reforma del currículo de educación militar, introduciendo en él contenidos ajustados a las exigencias de una nueva doctrina, que incluya una adecuada dosis de sociología militar y de derechos humanos, con objeto de configurar una correcta moral militar democrática.

Renovación de la moral militar

Una nueva y exigente moral militar, configurada por tres elementos siguientes: Recto concepto del honor, centrado en valores éticos de base inequívocamente humana y democrática, absolutamente inseparable de los derechos humanos, que rechace aquellos comportamientos absolutamente incompatibles con una recta moral militar, como los malos tratos, la tortura, las detenciones arbitrarias, y los homicidios extrajudiciales.

Disciplina estricta dentro de la Ley, concepto que impone la obediencia dentro de los límites estrictos de la legalidad, y la desobediencia legítima para las órdenes situadas al margen de la Ley.
Recto espíritu de cuerpo, basado en una alta exigencia moral para los miembros de la institución militar, sobre la base de que todo militar que cometa algún grave delito debe ser juzgado, castigado y separado del ejército, y no protegido ni encubierto, por el propio bien de la institución.

Cambios complementarios en la relación civil-militar
En este sentido se imponen los siguientes cambios, derivados en parte de los anteriores:

Establecer plenamente la subordinación constitucional de las fuerzas armadas al poder civil, superando las tantas veces arraigado concepto de la autonomía militar. Instituir el apartidismo de la institución castrense, única forma de que los ejércitos permanezcan al servicio del conjunto de la sociedad.

Aceptar el respeto a todas las opciones políticas no violentas, incluso si un día lo fueron, admitiéndolas, una vez legalizadas, como legítimas participantes de la vida política nacional, por grandes que sean las discrepancias que sus ideologías les puedan suscitar.

Acostumbrarse a recibir serenamente las críticas del resto de la sociedad, como corresponde a un estamento social que la sociedad mantiene y costea, y sobre el cual tiene pleno derecho a opinar y a decidir.

Asumir el redimensionamiento del ejército, con su consiguiente reducción de efectivos, como una medida justa, necesaria y democráticamente ineludible al finalizar periodos dictatoriales o bélicos, o de excesivo peso militar.

Responsabilidad de los poderes en los controles sobre las fuerzas armadas

De la falta de estos valores, y de sus efectos perniciosos, Ustedes, integrantes del Poder Legislativo, históricamente en primera instancia, son cómplices y responsables como también lo son los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al desacatar el mandato que tienen para establecer y aplicar controles sobre el Ejecutivo federal en el manejo y operación del Ejército tal lo previsto en nuestra Constitución General como una facultad exclusiva determinada en la fracción XIV del artículo 73, “Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber:

Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio”.

Así mismo por una parte, a su negativa para dar cumplimiento al mandato previsto en el artículo 129 del mismo ordenamiento federal, que hace prohibitivo a las fuerzas militares el actuar y deliberar en los asunto de la exclusiva competencia de las autoridades civiles, en tiempo de paz y fuera de sus cuarteles, y por la otra, al haber emitido las jurisprudencias 36 y 38/2000 para permitir la actuación del Ejército en la seguridad pública, resoluciones que el mando militar toma a “pies juntillas” para entrometerse en los asuntos que no tienen exacta conexión con la disciplina militar.

Guardia Nacional Militar

Así las cosas, la creación de la llamada “Guardia Nacional”, expresión que es usurpada perversamente del orden constitucional, por el gobierno de la autonombrada “cuarta transformación”, para otros fines para los cuales fue concebida, con objeto de hacer nugatorio el derecho sublime del Pueblo, de defender a la Patria y el Honor de la República, como mantener la tranquilidad el orden interno, a través de lo que propone regularizar la presencia del Ejército en las calles, otorgarle una nueva legislación que desborda sus facultades restringidas a la disciplina militar; cierra una maniobra de pinza con la declaratoria de “guerra contra las drogas” de Felipe Calderón, y con la política de mantener la militarización de los espacios públicos de Enrique Peña Nieto, que encaminan a instituir en México un abierto y declarado Estado policiaco-militar de corte fascista, pero ahora legitimado en las urnas.

La Guardia Nacional así planteada, sería el complemento de una operación concebida por la clase política y la oligarquía, orquestada en complicidad con los medios de comunicación, por grupos de poder sociales, empresariales, y los poderes públicos, para entregar a muestro país, sus recursos naturales, energía y su cultura a los intereses del gran capital transnacional.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó la Ley de Seguridad Interior al considerar que el Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo, no diferenció de manera adecuada la seguridad nacional de la seguridad interior y la seguridad pública, y buscó normalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública sin considerar los tratados y la legislación que en materia de derechos humanos limitan su actuación en casos excepcionales. Por ello, es que la Ley de Seguridad Interior, transgrede la obligación internacional de prevenir, por medio de medidas legislativas claras, fenómenos con el potencial de generar serias violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, cuando la tendencia a declarar la invalidez de la ley ya no tenía marcha atrás, la SCJN sin duda alguna la declaró inconstitucional, como a las disposiciones que excedan la materia de seguridad interior e invadan aspectos de seguridad pública, aquellas de las que se pueda advertir una intencionalidad de regularizar y normalizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ya sea por prever que pueden actuar por sí mismas, sin solicitud previa de las autoridades que requieran el auxilio, que elimine la excepcionalidad de su participación o que establezcan, o incluso permitan, una situación atemporal.

Por tal motivo dentro de este contexto, la creación de la Guardia Nacional en condición de militarizar la seguridad pública, concebida en el seno de las cúpulas del poder político y militar, que permite la participación abierta y sin controles institucionales a las fuerzas armadas en los temas de seguridad pública y en asuntos que son de la exclusiva competencia de las autoridades civiles, como la persecución del delito, la aplicación de la ley entre otros, que además faculta al Ejecutivo federal para decretar unilateralmente una afectación a la seguridad interior, sin definir de qué trata, si bien puede ser legal a los ojos de quienes se sirven del pueblo y de quienes han traicionado a la Patria, la creación del adefesio legal nacional, es inconstitucional porque transgrede los fundamentos de seguridad y certeza jurídica, de protección a los derechos humanos y violenta el principio de soberanía y civilidad del Estado.

Las reformas a los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 de la Constitución, con lo que el nuevo gobierno trata de resolver el asunto de la inseguridad, tiene un trasfondo mucho más grave: sobrepone la seguridad del Estado a la seguridad ciudadana, bajo los principios de pro persona 1°; trastoca los principios de seguridad y certeza jurídica 14, 16; traslada al depositario de la soberanía (pueblo) a otro ente del Estado 39, como lo es el Ejército; viola el pacto federal y la forma de gobierno 40; irrumpe en la división de poderes 49, rompe los equilibrios de las relaciones entre civiles y militares, o sea la civilidad del Estado 129 y socava la inviolabilidad constitucional 136. No importa que las reformas se hagan en consenso de los poderes y del Constituyente permanente.

Éticamente la reforma a la Constitución en los términos descritos, es una traición al legado en las urnas, de facto es un golpe de Estado, jurídicamente es un fraude a la Ley: la realización de una estafa por medio de un acto jurídico amparándose en una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos, que, no siendo los propios de esa norma, sean además contrarios a otra ley existente del ordenamiento jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y eso es que fue protestada POR EL ACTUAL GOBIERNO, vehementemente.

Por tanto, todo acto de autoridad, jurisprudencia, disposición legal, tratado internacional o pretensión del poder, por acuerdos políticos o mayorías legislativas que contravenga a la Constitución de la República, son nulos de pleno derecho.

No obstante, las inconsistencias y aberraciones antes descritas, el gobierno de la “Cuarta Transformación” hace caso omiso, aún con la carga de haber provocado con una política de seguridad equivocada, apartada de la sociedad, sin planteamientos y estrategia, el sostenimiento de una crisis humanitaria de gran envergadura que ha colocado a México en el escarnio internacional y al borde del colapso al Estado.

Con la Guardia Nacional Militar, se trata de militarizar a la sociedad, para sembrar una política de miedo como un mecanismo de control social para criminalizar la protesta social en su lucha por hacer valer los derechos humanos. Nace en el seno del Ejército, a petición y amenaza expresa del alto mando militar, es una política de Estado que se convierte en una amenaza a la seguridad nacional, a la sobrevivencia y desarrollo democrático del pueblo mexicano.

En las condiciones antes descritas, Ustedes como representantes de la soberanía, y del orden federal, como responsables del control y de normar a las fuerzas armadas, de contrapesar al Poder Ejecutivo en su rama militar, por ningún motivo deben aprobar la creación de la Guardia Nacional Militar, propuesta por el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”.

Que por ser contraria a nuestro ordenamiento constitucional será un desacato al orden legal e institucional del Estado mexicano y una conspiración a la propia Constitución y al Pueblo de México.
“POR LA NO APROBACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL MILITAR, NO A LA MILITARIZACIÓN, REGRESO DE LOS MILITARES A SUS CUARTELES, FUERA EL EJÉRCITO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA”.

“Si el Gobierno no respeta la Constitución, la que protesto guardar y hacer guardar, el Pueblo tiene el derecho de desconocer al Gobierno”.

Atentamente
“Por la Dignidad Ciudadana y del Soldado”
Presidente

General y Doctor José Francisco Gallardo