Lima, 17 jun (EFE).- Por primera vez en la historia de Perú, la esposa de un Presidente en funciones deberá afrontar una investigación judicial sin poder abandonar el país, después de que un juez tomara esa decisión el jueves en contra de la Primera Dama, Nadine Heredia.

Tras una audiencia de más de 12 horas, a la que no acudió Heredia, el juez Richard Concepción prohibió el jueves la salida del país de la esposa del Presidente Ollanta Humala durante cuatro meses para que responda por las investigaciones por presunto lavado de dienero en las campañas electorales de 2006 y 2011.

El magistrado ordenó además que Heredia, su hermano Ilán Heredia y su amiga Rocío Calderón, también comprometidos en las pesquisas, firmen cada mes un cuaderno de comparecencia, paguen 50 mil soles (unos 15 mil dólares) por concepto de caución y se les prohíba cambiar de domicilio.

Heredia consideró hoy “un despropósito, una exageración” la orden del juez y dijo que “prácticamente ha copiado la decisión fiscal” que solicitó la medida.

La también presidenta del Partido Nacionalista Peruano (PNP) consideró que durante la prolongada audiencia se produjo un “ultraje” contra ella, porque se afectó su honor.

Rechazó, además, que el fiscal del caso, Germán Juárez, haya exhibido una carta supuestamente enviada en 2006 por el fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez, en la que ofreció detalles sobre esa presunta entrega de dinero.

Según el fiscal, en esa carta, fechada el 30 de mayo de 2006, Chávez indica que enviaba a su agregado militar con dinero y que, posteriormente, iba a “llegar una rendición respecto a lo invertido por otros dineros que habrían mandado”, agregó.

Juárez dijo que esa misiva “ha sido puesta a disposición del Ministerio Público”, para que se haga “el peritaje correspondiente a ver si efectivamente corresponde a Hugo Chávez”.

“Todo esto es un refrito, es una carta espuria”, remarcó hoy Heredia antes de pedir que se analice el texto de la misiva, que en su opinión difiere con los términos que Chávez usaba, así como su firma que, según dijo, no se parece a la original.

La Primera Dama reiteró que la empresa venezolana Kaysamak colaboró con dinero para la formación del Partido Nacionalista, pero remarcó que “es privada y no se ha evidenciado que tenga algún tipo de relación con el Gobierno venezolano”.

“Acá no hay dinero del erario público venezolano, es una empresa privada, a nombre de una persona privada que apoyó a la formación del movimiento y eso todo el mundo lo sabe porque lo hemos hecho público”, agregó.

También rechazó que hayan recibido dinero de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht, tal como señaló el fiscal, y dijo que esos “supuestos gastos no han sido ni siquiera sustentados”.

Heredia consideró que protagoniza “un caso débil, pero muy mediático” y que supone que por eso está “en una situación donde el fiscal y el juez han tomado la decisión de poner esta medida.”

“Siempre he estado y estaré en Perú para responder a esta investigaciones y continuaré acá para dar la cara como corresponde”, enfatizó.

Heredia también agradeció unas declaraciones ofrecidas el jueves por el virtual presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien dijo a los periodistas que no podía confirmar que el Gobierno de Chávez hubiera financiado la campaña de Humala en 2006, tal como señalaron algunas informaciones difundidas en los últimos meses.

Kuczynski, quien fue ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), remarcó que esa Administración no revisó las valijas diplomáticas que se enviaron de Venezuela a la embajada en Perú.

Durante la audiencia, el abogado de Heredia, Eduardo Roy Gates, dijo que su defendida no fue “ni tesorera, ni contadora” durante la campaña y que Humala se postuló en 2006 por Unión por el Perú.

Heredia está incluida en esta investigación como presunta autora del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión en agravio del Estado peruano y como presunta coautora del mismo delito en la modalidad de ocultamiento.

Como parte de la investigación del fiscal están incluidas cuatro agendas que la primera dama denunció que fueron sustraídas ilegalmente de su domicilio y que aparentemente contienen una contabilidad de las finanzas del Partido Nacionalista.

El Congreso de Perú aprobó el miércoles un informe que pidió incluir a Humala en la investigación a partir de la información contenida en esas agendas, aunque el mandatario aún gozará de cinco años de inmunidad tras concluir su gestión, el próximo 28 de julio.