Por: Denisse Hernández
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo/ZonaFranca).– El Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, manifestó que su administración no emprenderá acciones propias para sancionar a los servidores públicos que intervinieron en la indagatoria del caso Lucero.
Cuando se le preguntó si el Gobierno del Estado investigaría a los funcionarios que intervinieron en el proceso penal de la joven guanajuatense, quien interpuso una demanda por intento de violación y homicidio, el mandatario señaló que la denuncia ya fue radicada a la CNDH.
“Nosotros estamos verificando la actuación de cada servidor público, pero qué mejor, ya está la CNDH”, dijo ayer Márquez.
Para finalizar, el Gobernador refirió que su administración se limitará a acatar la recomendación que realice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Estas afirmaciones tuvieron lugar después de que el Instituto Nacional de las Mujeres exhortara al gobernador, Miguel Márquez, y al presidente del Poder Judicial, Alfonso Fragoso, para que se sancione a todos los servidores públicos que no actuaron con perspectiva de género en el caso de violencia que ha sufrido Lucero Salcedo.
CNDH INDAGA IRREGULARIDADES
El pasado 11 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) decidió atraer el caso para continuar la investigación.
En rueda de prensa, el ombudsman del estado, Gustavo Rodríguez Junquera, explicó que son tres cuestiones las que se investigan en el caso: el trato que dio la Policía Federal a la joven, la falta de protocolos en el Hospital General de Guanajuato y las presuntas omisiones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG) al abordar el caso.
“Lo que sigue para la Procuraduría de los Derechos Humanos es seguir pegados con ella, seguir en un acompañamiento, si la CNDH ve una conveniencia en desahogar más pruebas, vamos a estar en coadyuvancia en esa parte (sic)”, dijo en esa ocasión.
En tanto, José Zamora Grant, director de la sexta visitaduría de la CNDH, indicó que el organismo federal atrajo el caso de Lucero debido a la gravedad y relevancia del mismo, así como por el involucramiento de elementos de la Policía Federal.
Además señaló que debido al avance que lleva la investigación realizada por la PDHEG, el organismo federal emitirá las recomendaciones correspondientes en un corto plazo.
“No habrá retrasos, no habrá dilaciones y mucho menos por cosas injustificadas para determinar lo más pronto posible el expediente”
PUDO HABER OMISIONES: ZAMARRIPA
Hace más de un mes que María de la Luz Salcedo Palacios, de 18 años de edad y conocida como “Lucero”, fue agredida en Guanajuato por un joven porque se negó a tener relaciones con él. La golpeó y, de acuerdo con el testimonio de la joven, la intentó asesinar.
El martes, el director Jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete Gutiérrez, puso su caso como evidencia de una práctica común de los ministerios públicos de “no creerles a las víctimas” en el proceso de impartición de justicia.
El lunes, después de varias denuncias y la intervención de organismos civiles en apoyo a la joven, el Procurador del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, reconoció que pudo haber omisiones en el procedimiento legal. No dijo, sin embargo, si habrá justicia para ella.
“Desde mi punto de vista, hasta el momento no nos ha sido señalado por ningún órgano gubernamental ni No gubernamental alguna omisión en la que hayamos incurrido en cuanto al Ministerio Publico. Eso no significa que no aconteció; tenemos toda la apertura a que se hagan los señalamientos correspondientes”, dijo el funcionario en el programa Conclusiones de CNN, conducido por Fernando del Rincón.
Puntualizó que esperará que los órganos correspondientes a los que ya les facilitó la información solicitada, como la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, se las indiquen.
Una de las fallas que el Procurador negó fue la orden de restricción para el agresor, pues destacó que tomaron cuenta de la agresión desde las 7 de la mañana y entonces se emitió dicho ordenamiento preventivo.
Entre otras irregularidades del caso se destaca que el Ministerio Público no formuló el cargo de tentativa de homicidio debido a que las lesiones que presentó Lucero habían sido “levísimas” y no habían puesto en riesgo su vida.
De acuerdo con la investigación, pese a que Lucero denunció los hechos la madrugada del 12 de septiembre e identificó a Miguel Ángel Jasso Manríquez de tentativa de homicidio y violación, fue hasta el día 30 que el agresor fue llamado a comparecer ante las autoridades.
Asimismo, la familia Salcedo Palacios denunció públicamente que la juez Paulina Iraís Medina Manzano calificó la agresión como un “faje”, término que utilizó en reiteradas ocasiones para referirse al ataque.
Además, de acuerdo con las denuncias de la joven, los datos que dio a la psicóloga que la entrevistó tras ser atacada fueron usados durante la primer audiencia por el abogado defensor de Jasso Manríquez, Héctor Corona Vieyra, quien llamó “inmoral” a Lucero al revelar que lleva una vida sexual activa desde los 17 años.
En la audiencia también se revelaron detalles como el tipo de ropa interior que usaba la víctima el día de la agresión.
“En esta audiencia se ventilaron datos de mi vida privada, datos irrelevantes para el caso, y aún más, siendo manifestados de una manera denigrante, haciéndome entender que yo fui merecedora del acto cometido contra mi persona, que me lo busqué, por inmoral, por tener una vida sexual, por pensar que soy libre de decidir con quien estoy y con quien no”, escribió Lucero en una carta dirigida a la Juez y al abogado defensor.
