El comandante de la Novena Zona Militar, Rogelio Terán Contreras, dijo a diversos medios locales que la ola de violencia en el municipio de Choix se debe a una pugna entre fracciones del Cártel de Sinaloa.

Varias viviendas fueron baleadas e incendiadas por un grupo armado en varios ranchos del municipio de Choix, Sinaloa, a principios de este mes. Foto: Noroeste

Varias viviendas fueron baleadas e incendiadas por un grupo armado en un poblado del municipio de Choix, Sinaloa, a principios de este mes. Foto: Noroeste

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo/Noroeste).- El Cártel de Sinaloa empezó a fragmentarse y convirtió al municipio de Choix en una zona de disputa territorial entre las células que comandan Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada García, confirmaron fuentes militares a medios de comunicación locales.

“Es una pugna entre grupos delincuenciales, ahí opera una organización delictiva y hay escisión entre ellos mismos, se andan agrediendo entre ellos mismos”, dijo Rogelio Terán Contreras, comandante de la Novena Zona Militar.

Desde el pasado 3 de noviembre, según lo reportado por los militares, las diferencias entre las fracciones del cártel se hicieron más notorias, luego de la quema de seis viviendas y tres vehículos en las comunidades de Los Laureles, El Pichol y Bacayopa, en el municipio de Choix, reporta el sitio electrónico Río Doce.

La madrugada del pasado 3 de noviembre, varias viviendas de un poblado de la sierra de Choix, fueron baleadas y otras quemadas la madrugada de ayer, por hombres armados que vestían ropas tipo militar.

Los pobladores manifestaron que fue alrededor de las 03:00 horas, que hombres armados que vestían ropas tipo militar arribaron al lugar y comenzaron a disparar contra las viviendas y al retirarse les prendieron fuego a algunas.

A como pudieron los pobladores abandonaron sus casas y se refugiaron en los poblados cercanos de Yecorato y El Pichol.

Luego de los actos violentos, el Alcalde Juan Raúl Acosta, pidió la intervención del Ejército mexicano y del Gobierno del estado para garantizar la seguridad en la zona.

Sin embargo, el comandante Terán Contreras deslindó al Ejército de los hechos violentos, como de la quema de autos y casas que se han registrado en ese municipio.

“Debe de ser el Cártel de Sinaloa. Entre ellos surgen pugnas, se dividen los líderes y hay pugnas. Siempre se dan, en este caso al andar haciendo este tipo de cuestiones, siempre habrá conflictos entre ellos”, agregó.

La madrugada del pasado martes, hombres armados y con uniformes de camuflaje a bordo de camionetas de doble rodada arribaron a las rancherías de Los Laureles, El Pichol y Bacayopa, y sacaron a los moradores de algunas viviendas y las incendiaron.

El Alcalde Juan Raúl Acosta Salas informó al diario Noroeste que inmediatamente después de tener conocimiento de lo que acontecía en Bacayopa y El Pichol, dio aviso a las autoridades estatales y federales, por lo que se implementó un operativo de seguridad que continúa presente en esa región.

“Ellos ahorita están en la sierra, allá están permanentes hasta que esté totalmente seguro, con seguridad pues las familias de allá arriba”, expresó.

Desde los primeros días de noviembre se han registrado en la zona, según investigaciones policiales, hechos violentos que se han querido hacer pasar por incendios premeditados o problemas entre particulares, sin embargo, Rogelio Terán insistió en que la violencia en la zona se debe a enfrentamientos entre células del Cártel de Sinaloa.

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El homicidio doloso, desaparciones y desplazamientos forzados y la violencia contra las mujeres coloca a Sinaloa en uno de los estados más violentos de México. Foto: Cuartoscuro/Archivo

DESPLAZAMIENTO FORZADO Y VIOLENCIA EN SINALOA

Por otra parte, el Gobierno de Mario López Valdez tiene saldo rojo en materia de derechos humanos, al registrar un incremento en desapariciones, desplazamiento forzado, violencia contra mujeres y persiste la tortura como método de investigación.

De acuerdo con los números oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), reportados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de desaparecidos de manera forzada asciende a mil 179 desde el 1 de enero de 2011 hasta el 30 de junio de este año, contra 404 casos que registraron desde 1977 hasta 2010.

Del mismo modo, la Procuraduría registra que hasta el 31 de agosto de 2015 sumaban 383 asesinatos de mujeres contra 356 durante el periodo de 2005 a 2010, además de que también se muestra un alza en secuestros, es decir, en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla se perpetraron 9 plagios y en lo que va de la administración de Malova suman 32.

Hay además un aumento en violaciones sexuales, al contabilizar 741 casos en el sexenio anterior y 766 en lo que va de la presente administración, lo que se traduce en mayor violencia de género en delitos de alto impacto.

Otra violación de derechos humanos es el desplazamiento forzado de personas, pues organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecen que es deber del Estado garantizar la protección, alimentación, educación, empleo y que no ocurran más desplazamientos.

Sin embargo, a la fecha no se tiene ni presupuesto ni legislación para la atención de las más de 3 mil personas desplazadas por la violencia en distintas zonas serranas del territorio sinaloense.

Para la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, organismo no gubernamental, la alta incidencia en violaciones a derechos humanos corresponde a una falta de sensibilidad del Ejecutivo porque se mantienen en incremento, pese a la promesa de reducción de todos los delitos al inicio de la administración.

“Desgraciadamente se va este gobierno, se va con una deuda grandísima en materia de derechos humanos, con desaparecidos, desplazados y demás actos donde se ven inmiscuidas las autoridades”, expresó Leonel Aguirre Meza, presidente del organismo.

El Gobierno de Sinaloa suma, además, 12 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por tortura, 10 de ellas donde señalan a la Policía Ministerial del Estado, pero a la fecha no existe castigo contra algún funcionario público, lo que se ha condenado por Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la CEDH.

LAS CIFRAS

Hay mil 179 desaparecidos desde 2011 hasta el 30 de junio de este año, contra 404 casos desde 1977 hasta 2010.

Hasta el 31 de agosto de 2015 sumaban 383 asesinatos de mujeres contra 356 durante el periodo de 2005 a 2010.

Un total 741 casos violaciones sexuales en el sexenio anterior y 766 en lo que va de la presente administración.

Hay 3 mil personas desplazadas por la violencia en distintas zonas serranas del territorio sinaloense.

El Gobierno de Sinaloa suma 12 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por tortura.