México ha avanzado con el sistema de justicia para los menores en conflicto con la Ley; sin embargo faltan medidas integrales que den solución a diversos casos que hasta ahora no se han contemplado. Entre éstos están el amparo de los niños una vez que obtienen su libertad, la atención de los infantes menores de 14 años, que muchas veces quedan en manos del DIF y que no siempre tiene ni el personal ni las instalaciones adecuadas, dijo una especialista en el tema.

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– El Estado mexicano no sólo debería garantizar un sistema especializado para la readaptación social de menores en conflicto con la Ley, sino además debe evitar que niños comentan delitos y brindarles atención después de su reclusión, consideró Guillermina Baena Paz, investigadora de la Facultad de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Gracias a las reformas a los artículos 4º y 18º constitucionales, actualmente se cuenta con un sistema especializado para atender a adolescentes –de entre 14 y 17 años– en toda la República Mexicana. Sin embargo, no existe un marco legal para atender casos en donde estén involucrados menores de 14 años y tampoco hay medidas que prevengan la reincidencia.

“Los menores entran a una situación totalmente diferente a la que habían vivido. En las comunidades de tratamiento especializado –así le llaman a estos centros– hay una atención particular: hay un personal técnico que trabaja con ellos, donde no sólo se trata la visión clínica sino social; los custodios ya no son custodios: se les llama guías técnicos, es decir dejan de ser vigilantes para convertirse en facilitadores de experiencias formativas. Además tienen la facilidad de que los familiares puedan visitarlos constantemente, así como el apoyo de organizaciones durante todo el proceso. Ahí vamos bien, pero una vez que salen los lanzan otra vez a la nada, al torbellino negro, ahí es cuando comienzan los problemas”, dijo Guillermina Baena.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en 2013 existían en México 4 mil 959 menores internados.

Datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2013, los delitos que más se reportaron fueron: 938 robos a casa habitación, 868 por otros robos, 864 por homicidio, 206 por secuestro, y 202 por violación simple.

Para Baena Paz las cifras podrían ser más alta, pues muchos menores culpables de algún crimen “se quedaron afuera”, entonces muchos niños, de escasos recursos o de familias conflictivas son los que enfrentan la reclusión.

“Algunos niños que incurren en una conducta criminal lo han hecho debido a la utilización o coerción de adultos. Con demasiada frecuencia, los prejuicios relacionados con la raza, el origen étnico o la condición social o económica pueden hacer que un niño entre en conflicto con la Ley incluso cuando no ha cometido delito alguno, o provocar un trato violento por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, dice un documento informativo de Unicef referente a esta problemática.

SALIR PARA LO MISMO

Guillermina Baena Paz ha trabajado con jóvenes de la Ciudad de México y explica que tan sólo en esta entidad federativa existen al menos cinco comunidades que se encargan de atender a niños y niñas con diferente perfil, algunos de ellos no son de reclusión.

Tan sólo en la capital del país, dijo la investigadora, una ves que los jóvenes salen se enfrentan a varios procesos de revictimización, o incluso la muerte. “Porque a muchos los engañaron para delinquir”. Sumado a ello, los centros no los vuelven a aceptar si vuelven a cometer un delito.

–¿Cuando salen se quedan en un estado de vulnerabilidad? –se le preguntó a Baena Paz.

–Sí, y de indefensión, muchas veces. En esta etapa el joven de alguna manera ya conoció otro tipo de situaciones, un ambiente diferente. O sea, ellos han salido del torbellino negro, entonces ellos dicen: nos sacan de ese torbellino, nos atienden aquí y nos lanzan otra vez a la nada, al torbellino negro –respondió la experta.

–¿A dónde van los chicos una vez libres?

–Muchas veces se regresan con su familia. Pero hay casos donde la familia fue la que los maltrató, los lesionó, los violó… Entonces, ¿cómo le haces para regresarlos con la familia?

–Justo esa parte es la que no contempla este modelo, ¿cierto?

–Exacto. Falta una atención más integral. Desde muchas áreas. Desde la capacitación de los equipos de trabajo, acciones multidisciplinarias. Además, no hay una evaluación de cada comunidad. Es decir, nos estamos enfrentando a situaciones que ya rebasaron la atención que les da el gobierno.

–Ante esa situación, y e un ambiente de violencia que se viven en México, ¿lo jóvenes vuelven a delinquir?

–Sí, muchos vuelven a caer en esto. Porque es lo que saben hacer. Por ejemplo, en el caso de “El Ponchis”, que cuando cumplió su condena no sabían qué hacer con él. La idea era mandarlo a su casa, pero su familia vivía en los Estados Unidos, lo bueno que ahí hay organizaciones e instituciones que se encargan de perfiles así, pero aquí en México puso de cabeza al sistema, porque se pensaba que si lo sacaban iba a reincidir. El problema es cómo lo reintegras a la sociedad, cuando lo único que sabe es: degollar, desmembrar, asesinar…

MENORES SIN ATENCIÓN

En los noventa, México firmó compromisos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), e incluso asumió la correcta implementación de medidas. No obstante, en la justicia para menores en conflicto con la ley todavía queda un camino largo por recorrer.

El pasado 19 de febrero, autoridades de Chihuahua dictaron castigos a cuatro niños por el asesinato de Christopher Raymundo Márquez Mora, de seis años de edad.

En Juez de ese estado sentenció a nueve años y seis meses de reclusión a Jesús David de 15 años, en el Centro Especializado de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Ceresai).

Otros tres menores, identificados como Alma, de 13; Irving y Valeria Janeth, ambos de 12, permanecerán a disposición del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y recibirán asistencia en centros de rehabilitación.

Un adolescente más de 15 años fue exonerado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), porque su diagnóstico psicológico determinó que padecía retraso mental.

Este caso, de acuerdo con la investigadora Guillermina Baena Paz, ejemplifica la falta de un marco que atienda a los menores de 14 años.

“El DIF se supone que va a tomar el caso de Chihuahua, pero no tiene la capacidad. No está en condiciones: no tiene ni la infraestructura, ni las personas capacitadas para trabajar con estos niños. Es una situación muy terrible, porque no hay marco legal [para atender a estos niños], es un gran problema.

Sobre este caso, organizaciones civiles agrupadas en la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) exigieron al Estado mexicano reconocer que la muerte del menor es “una expresión de la normalización de la violencia y de la presencia del crimen organizado” que afecta a niñas, niños y adolescentes.

Es “la ausencia de políticas públicas de prevención de la violencia y nula promoción de la cultura de paz”, refirió la red.

En 2009, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) realizó conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un análisis comparativo del marco legislativo de justicia penal para adolescentes en todo México. Como resultado, se obstuvo el libro: “La Justicia para adolescentes en México: análisis de leyes estatales”

La publicación refiere que “la creación, especialización y capacitación continua de las diferentes instancias y autoridades encargadas de la implementación del sistema; la asignación de recursos suficientes; la participación de la comunidad, especialmente en lo que respecta a la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad y a la generación de oportunidades para la efectiva reintegración de los adolescentes en ella, así como la sensibilización de la sociedad para comprender el nuevo sistema en todas sus dimensiones y evitar la estigmatización y criminalización de los adolescentes”.