El punto central de la legislación neoliberal, considerar preferentes para la explotación extractiva los bienes comunes de la nación, son los que dejan de lado a los pueblos originarios como sujetos de derechos. Foto: Alianza Mexicana contra el Fracking.

A estas alturas del partido, ya todo mundo sabe que la narrativa discursiva del Presidente Andrés Manuel López Obrador se basa en el contraste de supuestas opciones políticas entre el campo liberal que él dice representar y los conservadores, que prácticamente son todos los que no estén de acuerdo con él, pues en este bando incluye tanto a personajes de derecha, como a movimientos de izquierda e incluso antisistémicos, como el neozapatismo y al feminismo.

En un discurso aparentemente simple, pero poderoso políticamente para movilizar a sus seguidores, López Obrador se presenta como una opción política que básicamente tiene dos objetivos: combatir la corrupción de la mafia del poder y lograr un cambio de la vida pública nacional mediante la Cuarta Transformación. Uno de los objetivos de la Cuarta Transformación, lo ha dicho reiteradamente el Presidente, es echar para atrás las reformas neoliberales impulsadas por los gobiernos de sus adversarios del PRIAN.

Pero entre más transcurre el Gobierno de la Cuarta Transformación cada vez se aprecian más huecos e inconsistencias y hasta contradicciones en este objetivo.

Un buen ejemplo es la reforma a la Ley de Hidrocarburos que López Obrador envió al Congreso de la Unión en el actual periodo y cuyo dictamen ya fue aprobado por los legisladores de Morena y partidos aliados en la Cámara de Diputados la madrugada del jueves 15 de abril por 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones. El dictamen aprobado por los diputados pasa a los senadores para su ratificación, dada la mayoría que el partido del Presidente tiene en esa Cámara legislativa.

López Obrador y los legisladores de su partido defienden esta reforma como un esfuerzo para contrarrestar la tendencia privatizadora y que propició el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la presentan como una iniciativa que devuelve el Estado mexicano el control estratégico de la producción y distribución energética.

Las críticas de los adversarios de López Obrador se han centrado en dos asuntos: desde el sector empresarial se pretende hacer creer que los cambios impulsados por el actual Ejecutivo federal suponen un riesgo para la inversión privada con el secular argumento capitalista de que no se ofrece certeza jurídica para los inversores privados. Otro aspecto es que presentan la reforma de López Obrador como regresiva en términos ambientales al priorizar energías fósiles sobre las mal llamadas energías verdes o limpias.

Es un discurso hipócrita, por decir lo menos, viniendo de políticos de los pasados gobiernos priistas y panistas que basaron las políticas estatales en la promoción de la inversión privada en todos los campos de la economía sin importarles un comino el medio ambiente ni los bienes comunes en manos de la propiedad social y propiciando con ello una devastación ambiental sin precedentes en el país.

Pero hay otra crítica que se hace desde otro campo político: desde pueblos y comunidades que han resistido y luchado desde hace décadas tanto contra las políticas privatizadoras que impulsan las industrias extractivas y contra el despojo y la devastación ambiental que acompañan siempre a estas dinámicas de acumulación de capital.

Desde este campo político se cuestiona y critica al Presidente López Obrador porque sus reformas no van en contra del corazón de las leyes neoliberales, al permitir que las industrias extractivas se sigan considerando estratégicamente prioritarias y preferentes por sobre cualquier otro tipo de actividad que lleven a cabo las comunidades y pueblos que mantienen la propiedad comunal o social de sus tierras.

Desde el campo de la sociedad civil, la Alianza Mexicana contra el Fracking emitió un comunicado el pasado 13 de abril en el que cuestiona que la reforma de López Obrador sigue considerando a los proyectos de hidrocarburos como preferentes, por lo que permiten el uso y ocupación de los territorios de pueblos y comunidades.

Hasta donde se sabe, los legisladores aliados del Presidente no cambiaron el corazón neoliberal de la Ley de Hidrocarburos, el artículo 96 de la ley vigente que dice que: “La industria de Hidrocarburos (…) es de utilidad pública. (…). Las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”.

Este es justo el corazón de las leyes neoliberales y su antecedente es el artículo 6 de la Ley Minera impulsada por el zar neoliberal Carlos Salinas de Gortari en junio de 1992 y que estableció que: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”.

Con estas pocas palabras convertidas en ley, se impulsó la mayor ola de despojos que ha sufrido México desde la Colonia y desde las Leyes de Reforma de los liberales del siglo XIX que López Obrador tanto defiende.

Gracias a esta legislación, el Estado mexicano entregó derechos de explotación de casi la mitad del territorio nacional en concesiones mineras, petroleras, gasíferas, geotérmicas, eólicas, fotovoltaicas, boscosas, de playa, turísticas e inmobiliarias que han impulsado una oleada de despojos afectando a miles de comunidades y pueblos que de un momento a otro vieron afectados sus medios de reproducción de la vida.

Este punto central de la legislación neoliberal, considerar preferentes para la explotación extractiva los bienes comunes de la nación, son los que dejan de lado a los pueblos originarios como sujetos de derechos y que les niega en la práctica el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre las actividades que se proponen llevar a cabo en sus territorios. Este corazón de la legislación neoliberal deja siempre al Estado la posibilidad de la expropiación por motivos de “utilidad pública” aunque en el fondo se trate de derechos privados de explotación de recursos, como en el caso de la minería, energías eólicas y otros megaproyectos extractivos. Esto es lo que el Gobierno de la Cuarta Transformación debería modificar.

Si como afirma en su discurso López Obrador quiere revertir las leyes neoliberales, debería combatir el corazón de esta legislación, no conservarlo.