En el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto se han documentado mil 986 agresiones contra periodistas, y además han proliferado leyes que criminalizan o restringen, de una manera u otra, el derecho a la libertad de expresión e información y la clara intención por reducir los espacios de reunión, asociación y participación pública vinculados al ejercicio de la protesta social. De esta forma, sólo en 2017, fueron asesinados 12 periodistas, el mayor número en los últimos 20 años, plantea el informe Anual 2017 de la organización Artículo 19.

Y, aún peor, el propio Estado mexicano se erigió como la principal fuente de peligro, en 48 por ciento de las agresiones contra periodistas participan funcionarios de los tres niveles de Gobierno. “De aquí emana una explicación razonable sobre el déficit de implementación de los mecanismos de protección y la prevalencia de la impunidad: el silencio derivado de la violencia es conveniente para el poder político”, plantea el documento denominado “Democracia simulada, nada qué aplaudir”.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y los niveles de violencia a los que se enfrentan quienes buscan informar son sólo comparables con aquellos países en situación de guerra declarada, como Siria, afirma la organización internacional Artículo 19 (A19) en su Informe Anual 2017, denominado “Democracia simulada, nada qué aplaudir”.

La organización que cumple diez años con presencia en México, documenta 507 agresiones contra periodistas y 12 asesinatos en 2017, año de estudio del informe. Así, a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado mil 986 agresiones, contabiliza, y se ha convertido en el más violento del siglo XXI en México.

Además, destaca, del total del gasto pagado de enero de 2013 hasta diciembre de 2017 [que asciende a 40 mil 597 millones de pesos], el 55.96 por ciento fue destinado únicamente a 20 medios de comunicación (más de 20 mil millones) y el 44.04 por ciento restante a un total de 3 mil 108 medios de comunicación.

En este caso, Televisa concentra el 16.45 por ciento del gasto, Estudios Azteca, el 9.70 por ciento, y Starcom Worldwide el 3.20 por ciento del total.

Como candidato a la Presidencia de México y luego como Presidente, Enrique Peña Nieto no cumplió sus promesas de democratizar a los medios, de acabar con los monopolios de las telecomunicaciones ni de regular y transparentar la publicidad oficial, destaca. Por el contrario, “apretó las tuercas de los mecanismos de censura directa e indirecta. Además, su sexenio (2012-2018) ha sido el más violento de lo que va en siglo XXI en México”.

El contexto para los comunicadores y los mexicanos en general, afirma Artículo 19 es sombrío.

“En este país no hay nada más barato que la vida humana. Las masacres, las desapariciones, que ya se cuentan por decenas de miles, revelan un mismo patrón de impunidad”, afirma.

La violencia no ha cesado, plantea, y el ingenio para generar nuevas formas de violentar la libertad de expresión e información ha provocado una contracción continua del espacio cívico, ese donde participan, se expresan, se reúnen y se informan los mexicanos.

“Mientras que algunos seguimos luchando por buscar y encontrar información, otros mueren por difundirla y, para otros más, el problema no es hacerse de información, sino saber si pueden creer en ella. La evolución hacia el mundo digitalizado ha traído consigo que el espectro de la violencia sea más complejo, pero también ha permitido expandir las libertades y lograr que nuestra voz se escuche más allá de las fronteras de los ríos Bravo y Usumacinta”, explica.

CENSURA Y MEDIOS EN POCAS MANOS

Hay muchas formas de censurar a la prensa mexicana y de controlar la información, plantea el informe de Artículo 19.

Algunos de esos mecanismos son estructurales, como la publicidad oficial, la concentración de medios en pocas manos y las leyes mordaza, además de que la violencia extrema es un nuevo ingrediente.

“El cómo se hará callar al periodista depende de su región, de qué tan famoso es, de qué tan vulnerable sea su economía o contactos políticos. Las represalias van desde una demanda por daño moral hasta el asesinato y desmem- bramiento del cadáver del comunicador con el objetivo de paralizar de terror a sus colegas. La autocensura por miedo es muy barata y eficaz”, sostiene.

Además, la concentración de medios en pocas manos, en un puñado de familias, además de ser un buen negocio, hizo más fácil el intercambio de favores: concesiones y frecuencias por silencio y propaganda oficial.

“La televisión privada comercial llega a casi todos los rincones de México. Hay quien la tiene encendida todo el día. La TV se convirtió en nana, compañera, ‘maestra’ de los televidentes y para muchos fue la única fuente de información y entretenimiento. Ella marcaba qué era lo moderno, lo bueno, lo malo, los ideales de belleza o de éxito. La televisión tuvo tanto poder de penetración en los hogares, en los valores, en las cabezas y corazones de las personas, que se convirtió en un poder fáctico; su influencia fue y sigue siendo tal, que puede crear a una estrella de un día para otro o destruir la reputación de cualquiera en minutos. La TV incluso hace ‘juicios mediáticos’ convirtiéndose en juez y verdugo”, establece.

Enrique Peña Nieto, como Presidente, impulsó una reforma de medios que abarcaba a todos. Hubo muchos foros en los que diversos grupos de la sociedad civil y especialistas discutieron qué era necesario corregir, el cómo, el cuándo y el dónde. Tras intensos debates, se presentaron las conclusiones a los legisladores para elaborar la nueva ley de medios, pero sólo algunas fueron tomadas en cuenta. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue promulgada por el Presidente Peña Nieto el 14 de julio de 2014 pero, plantea Artículo 19, como dice el refrán: “El diablo se esconde en la letra chiquita”, pues exactamente eso pasó con las leyes secundarias que terminaron contradiciendo la misma Ley Federal de Telecomunicaciones.

“Hubo un enfrentamiento entre los monopolios de la televisión con el de la telefonía pero, al final, mal que bien, los intereses de los grandes consorcios quedaron asegurados, no así los de las radios comunitarias e indígenas; a éstas se les prohibió contratar publicidad de cualquier tipo, ya que supuestamente el gobierno les daría un financiamiento para su funcionamiento, para la compra de equipo y contratar a personal de base, etcétera, cosa que jamás sucedió. En cambio, el papeleo para obtener un permiso para una frecuencia se convirtió en un intencional laberinto burocrático con el claro propósito de desalentar el nacimiento de nuevas emisoras independientes. Muchas radios comunitarias se hartaron de las promesas no cumplidas y empezaron a emitir programas en sus idiomas, sin permiso. La represión llegó de inmediato y con lujo de violencia los osados comunicadores fueron encarcelados, golpeados, torturados, y el equipo decomisado o destruido”.

Como botón de muestra, el informe refiere tres ataques a tres emisoras comunitarias: dos en Puebla y una en el Estado de México: Axocotzin Radio 104.5 FM, Radio Zacatepec 100.7 FM y Radio Calentana Mexiquense 98.1 FM;1 en este último, un comando quiso asesinar a Indalecio Benítez, fundador y conductor de Radio Calentana, pero quien resultó muerto fue su hijo de 12 años de edad. Los responsables de los dos primeros ataques mencionados fueron funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto con la Policía Federal. Indalecio Benítez está convencido de que los culpables del asesinato de su hijo son miembros del crimen organizado.

“Al tiempo que a los grandes consorcios comerciales se les ofrecen frecuencias y concesiones, a las radios comunitarias se les niegan; estas últimas emiten información a la que de otra manera los pueblos no tendrían acceso. Muchas de ellas operan sin documentos y esto, según las leyes vigentes, es merecedor de una pena de seis años de prisión. Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y David Kaye, de la Organización de las Naciones Unidas, en visita oficial a México, en noviembre de 2017, lamentaron que México sea uno de los países con el mayor nivel de concentración de medios en la emisión, impresión y en línea. Los relatores señalaron que en el mercado de la radio, 70% de las estaciones privadas son propiedad de 10 medios de comunicación conglomerados y aún así son enemigos de las estaciones de la comunidad que solicitan espacios en el espectro radioeléctrico”.

LA PUBLICIDAD OFICIAL

La publicidad oficial no debe desaparecer, dice Artículo 19, debe entenderse como un mecanismo de comunicación sustentada en el derecho a la información.

Por tanto, el uso de la publicidad oficial debe transparentarse, limitarse y controlarse. Su adecuada regulación puede apostar al pluralismo mediático y al mantenimiento de muchos medios pequeños, medios de nichos, laboratorios de investigaciones periodísticas y medios sociales que garanticen la diversidad tanto en la propiedad como en los contenidos, añade.

“Sin embargo, en México, el presupuesto en materia de publicidad oficial se ejerce sin control y se usa para la promoción personalizada de distintas y distintos funcionarios y gobernantes, trascendiendo el ámbito de los derechos a la libertad de expresión y a la información, al control indirecto en las distintas líneas editoriales de los medios de comunicación. Bajo este esquema, la publicidad gubernamental es hoy, ante todo, una herramienta proselitista que desde la Secretaría de Gobernación controla campañas para crear per les aceptables para la ciudadanía votante”, afirma.

Además, hasta hoy, los entes públicos no tienen reglas a las cuales sujetar la asignación de recursos y el gasto se ejerce de manera excesiva, discrecional, arbitraria y discriminatoria.

Así, la publicidad oficial “condiciona las relaciones entre medios y gobiernos, promoviendo o eliminando la pluralidad de líneas editoriales, ya que numerosos medios en el país dependen de ésta para mantener la publicación de sus contenidos. La falta de criterios para la asignación de esta publicidad permite que los actores gubernamentales utilicen el dinero público para distorsionar las coberturas de medios y, finalmente, generar un desequilibrio en la contienda electoral visibilizando a las y los candidatos cercanos a quienes resguardan con este presupuesto la distribución de los recursos”.

Al respecto, aclara, es importante tomar en cuenta que si bien la publicidad oficial se da, precisamente, fuera de las campañas políticas, la asignación discrecional y arbitraria sí tiene un fin electoral y político.

Por ejemplo, en 2017, la sociedad mexicana fue testigo de los efectos que provoca la falta de regulación de la publicidad oficial durante los terremotos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, cuando los gobiernos federal y de las entidades de las zonas afectadas, lejos de utilizar la publicidad oficial como herramienta para informar de manera adecuada, eficaz y oportuna sobre las acciones que se desarrollaron después del desastre, utilizaron estos fondos para promover y visibilizar a las y los servidores públicos que acudieron a las zonas afectadas.

Los distintos canales de comunicación, principalmente los medios televisivos, abusaron de la difusión y el contenido de la “información” para emitir noticias manipuladas, generando así expectativas falsas y un estado alterado de la realidad ante la audiencia que consumía esa información, como fue el caso de “Frida Sofía”, la niña inexistente, menciona el informe.

En este contexto, hace más de cinco años, el Presidente Peña Nieto se comprometió a promover una iniciativa que transparentara el gasto de la publicidad oficial. Pero esto no sucedió.

Al contrario, el Presidente ha gastado más dinero en este rubro que ningún otro en la historia de México, casi 2 mil millones de dólares en los últimos cinco años.

Ese gasto sigue aumentando y, de acuerdo con las cifras sobre erogaciones de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el actual  Gobierno federal gastó desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017 más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial.

Artículo 19 destaca que del total del gasto pagado de enero de 2013 hasta diciembre de 2017 (40 mil 597 millones de pesos), el 55.96 por ciento fue destinado únicamente a 20 medios de comunicación y el 44.04 por ciento restante a un total de 3 mil 108 medios de comunicación.

En este caso, Televisa concentra el 16.45 por ciento del gasto, Estudios Azteca, el 9.70 por ciento, y Starcom Worldwide el 3.20 por ciento del total.

Otro dato relevante que se presenta en el informe es que las 20 dependencias que más gastan en este concepto concentraron durante los cinco años del análisis el 79 por ciento del gasto total, destacando como la principal institución ejecutora del gasto a la Secretaría de Salud con 3 mil 968 millones de pesos.

Además del gasto multimillonario que supone la publicidad oficial respecto a otros rubros presupuestarios, por ejemplo, el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el Ejecutivo para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que fue de 6 mil 644 millones de pesos, en 2017, las cifras preliminares del gasto acumulado y comprometido (de enero a diciembre) ya mostraban un sobreejercicio de 48 por ciento del dinero originalmente asignado para este concepto [4 mil 164 millones de pesos], “situación que muestra la falta de planeación respecto a la asignación que debe considerar un objetivo claro previo a las campañas y al impacto esperado y la asignación a modo por parte de quien controla el presupuesto”.

“La falta de transparencia del ejercicio del gasto mantiene pésimas prácticas de forma y de fondo, ya que a partir de un compromiso del Gobierno federal en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto, la Secretaría de la Función Pública pone a disposición del público de manera periódica el registro del gasto a la administración pública federal, pero con una enorme complejidad e inadecuada accesibilidad ciudadana

“El panorama de la impunidad en el ejercicio del gasto se consolida, incluso, después de la aprobación de la Ley General de Transparencia, ya que es responsabilidad de todos los sujetos obligados –incluyendo los medios de comunicación que reciben y ejercen recursos públicos– mostrar el gasto en la materia, sin embargo hasta el momento sigue sin aplicarse la Ley descrita”, expone el informe de la organización internacional.