Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, tiene derecho a terminar de compurgar su condena en su domicilio, según ha dicho la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Surtió efecto la carta que Villanueva envió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que le pide el indulto –o terminar de compurgar su pena en su domicilio –por su injusto encarcelamiento, pues de seguir preso saldría libre en 20 años más, si es que llega, es decir, a los 91 años.

Larga y plagada de injusticias es la historia de Mario Villanueva: fue acusado de servir al narcotráfico como gobernador de Quintana Roo; de lavar dinero sucio; de vincularse con el cártel de Juárez y con capos de la talla de Albino Quintero Meraz –Don Beto –y Alcides Ramón Magaña –El Metro –quienes ya están libres a pesar de sus múltiples fechorías en el mundo del hampa.

No hace falta contar la historia real de la desgracia política y personal de Mario Villanueva: él mismo la escribió cuando estaba recluido en el penal de La Palma en diversas cartas escritas a mano durante sus largas horas de soledad como presidiario en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano.

En sus escritos, Villanueva asegura que su encarcelamiento se ordenó desde la presidencia de la República, en 1998, por parte de Ernesto Zedillo, quien para lograr su cometido involucró al secretario de Gobernación –Francisco Labastida Ochoa – y al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional –Jorge Tello Peón –para que integraran un expediente en su contra a fin de que se filtrara a los medios de comunicación sus vínculos con el narcotráfico y su adicción a la cocaína, una falsedad, según el exgobernador.

El objetivo central de esa maquinación –escribió Villanueva –era acusarlo de narcotráfico y de trece delitos más, todos vinculados con la delincuencia organizada.

En sus diversos escritos, Villanueva Madrid pudo armar el rompecabezas político y criminal que, según él, derivó en su encarcelamiento y desgracia política. Y entre los principales artífices señala a Rodolfo Zedillo, hermano del expresidente Ernesto Zedillo, así como al primo de éste, Fernando Zedillo, de ejercer presiones políticas en su contra para obtener obras millonarias en Quintana Roo, lo que Villanueva asegura que impidió.

Según el exgobernador, esto trajo como consecuencia una pugna entre él y el entonces presidente Ernesto Zedillo, la cual creció –dice Villanueva en sus cartas –por la intervención de Roberto Hernández, el banquero accionista de Banamex, pues le dijo al presidente que Villanueva estaba detrás de la campaña calumniosa que había desatado en su contra el periódico “Por Esto”.

En sus escritos –una suerte de memorias de su desgracia personal y política –Mario Villanueva admite como un error haberle sugerido al presidente “que le diera un rostro humano” a su política económica, que democratizara al PRI y empeñarme en promover personalmente a Roberto Madrazo y a Manuel Bartlet como posibles aspirantes a la candidatura del PRI a la presidencia de la República.

“Esto me trajo un enfrentamiento frontal con el PRI y empeoró las cosas con el presidente” –dice Villanueva en sus relatos, pues el PRI, escribió, estaba sujeto a sus propias decisiones y mis actitudes eran contrarias a ellas.

El conflicto político entre Villanueva y Zedillo fue creciendo. En 1998, recuerda Villanueva, se enderezó una campaña periodística en su contra mediante reportajes y notas que lo vinculaban con el narcotráfico.

Según el testimonio de Villanueva, las publicaciones afirmaban “que yo era adicto a la cocaína” y que tenía relación con los principales capos del país. Todo esto, dijo, surgía del expediente que había integrado el Cisen, según él, con información falsa y dolosa. Y a través de un subsecretario de Gobernación de entonces, cuyo nombre no cita en sus escritos, la información fue filtrada a los medios de comunicación para abollar su imagen.

“Me enteré de esto –dice Villanueva en sus cartas –a través de un amigo mío, dueño de unos periódicos nacionales, quien me entregó el expediente no sin antes decirme que esto procedía directamente del presidente porque había orden de “darme en la madre”.

Villanueva también contó en sus cartas que con una copia de ese expediente se reunió con funcionarios del Cisen, Con Wilfrido Robledo Madrid –“primo mío”,  escribió –y con Jorge Tello Peón, quienes reconocieron el documento como propio de los que se arman en el Cisen.

Después se entrevistó con Francisco Labastida, entonces secretario de Gobernación, a quien reclamó, dijo, por qué el gobierno le daba ese trato. Labastida, a la postre candidato fallido del PRI en el 2000, le dijo que él no había participado en la elaboración del expediente y se comprometió a frenar la publicación del mismo en los medios.

Sin embargo, la campaña continuó, dijo Villanueva, por lo que le volvió a reclamar a Labastida. Éste, aparentemente preocupado, le dijo que aclararían la nota. Se hizo. Y el director del medio se enojó, según Villanueva, argumentando por qué Gobernación le mandaba información y luego se la desmentía.

Villanueva expuso tanto en sus escritos como en declaraciones ministeriales posteriores que supo que la investigación de la PGR iba en serio por la visita de Samuel González –entonces titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada –, quien seguía algunas pistas sobre el cártel de Juárez en Quintana Roo

Narra Villanueva:

“Traté de comunicarme de inmediato con el procurador Jorge Madrazo, pero no hubo respuesta. De hecho no me volvió a contestar ninguna de mis insistentes llamadas ni a darme la audiencia que le solicitaba, excepto a finales de diciembre de 1998 por intervención del secretario particular del presidente, Liébano Sáenz, y del Secretario de Gobernación, Francisco Labastida.

“Me preocupé por conocer el expediente y aclarar cualquier imputación que se me hiciera. Por ello continué insistiendo en la oficina del procurador, pero no me respondió. Traté de entrevistarme con el presidente Zedillo y éste ya no quiso recibirme y desde los últimos meses de mi administración hasta el término de ella no pude tener contacto con él”.

No hubo poder humano que le abriera las puertas de Los Pinos para aclarar su caso ante Zedillo.

Lo que siguió después fue una propuesta de Villanueva, planteada a través de Liévano Sáenz –secretario particular de Zedillo –y de Labastida: salir del país, entregar sus bienes y si algunos no podían ser demostrados aceptaba el decomiso. Regresaría del país cuando terminara el gobierno de Zedillo.

Esto lo planteó Villanueva porque, según expuso en sus escritos, amigos suyos, abogados y algunos funcionarios de “alto nivel” le dijeron que su caso era político y que el presidente (Ernesto Zedillo” lo quería encarcelar. A través de Labastida y Sáenz Villanueva pidió disculpas si había ofendido al presidente por sugerirle una política económica humana y la democracia del PRI. Sáenz le dijo que le parecía exagerada la propuesta, se comprometió a dialogar con el presidente, pero nunca hubo respuesta. Después “no me contestó las llamadas”.

Días antes del cambio de gobierno, Villanueva se reunió con Víctor Cervera Pacheco, entonces gobernador de Yucatán. Cuando se hizo el cambio de gobierno en Quintana Roo, dice, me escondí en la casa de un amigo –aunque se dijo que Cervera lo protegió –y desde ahí observó, dijo, cómo la PGR había sitiado la ciudad de Chetumal.

Mario Villanueva desapareció de la escena pública y entró en comunicación con el nuevo gobierno, encabezado a partir de diciembre del 2000 por Vicente Fox. Le escribió al procurador Rafael Macedo y al presidente. Le dijeron que tuviera confianza, que le garantizaban un juicio justo. “Me engañaron”, dice Villanueva.

–¿Qué negocios le plantearon Rodolfo y Fernando Zedillo y el padre del entonces presidente Ernesto Zedillo a Mario Villanueva?

Villanueva lo responde en sus testimonios escritos: dice que primero “engancharon a mi hijo” para que yo accediera a recibirlos. Así lo hice. El padre y el hermano del presidente propusieron actuar como gestores para promover proyectos en Quintana Roo, ellos obtendrían el financiamiento y las obras se harían por empresas de su propiedad o de otros parientes y amigos de ellos.

Las ganancias se obtendrían, según detalló Villanueva,  por la ejecución de la obras y por comisiones tanto por la asignación de contratos a otras empresas como en la obtención de los financiamientos y de las ganancias se me proporcionaría una parte. El gobierno del estado debería participar asignándoles obras de su propio presupuesto, aceptando y avalando los proyectos que ellos propusieran.

De acuerdo con Villanueva, los proyectos eran la construcción de un hospital en Cancún, una planta de tratamientos de aguas residuales en Cancún y Chetumal; modernización de la carretera Cancún-Tulum; la asignación directa para ellos del Centro de Convenciones de Cancún, la torre inconclusa del anexo inmediato del Centro de Convenciones, para lo cual ellos ya traían un crédito de doce millones de dólares autorizados por la Línea del Rey. Todas las obras estarían a cargo del arquitecto Luis Zedillo, tío del presidente, y el gobierno debería asumir el crédito con cargo a la deuda pública.

Asegura Villanueva que rechazó todos los ofrecimientos, a pesar de ser los familiares del presidente, porque le pareció deshonesta tal actitud y porque aun estaba fresco el escándalo que había causado Raúl Salinas durante el sexenio de su hermano Carlos, donde se convirtió en el principal negociador.

Los conflictos políticos no sólo continuaron sino que empeoraron, pues nadie pudo detener la investigación de la PGR ni evitar su fuga. Villanueva se entregó en el gobernó de Vicente Fox porque le garantizaron, dice, un juicio justo, pero “me engañaron”, dice. Dieciocho años después –cuando ya pasó por cárceles de máxima seguridad tanto de México como de Estados Unidos –Mario Villanueva la pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador terminar de compurgar su condena en su casa.

Argumenta estar enfermo de los pulmones y del corazón, razón por la que ahora pasa unos días hospitalizado en Chetumal. Aduce tener los mismos derechos que la profesora Elba Esther Gordillo y que el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, ambos acusados de corrupción, quienes ahora enfrentan prisión domiciliaria.

Atrás, muy atrás, quedaron las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero enderezadas en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuyo sexenio estuvo marcado por la corrupción, la protección al crimen y la impunidad.

Abogados del Ayuntamiento de Veracruz, defensores de Winckler

Luego de su destitución como Fiscal General del estado de Veracruz “por ineficiente”, Jorge Winckler Ortiz presentó una demanda de amparo el pasado 4 de septiembre, lo que dio lugar al expediente 822/2019, pero le fue rechazado el recurso.

El exfuncionario, sin embargo, presentó el recurso de queja el día 9 de los corrientes, el cual le fue aceptado –número 184/2019 –, pero en todo este ajetreado papeleo que realiza el acelerado Jorge Winckler para evitar ser detenido salieron a flote los nombres de sus abogados:

Se trata de Carlos Alberto Hermida Cazarín y Justiniano Próspero Zeferino, quienes curiosamente aparecen en la nómina del Ayuntamiento de Veracruz –se desempeñan como auxiliares en el DIF municipal Veracruz –donde despacha como presidente municipal Fernando Yunes Márquez, hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Además de ser violatorio de la ley que el Ayuntamiento de Veracruz le asigne abogados al defenestrado Jorge Winckler, al menos deberían de cuidar las formas, pues en la lista actualizada los abogados de Winckler aparecen en la nómina oficial.

A Winckler le urge el amparo, pues la Fiscalía veracruzana ya integra un voluminoso expediente que lo liga con la presunta protección de criminales en el estado, señalamientos que le fueron hechos en varias ocasiones por los militares que acuden a las reuniones de seguridad. Se le atribuye también la protección de su patrón, Miguel Ángel Yunes, de quien se afirma que está por salir del estado al extranjero. Quizá Winckler le siga los pasos ahora que la FGR le ha puesto la mira al clan Yunes por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, fraude y lavado de dinero. Así da vueltas la vida.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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