Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– Un grupo de senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) salió de una reunión que sostenía a puerta cerrada con todos los integrantes de su fracción en el Senado. La molestia se les veía en el rostro porque una noche antes sus correligionarios en la Cámara de Diputados acabaron uniéndose al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para aprobar un reforma constitucional que consideran retrograda a los logros de los últimos años para atacar la corrupción gubernamental (estudios internacionales ubican a México como el peor en América Latina).

“Hacemos un exhorto a nuestras compañeras y compañeros diputados para que no aprueben y den su voto a esta regresión”, dijo Alejandro Encinas Rodríguez en un salón alterno de un hotel en el que la fracción deliberaba temas de la agenda del próximo periodo ordinario de sesiones. En la mesa en la que ofrecieron la conferencia de prensa no se presentaron solos, otro grupo de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) se trasladó hasta allá para salir juntos a mostrar su rechazo a la reforma constitucional en materia de transparencia. En ese momento los panistas eran más aliados del PRD que sus compañeros en San Lázaro.

A su vez, el Senador blanquiazul, Javier Corral Jurado lamentó que los legisladores priistas busquen eliminar de un “plumazo” todas la definición de los órganos locales autónomos y solo lo dejan en órganos públicos autónomos en materia de garantía del derecho de información”.

“Se trata en efecto de una contrarreforma y este es un pésimo mensaje, es una mala señal en un momento en que se convoca a la nación a un debate sobre la Reforma Energética basado en un diagnostico, que entre otros, incorpora el problema de la opacidad y el de la corrupción como justificación o como explicación del deterioro de la paraestatal Petróleos Mexicanos”, dijo.

La noche anterior, a propuesta del PRI y con el apoyo de las diputaciones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del Partido Nueva Alianza (PANAL), y al final con el consentimiento de los legisladores del PRD, la mayoría borró los acuerdos redactados en diciembre por los senadores para mejorar la Ley Federal de Acceso a la Información y en vez de eso blindaron a los funcionarios para reservar datos y debilitar al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) al que con la nueva ley, en caso de aprobarse, especialistas en el tema lo pintaron como un “viejito jorobado, ciego, chimuelo y sin fuerzas”.

“¿De qué lado está el PRI? ¿Del lado de los gobernadores que esconden las deudas? ¿Del lado de la opacidad? ¿Del lado de la corrupción al privilegiar la oscuridad?”, cuestionó Laura Rojas, Senadora del PAN que ha llevado a la máxima tribuna una serie de propuesta para impedir que los gobernadores sigan endeudándose sin que ninguna ley se los impida como en Coahuila, donde Humberto Moreira, ex Gobernador del PRI, dejó pasivos por 35 mil millones de pesos.

El proyecto aprobado en diciembre por los senadores había sido aplaudidos por los organismos especializados que combaten la corrupción y luchan por la transparencia, proyecto que parecía avanzaría sin sorpresas en la Cámara de Diputados. Pero la diputación del PRI la frenó y después de la suscripción del Pacto por México fue modificado a su gusto, primero en reuniones secretas, –acusan los especialistas del Colectivo por la Transparencia y senadores de oposición– y finalmente en las comisiones para quitarle poder al IFAI.

El proyecto reformado la noche del lunes debe ahora pasar al pleno de la Cámara de Diputados y de ahí regresar al Senado de la República. “De no frenar los cambios en Cámara de Diputados, en el Senado honraremos nuestra palabra de enaltecer los avances comprometidos”, advirtió Encinas. Sin embargo, en caso de que eso pase la reforma tendría como destino la congeladora.

La propuesta alcanzada en el Senado contemplaba, entre otros puntos, acotar el poder de los gobernadores, quienes han recurrido a tácticas alevosas para darle la vuelta a la Ley de Acceso a la Información y combatir el poder con el que se han hecho del control de los órganos de revisión para impedir que actúen como verdaderos contrapesos en la rendición de cuentas. Además proponía que los recursos de los sindicatos y los partidos políticos sean denominados sujetos obligados directos de la ley de transparencia y que el IFAI tenga autoridad sobre ellos.

Pero con el tijeretazo dado por los diputados del PRI no se logra ni una cosa ni la otra. Y peor aún, le restan poder al IFAI que actualmente es denominado constitucionalmente un ente cuyas resoluciones son inacatables. Lo que busca el priismo ahora es que si a un gobernador o funcionario federal no le gusta el fallo del IFAI a través de la consejería jurídica de la Presidencia, la Procuraduría General de la República (PGR) o los Derechos Humanos (CNDH) pueden llevar una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y echar abajo la sentencia.

LA REFORMA DE LOS DIPUTADOS NO LA QUEREMOS: ONG’S

Esa acción, de acuerdo con el Colectivo por la Transparencia que ofreció una conferencia de prensa antes que los senadores, sería como un segundo blindaje porque con los cambios hechos por los priistas también deja abierta la posibilidad de correr a consejeros del IFAI antes de tiempo, intervenir en su nombramientos y acotar el perfil de los futuros relevos al de abogados exclusivamente.

Miguel Pulido, director de Fundar, uno de los 14 organismos anticorrupción que conforman el Colectivo por la Transparencia, dijo que la autoridad moral para declarar que las modificaciones constitucionales aprobadas por los diputados es retrograda a los logros ganados en los últimos 12 años radica en las 12 mil solicitudes de acceso a la información.

En un hotel de la Ciudad de México en el que apareció con Alejandro González de Gesoc y Guillermo Noriega de Sonora Ciudadana, dijo que los priistas no han presentado argumentos sólidos para asegurar que la ley actual pone en riesgo la seguridad económica, y la seguridad pública como argumentan, para quitarle facultades al IFAI.

“Están actuando basados en dogmas o prejuicio. No han puesto un solo dato sobre la mesa”, expresó Pulido.

“Preferimos tal y cómo está en vigor actualmente el articulo sexto constitucional. La reforma de los diputados no la queremos”, dijo González.

Guillermo Noriega explicó que en 16 estados de la República los partidos políticos son sujetos obligados a la rendición de cuentas por parte del IFAI y hasta ahora nadie ha presentado una sola queja de que se haya puesto en riesgo la gobernabilidad por el interés ciudadano de conocer en qué se gastan los recursos públicos.

Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19,  lanzó una campaña dirigida al Instituto Federal de Acceso a la Información para que abra las averiguaciones previas de la matanza de 72 migrantes en San Fernando Tamaulipas, cuyos cadáveres fueron descubiertos en una fosa clandestina.

Articulo 19 fundamentó que en ese caso se constituyó una cadena de violaciones graves a los derechos humanos, al privarse el derecho a la vida, la integridad, y se ha violado reiteradamente el derecho a la verdad, el cual obliga a los Estados a proporcionar información a las víctimas, los familiares y a la sociedad.

Esa campaña ocurre luego de que la PGR negó la información debido a que la considera clasificada. “Con la reforma que proponen los diputados menos se lograría, pues tienen aún la Suprema Corte como salvación, además del tiempo que los ministros tarden en atraer el caso”, dijo Ruelas.

Pulido había puesto el dedo en el punto central. “Esperamos que el Senado defienda su trabajo”. Y escasa una hora después el grupo de panistas y perredistas salió a advertir a los diputados que en el Senado no pasará la propuesta “regresiva del PRI”.

En esos términos se encuentra el compromiso de campaña de Enrique Peña Nieto, quien además durante la transición de gobierno prometió fortalecer la transparencia, crear un organismo anticorrupción y regular la publicidad oficial de los gobiernos.

“¿O no está enterado Peña Nieto de lo que pasa con el tema en San Lázaro o se le están yendo por otro lado sus diputados o no le importa honrar su palabra?”, dijo el Colectivo por la Transparencia.

Al respecto, el Senador del Sol Azteca, Alejandro Encinas dijo que “las modificaciones que ha realizado la Cámara de Diputados representan una regresión vergonzante y vergonzosa para el Congreso de la Unión”.

EL IFAI ALERTA

También el IFAI afirmó que los cambios hechos por PRI a la minuta del Senado que reforma a la Constitución en materia de transparencia y rendición de cuentas, significaría retrocesos para el derecho de acceso a la información, a la luz de los avances logrados en la cámara de origen en diciembre pasado.

Dijo que el permitir que las resoluciones del IFAI sean impugnadas por la Procuraduría General de la República (PGR), el Banco de México, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) provocaría la judicialización del derecho a la información.

“Esto podría provocar la judicialización de un derecho fundamental que, hasta ahora, se ha ejercido en México en forma gratuita, pronta y expedita, y que ha colocado a nuestro país como referencia mundial en la materia”, advierte el IFAI por medio de un posicionamiento dado a conocer hoy.

Indica que la propuesta de excluir como sujetos obligados directos a los partidos políticos, entidades que reciben grandes cantidades de recursos públicos y que ya son sujetos obligados directos en 17 legislaciones estatales sobre acceso a la información, representa regresiones frente a la propuesta de reforma que impulsó el entonces Presidente electo Enrique Peña Nieto.

“Marca una reversa frente al dictamen aprobado por la Cámara de Senadores, dictamen que se elaboró con una gran participación de expertos en la materia y la sociedad civil comprometida con la transparencia y el derecho de acceso a la información”, dice el texto.

Y precisa que “en más de diez años de ejercicio del derecho de acceso a la información en el ámbito federal, no existe evidencia alguna de que al ordenar la entrega de información se haya puesto en riesgo alguno la seguridad nacional o la estabilidad económica del país”.

“Desde 2003, el Pleno del IFAI ha actuado siempre a la altura de la responsabilidad legal que le ha sido encomendada”, finaliza el posicionamiento del Instituto.