La presa “La Boquilla”, punto del conflicto. Foto: Christian Chávez, AP.

En Chihuahua ya debe resolverse el problema del agua para prevenir efectos aún más trágicos.

En CDMX recuerdan con tristeza las tragedias del 87 y 2017, y en Chihuahua nos urge conseguir la calma antes de que tengamos nuestra propia tragedia para recordar; el conflicto por el agua ha ido escalando hasta alcanzar niveles de los cuales es imposible seguir y ya debe resolverse, con o sin el acuerdo de las partes.

En primer término, el Gobierno federal debe dejar totalmente claro el homicidio de Yésica Silva y castigar a los responsables, pues coincido con Andrés Manuel y este Gobierno no puede arroparse con el argumento de “efectos colaterales”; quienes vivimos en momentos de flagrante violación a los Derechos Humanos agradecemos al actual régimen que haya terminado con la práctica sistemática de violentarlos, y por eso cuando se presenta un caso sobresaliente de su violación en contra de una persona, está obligado a esclarecerlo sin justificar cualquier acción gubernamental que violente el texto de los convenios internacionales en la materia.

También, el Gobierno Federal, con o sin acuerdo del Gobierno estatal y de los productores que tienen tomada la presa La Boquilla, debe cumplir, con todos los recursos del país que puedan sumarse, el Tratado de Aguas de 1944 pues faltan cinco semanas para el vencimiento del plazo pactado y no puede dejar que transcurra más tiempo, menos en las circunstancias electorales actuales de Estados Unidos ya que el incumplimiento puede convertirse en una bandera de agresión en contra de México y los mexicanos.

El Gobierno mexicano, además, debe tomar las previsiones necesarias para que en las reuniones mixtas entre Federación, Estado y productores se logre plasmar un plan de riego, en los términos que establece la ley y procurando cumplir al 100 % con los compromisos de concesiones con los agricultores de la zona en conflicto.

Estas tres acciones del Gobierno debieron realizarse de conformidad plena entre Gobierno federal, estatal y concesionarios, y es impensable, en términos razonables, que no se haya podido cumplir con las obligaciones gubernamentales a través de Conagua. Nunca debió usarse la violencia como forma de confrontar los diferentes puntos de vista.

Finalmente los problemas a resolver sólo son dos: pagar el Tratado de Aguas y garantizar a los productores agua suficiente para el ciclo agrícola 2020, dejando la suficiente para el ciclo 2021, como se ha hecho por más de 70 años (y no hubo problemas hasta ahora, cuando precisamente se ha derrotado a los políticos que durante 38 años administraron el país con visión empresarial).

Si intereses ajenos a las partes no hubiesen contaminado este conflicto, no se habría producido la muerte de Yésica ni los daños causados al erario.