Foto: Cuartoscuro

Reporteros, Fotoperiodistas y comunicadores se manifestaron en repudio al asesinato del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, el pasado mes de febrero. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– En el primer trimestre de 2014, la organización internacional Artículo 19 registró 66 agresiones a la prensa en México, lo que representó 16 agresiones más respecto al mismo periodo de 2013.

Los estados más peligrosos y violentos contra la prensa en el país fueron encabezados por Veracruz, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa.

Para este organismo, el panorama para la libertad de expresión en el primer trimestre del año “no sólo es más adverso por el incremento de las agresiones. La impunidad que suele existir en más del 90 por ciento de los casos documentados y la crisis que atraviesa la instancia federal encargada de proteger a los comunicadores amenazados, se han convertido en los mejores alicientes para los agresores de la prensa en México”.

De acuerdo con el reporte trimestral de esta ONG, que defiende las libertades de expresión de los ciudadanos y la de la prensa en el mundo, en total se documentaron  23 agresiones físicas a comunicadores, 19 amenazas, nueve intimidaciones, ocho actos de hostigamiento judicial, cinco detenciones arbitrarias, un asesinato y una denuncia por difamación.

Los principales perpetradores, destacó, serían servidores públicos, pues fueron responsables de 59 por ciento de las agresiones.

En el periodo de referencia, Artículo 19 documentó una serie de  deficiencias y omisiones en el actuar de las autoridades encargadas de investigar las agresiones a la prensa, así como de las responsables de garantizar la integridad y seguridad de los periodistas amenazados por el ejercicio de su oficio.

VERACRUZ, EL MÁS VIOLENTO

Veracruz fue la entidad mexicana más violenta para la prensa en este primer trimestre de 2014, expuso la ONG.

Además del asesinato de Gregorio Jiménez, otros 10 periodistas y dueños de medios fueron agredidos o amenazados por su labor.

El 6 de febrero, un día después de la privación ilegal de la libertad del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, Enoc Maldonado, director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones y Fiscal encargado del caso, expuso que “conflictos con vecinos” podrían estar detrás de la desaparición de Gregorio Jiménez,  cuyo cuerpo finalmente fue encontrado sin vida el 11 de febrero.

Junto al cadáver del periodista, se localizó el de Ernesto Ruiz Guillén, secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el municipio de Villa de Allende, Veracruz, cuya  desaparición, ocurrida el 18 de enero, fue informada por Gregorio.

Aun cuando este hecho fortalece la hipótesis de que al periodista  lo asesinaron por su labor informativa, el Fiscal Maldonado insistía en señalar que a Gregorio lo mataron por un conflicto personal con su vecina  Teresa de Jesús Hernández, señalada por Gregorio Jiménez, en una de sus notas periodísticas, como la dueña de un bar conflictivo en la región.

ALERTA EN EL DF

En el Distrito Federal, destacó el informe, los policías capitalinos tuvieron un rol determinante en el tema de agresiones a la prensa, que la ubicaron como la segunda entidad  mexicana con más agresiones a la libertad de expresión en el primer trimestre del año.

En cinco de los 10 casos documentados por Artículo 19, los presuntos responsables son policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).

El jueves 20 de marzo, policías de esta corporación detuvieron arbitrariamente a la periodista Fabiola Gutiérrez Quiroz, del portal Somos El Medio, cuando  documentaba un operativo contra vendedores ambulantes en una de las estaciones del Metro. Los policías después de decirle que estaba “prohibido” grabar, la esposaron y la remitieron ante el Ministerio Público, donde se le inició una investigación por “ultrajes” y le fijaron una fianza de 4 mil 900 pesos (376 dólares) para enfrentar el proceso en libertad.

Apenas un mes antes de estos hechos, un colega de Fabiola, Luis Méndez, fue detenido en una de las estaciones del Metro cuando documentaba un desalojo de vendedores ambulantes invidentes encabezado por la policía capitalina. En esa ocasión el periodista fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien ordenó su liberación al considerar que sólo estaba cumpliendo con su labor informativa.

“Para Artículo 19, resulta preocupante la situación que se vive en el Distrito Federal  en este primer trimestre del año, pues en 2013 ocupó la posición número uno de entidades agresoras de la prensa con 82 ataques  documentados, siendo los policías capitalinos los perpetradores en 60 por ciento de los casos”.

MÁS ZONAS DE RIESGO

En Guerrero y Sinaloa, entidades que ocuparon el tercer y quinto lugar de agresiones a la prensa en este primer trimestre del año, con nueve y cinco casos documentados, respectivamente, la situación no fue diferente en cuanto al perfil de los responsables, denunció la ONG: de las nueve agresiones documentadas en Guerrero, tres fueron perpetradas por policías y tres por diputados y funcionarios públicos estatales.

En el caso de los legisladores y servidores públicos agresores, éstos han exigido a través de un exhorto y una demanda penal, que tres medios de comunicación de circulación regional revelen las fuentes utilizadas en la publicación de una nota que hace referencia a las millonarias observaciones de la Auditoría General del Estado a 14 ayuntamientos de Guerrero en las cuentas públicas 2012, “violentando el derecho que tienen los comunicadores a la reserva de fuentes”, relató.

En el caso de Sinaloa, los responsables de las cinco agresiones cometidas contra comunicadores del periódico Noroeste, son policías estatales y municipales.

“En los cinco casos, los comunicadores del medio fueron agredidos y amenazados cuando daban seguimiento noticioso  a la captura del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, y la supuesta red policiaca que lo protegía”, planteó.

En Oaxaca, donde Artículo 19 documentó siete ataques a la prensa en el primer trimestre del año, que la ubicaron como la cuarta entidad con más agresiones en el país, los principales perpetradores fueron integrantes del Partido Unidad Popular  (PUP), que el 1 de enero durante la toma de protesta del Alcalde de San Miguel Soyaltepec,  agredieron físicamente a cuatro comunicadores del periódico El Tuxtepecano.