Claudia Edith Anaya Mota señaló que Alfonso Durazo presuntamente violó la Ley General de Responsabilidades Administrativas por no desempeñar su cargo con honradez y objetividad, al mentir u ocultar información al Senado.
Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- Claudia Edith Anaya Mota, Senadora de la fracción priista, denunció ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por la supuesta omisión de datos acerca de la detención de Ovidio Guzmán.
De acuerdo con el reporte de medios nacionales, Anaya Mota sostuvo que Durazo violaría la Ley General de Responsabilidades Administrativas durante su declaración del 5 de noviembre último en el Senado de la República, donde informó lo sucedido durante el operativo para capturar al hijo del “Chapo” Guzmán.
A este respecto, la Senadora priista aseguró en su denuncia que el titular de la SSPC declaró que nadie dio la orden de liberar a Ovidio, pues, en el momento que se planteó su detención empezó la movilización criminal en Culiacán.
Lo anterior, aseguró Anaya Mota, contrasta con la reciente declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló el viernes pasado que él fue quien ordenó la liberación de Guzmán hijo.
Claudia Edith Anaya Mota señaló entonces que Alfonso Durazo presuntamente violó la Ley General de Responsabilidades Administrativas por no desempeñar su cargo con honradez y objetividad, al mentir u ocultar información al Senado.
Según lo dispuesto en el documento al que tuvieron acceso los medios, Durazo presuntamente violó las fracciones II y III, segundo párrafo, del artículo 49 de la ley citada, los cuales señalan lo siguiente:
El artículo 49 explica que “incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la presente Ley; y atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público”.
Finalmente, la Senadora mencionó en su denuncia que por lo anterior, Durazo configura un acto delictivo sancionado entre 6 y 9 años de prisión al poner en libertad al presunto delincuente, incluso cuando ya había sido detenido.
