La Procuraduría General República solicitó órdenes de aprehensión a los jueces Martín Adolfo Santos Pérez y Osbaldo López García, jueces segundo y cuarto federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones y dos de sus secretarios, supuestamente por haber negado a la SIEDO órdenes de cateo a domicilios del juez Efraín Cázarez López, quien liberó a varios de los implicados en el “Michoacanazo”.
En un hecho inédito, señala Reforma, la SIEDO pidió al juez tercero de distrito en el Reclusorio Norte, Ricardo Delgado, librar las órdenes de captura contra sus colegas. Los nombres de los secretarios de esos juzgados corresponden a Moisés Ramírez Serrano y Edgardo Israel Vargas Pérez.
De acuerdo con fuentes consultadas por el diario, se les imputan quebrantamiento del sigilo en las resoluciones y obstaculización de la investigación de un hecho delictuoso o favorecer que un inculpado se sustraiga a la acción de la justicia
Debido a que este último delito es grave, los juzgadores no podrían suspender la aprehensión ni tener el derecho a libertad provisional en caso de proceder los mandatos judiciales.
Al juez primero de distrito de Morelia, Efraín Cázarez, suspendido el 1 de junio, se le acusa de liberar ilegalmente a ex Presidentes Municipales consignados por presuntos vínculos con La Familia Michoacana, dice el rotativo.
El MICHOACANAZO
El caso más célebre de funcionarios públicos detenidos por colaborar con el crimen organizado fue el arresto, en mayo de 2009, de 35 funcionarios del estado de Michoacán, entre ellos 10 presidentes municipales, algunos ex alcaldes, asesores del gobernador de Michoacán, entre otros funcionarios y un juez del fuero común.
La mayor atención la concentraron los 10 alcaldes. Era la primera vez que tal cantidad de funcionarios constitucionalmente electos eran detenidos por nexos con el narcotráfico. El gobierno federal dijo entonces que la investigación que condujo a estas detenciones llevaba seis meses desarrollándose, y que partía de acusaciones y pruebas aportadas por miembros del cartel de La Familia que habían sido detenidos previamente.
La prensa bautizó a esta operación y toda la secuela de información que generó con el nombre de “El Michoacanazo”.
Los funcionarios fueron internados en reclusorios y se les comenzaron juicios por delincuencia organizada y otros delitos graves.
Un año y cuatro meses después, en septiembre de 2010, 34 de los 35 detenidos quedaban libres porque el juez consideró que no había pruebas suficientes para considerarlos culpables de delitos de narcotráfico.
