¿Qué está pasando en la UAM? Tres meses de huelga, 56 mil alumnos –la inmensa mayoría de ellos de escasos recursos– sin clases, el proceso de admisión para el nuevo ingreso suspendido, más de tres mil académicos y cuatro mil quinientos trabajadores administrativos sin cobrar (aunque algunos habrán recibido ingresos de las expropiaciones realizadas en las casetas de peaje en las carreteras que han tomado por asalto), cientos de proyectos de investigación arruinados, egresados que se quedarán sin entrar a posgrados y sin becas por no poder hacer trámites administrativos, profesores a los que sus planes de sabático se les han frustrado. Y todo por una demanda que el propio Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM sabe que no está en manos de las autoridades universitarias resolver: un aumento salarial del 20 por ciento, además de otros litigios sobre el contrato colectivo, que según ha dicho la propia representación sindical ya han sido acordados con las autoridades.

El SITUAM está empeñado en no ceder en su demanda salarial, a pesar de que ni el monto ni la distribución salarial del presupuesto dependen de las autoridades universitarias, pues son la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados quienes deciden en esta materia. Es evidente que la dirigencia sindical es consciente de que su demanda no puede ser satisfecha y de que, en todo caso está mal orientada. Si de lo que se trata es de romper el tope salarial impuesto desde el Gobierno desde hace años a las universidades públicas, habría que convocar una acción concertada con otros sindicatos universitarios para demandarle a Hacienda el aumento presupuestal necesario. Las autoridades de la UAM no pueden moverse del presupuesto asignado porque simplemente el Gobierno no entregaría los recursos extras, pues a su vez está impedido por el presupuesto aprobado por los diputados en diciembre pasado.

Los líderes sindicales, sin embargo, insisten en una demanda que sabe condenada a entramparse. Es ahí cuando asoma la punta de la agenda política oculta detrás de la huelga y que lleva a construir conjeturas que ven al Gobierno federal metiendo la mano para mantener el conflicto. En las negociaciones, los representantes sindicales han sacado una y otra vez el tema de las altas percepciones de los funcionarios universitarios y han insistido en que la reasignación de esos dineros permitiría mejorar la oferta salarial ofrecida por la Universidad. Esto es falso, pues si los funcionarios universitarios que ganan altos sueldos se sometieran al criterio de la ley de remuneraciones máximas de la administración pública federal, apenas contarían con recursos para ofrecer algo así como en .01 por ciento de mejora.

El tema de los ingresos de las autoridades universitarias puede ser una pista para entender lo que en realidad está ocurriendo en la UAM. Se puede discutir si estas debieran ser menores, si la política salarial para la burocracia establecida por el Gobierno se debe aplicar también en las universidades públicas, como ya lo ha hecho la UNAM, pero ese no es tema de la negociación laboral entre el sindicato y las autoridades de la Universidad. Sólo desde la contaminación política se puede comprender que ese asunto esté en el centro de la agenda sindical: el SITUAM como ariete para ablandar a las autoridades de la institución autónoma e imponerle los criterios gubernamentales. Sólo así se explica la aparente pasividad de las autoridades laborales y educativas frente a un conflicto que implica enormes pérdidas para una de las mayores universidades públicas del país, y sobre todo para sus estudiantes.

La causa del SITUAM no es justa ni legítima. Son muchas las razones para dudar de la justicia de su causa, incluso en lo que se refiere a sus demandas contractuales. El sindicato se ha negado a revisar las condiciones laborales que dificultan la innovación y que impiden la evaluación efectiva del desempeño laboral de unos trabajadores que hacen mal su trabajo o que mantienen puestos que no se justifican ya por el cambio tecnológico o por las mejoras administrativas. El SITUAM es una organización reaccionaria que no representa con eficacia las demandas de los académicos quienes, empero, estamos atados al contrato colectivo del que es dueño debido a lo arcaico de una legislación laboral supuestamente diseñada, hace más de ochenta años, para resolver los problemas de acción colectiva de los trabajadores, pero que en la práctica ha servido para controlar sus demandas o para hacer que las dirigencias sindicales sean las que se benefician del arreglo.

Los indicios observables muestran que los objetivos sindicales ya no son laborales sino políticos, lo que querría decir que el Gobierno, en lugar de contribuir a la solución del conflicto, lo quiere llevar al límite. Tal vez lo que se busca es ver rodar la cabeza del rector Peñaloza. Circulan todo tipo de especulaciones y conjeturas, pero es evidente que el empantanamiento no se explica por empecinamiento de las autoridades, sino por razones que van más allá del asunto salarial o contractual. Intereses cruzados que involucran a la secretaria del Trabajo, hija del asesor jurídico del SITUAM, en claro conflicto de intereses, y al subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, profesor de la Unidad Xochimilco hasta antes de pasar al Gobierno, y quien intentó infructuosamente ser rector de su campus, lo que levanta sospechas sobre su triste papel en esta injusta huelga.

Mientras tanto, el tiempo pasa y el derecho a la educación de más de 56 mil estudiantes está siendo aplastado. El Presidente de la República clamó durante su campaña electoral por la educación superior como un derecho universal. Al menos en lo que se refiere a la UAM esta es una más de sus promesas incumplidas.

Jorge Javier Romero Vadillo

https://www.sinembargo.mx/author/javierromero

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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