México, de acuerdo con sus ciudadanos, empresarios, analistas y políticos de oposición al actual Gobierno federal, vive días de intensa violencia no sólo por el aumento de los asesinatos relacionados con la actividad de grupos criminales en diversas zonas del país, sino también producto de otros actos ilegales: espionaje en diversas modalidades, ataques de autoridades a los ciudadanos de a pie, omisiones y exabruptos de funcionarios, discriminación a grupos minoritarios e incluso a mujeres y niños, amenazas a líderes defensores de derechos humanos y a la libertad de expresión, entre muchos otros.

La semana que terminó fue otra más llena de acontecimientos que deben llamar a la reflexión de las autoridades que, pese a la realidad que viven millones de mexicanos, siguen viendo otro México en el tema de la seguridad.

Los funcionarios del Gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto mantienen un discurso en el que se asegura que hay una disminución de la violencia asociada con el crimen organizado, mientras que estadísticas independientes, realizadas por grupos civiles y algunos medios de comunicación, ponen en entredicho la falta de precisión de los reportes oficiales sobre los niveles de inseguridad.

El 19 de mayo, por ejemplo, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmó que el Gobierno federal no está rebasado en materia de seguridad, esto en relación a los ataques y asesinatos de candidatos que se han registrado en las últimas semanas, de cara a los comicios que se realizarán el próximo 7 de junio.

“El país no está en llamas”, fue la frase que utilizó el funcionario federal, y que obtuvo un inmediato reclamo por parte de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de México y del extranjeros, que tienen otra percepción sobre lo que la sociedad mexicana padece día a día.

En una de sus reflexiones más profundas hasta ahora en el tema, el propio Osorio Chong retomó una de las ideas que los grupos civiles han reclamado al Estado mexicano, como una herramienta fundamental para atacar de lleno la violencia que vive el país: fortalecer la educación a todos niveles, y no sólo desde las aulas sino desde la estructura familiar.

El 6 de mayo pasado, desde Puebla, el encargado del Gabinete de Seguridad de la actual administración federal dijo que la mejor manera de resolver este problema es generar mejores familias, más articuladas y con un desarrollo económico que les permita atender sus necesidades primarias, lo que hoy es un grave problema.

Apenas hace cuatro días, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la que agrupa a los 34 países más desarrollados del planeta y de la cual México es integrante, publicó que la pobreza relativa, entendida como aquellos que aún trabajando no alcanzan un nivel de ingresos superior al 50 por ciento de la media, ha vuelto a crecer en México. Aunque descendió de manera continúa desde 1996, volvió a incrementarse a partir de 2007 y, por ello, la recomendación de ese organismo es que el país ataque urgentemente las desigualdades para no dañar aún más el tejido social.

Al respecto, Osorio Chong expuso en Puebla que proveer educación y mejores alternativas para niños y jóvenes es “el único camino para resolver la violencia y la inseguridad”. Y en eso hay un consenso generalizado.

El daño que los actuales niveles de violencia están generando en la sociedad, pese a las cifras alegres que presume el Gobierno mexicano, se ejemplifica en el caso del niño Cristopher Raymundo Márquez Alvarado, de seis años, quien fue asesinado en la ciudad de Chihuahua por dos menores, de 15 años, y otros tres, dos mujeres y un varón, de 11 y 13 años, respectivamente.

Analistas alertaron que este crimen artero, cometido con toda alevosía y ventaja, muestra el grave problema de descomposición social y pérdida de valores que vive el país a causa de la violencia, y en particular de la impunidad que han alentado las autoridades a todos niveles.

El tema, que alcanzó repercusión en los medios de comunicación más prestigiados del mundo, volvió a poner en el ojo de la crítica la “escalada de violencia” y el daño que las generaciones más jóvenes de mexicanos sufren por esa arremetida criminal. Desde 2006, reportaron medios internacionales, México “vive una intensa ola de violencia”, sin embargo, alertaron sobre el caso del niño Cristopher, es la primera vez que se se tiene conocimiento de un asesinato de este tipo y con tal saña.

Chihuahua, no hay que olvidar, fue territorio en disputa, entre el 2007 y el 2012, por los cárteles de Sinaloa y Juárez, una batalla que le costó la vida a más de 20 mil personas, según los datos oficiales. Pero esa violencia no se ha ido, a pesar de lo que presuma el actual Gobernador, el priista César Duarte Jáquez, y las ejecuciones, incluso de familias enteras, siguen siendo parte de la vida diaria de los ciudadanos.

Las alertas, pues, están encendidas hace mucho, pero el cristal con el que el Gobierno observa el problema parece estar sucio: no ve más allá de lo que quiere ver. Mientras que los mexicanos miran claramente un paisaje de terror, que causa zozobra y paraliza, lo cual también es altamente destructivo para una sociedad que lo último que necesita ahora es seguir estancada.

Redacción/SinEmbargo

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