Durante su paso por el Palacio Legislativo de San Lázaro, el abanderado del partido naranja también presentó un total de 192 preposiciones, votó en contra de 107 decretos y se abstuvo de votar en temas como la reforma para sancionar al feminicidio en grado de tentativa y en el decreto que reforma código penal federal y a la ley federal de víctimas, en materia de lesiones inferidas con ácido.
Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, se desempeñó de septiembre de 2021 a febrero de 2024 como Diputado federal, posición a la que llegó por Representación proporcional, es decir sin haber sido votado directamente. En este periodo presentó 143 iniciativas, de las cuales sólo 1 fue en materia de migración y no ocho como aseguró en el último Debate Presidencial y no respaldó la mayoría de las iniciativas enviadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al igual que lo hicieron los legisladores del PRIAN.
Durante su paso por el Palacio Legislativo de San Lázaro, el abanderado del partido naranja también presentó un total de 192 preposiciones y votó en contra de 107 decretos, entre los que se encuentran los presupuestos de Egreso de la Federación anuales y la iniciativa “de la ley general de salud, para regular el sistema de salud para el bienestar”.
Un punto a destacar es que se abstuvo de votar en diversos decretos como la iniciativa con la que se buscaba reformar los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica, que tenía como propósito garantizar el acceso de los mexicanos a la energía eléctrica.
Álvarez Máynez tampoco emitió ningún voto, ni en favor ni en contra, para la reformas que se aprobaron con mira en cambiar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, en materia de sanción del feminicidio en grado de tentativa.
Con dicha reforma se establece como “procedente la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio o en grado de tentativa punible”, por lo que la persona presuntamente culpable “no gozarán de la libertad condicionada, libertad anticipada, libertad preparatoria y la sustitución de la pena los sentenciados por este delito”
“Además, en los casos de feminicidio cometido en grado de tentativa punible, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no será menor a la mitad y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito, que de acuerdo con el Código va de 40 a 60 años de cárcel”, se señala en el decreto aprobado en abril de 2022.
Otro decreto en el que se abstuvo de votar fue en el que se adicionaron “diversas disposiciones al código penal federal y a la ley federal de víctimas, en materia de lesiones inferidas con ácido”, y por el que se logró establecer sanciones de hasta 15 años de prisión a quien infiera lesiones con ácido.
Gracias a esta reforma, la Cámara de Diputados también determinó que cuando “se afecte la cara, cuello, brazo, mano u órganos sexuales, la pena aumentará hasta en un tercio” y cuando “la víctima sea mujer, persona con discapacidad o menor de edad, la pena se aumentará hasta en una mitad”, según un comunicado emitido por la Cámara Baja.
“Si la lesión o lesiones afectan órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o más de la mitad del cuerpo, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio o el feminicidio, en grado de tentativa, según corresponda”, se añade en el documento publicado en marzo de 2023, en el marco del Día de la Mujer.
El candidato presidencial también votó en contra de otros decretos, como el referente a la eliminación del Horario de Verano y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara al 2023, año de francisco villa, el revolucionario del pueblo
De septiembre de 2021 a marzo de 2023, en la Cámara de Diputados, Álvarez Máynez presentó 143 iniciativas, entre las que destacan declarar el 21 de noviembre como el Día Nacional de la Infancia de la Niña Indígena y aumentar la licencia de paternidad de 5 a 90 días.
Sin embargo, en las iniciativas del ahora abanderado del partido naranja, que la Cámara de Diputados tienen consignadas en su sitio web, sólo una aborda el tema de migración, y no ocho como el aspirante presidencial mencionó durante el Tercer Debate Presidencial, que se llevó a cabo el pasado 19 de mayo.
“Por ejemplo, en este tema, en “política exterior y migración”, ella [Xóchitl Gálvez] fue Senadora el doble de tiempo que yo Diputado federal, presentó una iniciativa; yo presenté ocho”, sostuvo Álvarez Máynez al criticar el trabajo como legisladora de Gálvez.
La iniciativa es un proyecto de decreto que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Migración, con propósito de que cada uno de los estados cuenten con una Secretaría en materia migrante, y con ello “salvaguardar los derechos humanos y atender las desigualdades en coordinación con el Gobierno Federal”, misma que está pendiente.
Además, propuso un proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de objeción de conciencia, tema polémico y criticado por expertos, ya que tiene implicaciones en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, principalmente la interrupción del embarazo, así como en la eutanasia o transfusiones de sangre.
La objeción de conciencia es el derecho que tienen el personal de salud para negarse a realizar un acto, fundando en “razones de conciencia”, que son valores éticos y morales, pero también se le suman las creencias religiosas. Por lo que, el personal médico puede abogar a su objeción de conciencia, lo que deja en el aire la pregunta de ¿en dónde queda el derecho universal de acceso a la salud de los pacientes?
La propuesta de Álvarez Máynez señala que “el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer el derecho a la objeción de conciencia como un derecho individual, sin poner en riesgo la vida del paciente”, señala la iniciativa presentada en noviembre de 2021 y que está con estatus de “pendiente”.
“El personal médico y de enfermería que deliberadamente ponga en riesgo la salud o vida del paciente o que niegue, retrase o restrinja de cualquier manera el acceso a los servicios de salud argumentando la objeción de conciencia se le impondrá la suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años. En caso de reincidencia, la sanción será la prohibición de ejercer la práctica y el ejercicio profesional de salud de manera definitiva”, se agrega.
Asimismo, durante casi tres años, el abanderado del partido Movimiento Ciudadano participó en las comisiones de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, así como en el comité de Administración.
– Con información de Daniela Barragán
