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Pedro Mellado Rodríguez

26/03/2022 - 12:05 am

Revocación de Mandato a Alfaro, tarea imposible en Jalisco

“En Jalisco el Gobernador tiene sometidos a los poderes Legislativo y Judicial. En los hechos reales y concretos hay una seria fractura del orden constitucional”.

https://www.youtube.com/watch?v=17_vLUfzq8E

En Jalisco los principios que regulan la participación ciudadana son una ficción, un engaño perversamente manipulado.

En los hechos reales, concretos, la Revocación de Mandato al Gobernador en turno, una de las principales herramientas que se presume están a disposición de los ciudadanos para defenestrar a los presuntos servidores públicos o supuestos representantes populares, ineptos, corruptos o perniciosos, tiene requisitos que hacen prácticamente imposible su aplicación.

Pese a los imponderables, alrededor de 15 agrupaciones sociales, entre ellas los colectivos Luz de Esperanza y Únete Huentitán, así como la Federación General de Trabajadores del Estado y los Municipios, anunciaron el pasado martes primero de marzo del 2022 que tratarían de reunir más de 180 mil firmas para promover la Revocación de Mandato al Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez.

Voceros de las organizaciones aseguraron que hasta ese día ya tenían alrededor del 50 por ciento de las firmas necesarias para promover ese ejercicio ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado.

La Constitución de Jalisco establece en su artículo 11 que la Revocación de Mandato podría ser solicitada por el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores (LNE), distribuidos en las dos terceras partes de los distritos o secciones electorales de la demarcación territorial que corresponda. En Jalisco hay 20 distritos electorales.

Si tomamos como referencia la Lista Nominal de Electores de Jalisco, con corte al viernes 17 de diciembre del 2021, que tenía inscritos seis millones 154 mil 5 ciudadanos con credencial para votar, se necesitarían 184 mil 620 firmas de ciudadanos que apoyaran la realización de la Revocación de Mandato.

La Constitución de Jalisco establece también que la Revocación de Mandato puede promoverse dentro de los primeros 120 días de la segunda mitad del periodo constitucional del funcionario cuestionado.

Enrique Alfaro Ramírez tomó posesión de su cargo el 6 de diciembre del 2018. Por lo tanto, la revocación de su mandato tendría que promoverse entre el 7 de diciembre del 2021 y el 7 de abril del 2022. Esta consulta ciudadana tendría que llevarse a cabo a más tardar en septiembre del 2022.

Sin embargo, la Revocación de Mandato al Gobernador enfrenta desafíos formidables: para que tenga validez y sea vinculante se requiere la participación de por lo menos la misma cantidad de ciudadanos que lo hicieron en la elección donde resultó electo el servidor público sujeto a este mecanismo. En los comicios del domingo 1 de julio del 2018, cuando Alfaro fue electo, votaron en Jalisco tres millones 469 mil 546 ciudadanos.

Además, deberían votar por la Revocación un número mayor al de quienes votaron para llevar a Enrique Alfaro a la gubernatura. El actual mandatario de Jalisco fue electo con el respaldo de un millón 353 mil 755 ciudadanos.

En los comicios de Gobernador del 2018 en Jalisco hubo ocho partidos en campaña y seis candidatos en la contienda. La promoción y propaganda realizada entonces difícilmente podría ser equiparada y mucho menos superada por organizaciones de simples ciudadanos sin partido.

¿Habría causales para la Revocación de Mandato a Enrique Alfaro?

La Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco las precisa en su artículo 83.

Veamos algunas: “I.- Violar sistemáticamente los derechos humanos”.

La plataforma digital ZonaDocs advierte en un trabajo publicado el reciente miércoles 12 de enero del 2022: “La violencia contra las mujeres es sistemática y estructural. Las múltiples violencias son visibles, y la intolerancia social e impunidad al agresor impiden ponerle freno. Cada año, en México, se registra un número alarmante de episodios de violencia contra las mujeres. En Jalisco, de 2012 a septiembre de 2021, se han cometido 433 feminicidios, de los cuáles solo se ha dictado un total de 54 sentencias condenatorias, lo cual hace evidente una tasa de impunidad del 90 por ciento”.

Agrega: “El problema de que haya tan pocas personas sentenciadas por cometer este delito es que la Fiscalía del Estado de Jalisco no detiene a los presuntos responsables de cometer feminicidios, pues sólo captura a uno de cada 10. Los marcos legales existentes han demostrado ser insuficientes e ineficaces para la prevención, sanción y erradicación del feminicidio, generando un contexto de indemnidad, donde las mujeres tienen dificultades en su acceso a la justicia”.

Sobre el mismo tema, el viernes 14 de enero del 2020 el periódico Milenio señaló: “Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) colocan a Jalisco como la tercera entidad con más feminicidios en el país, solamente superada por Veracruz y Estado de México”.

Jalisco padece una severa crisis humanitaria: hasta el 26 de agosto del 2021 había en la entidad, en diversos servicios forenses, tres mil 983 cuerpos sin identificar, según balance publicado en la plataforma digital identificacionhumana.mx, que tiene el respaldo del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos. La estadística se vincula, inevitablemente, al registro de 16 mil 22 desaparecidos en la entidad, documentado por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación.

Otras dos causales más para la Revocación de Mandato al Gobernador, son las siguientes: “IV.- Encubrir a sus subordinados cuando éstos incurran en actos de corrupción o de desacato a la Constitución o la ley; V.- La manifiesta incapacidad administrativa de las autoridades ejecutivas o en el desempeño de su encargo”.

Una más, que puede documentarse: “VI.- Realizar u omitir actos que provoquen desajustes presupuestales severos que afecten el erario”.

El reportero de Mural, Francisco de Anda Argumedo, publicó el 4 de julio del 2021 que hasta el 30 de noviembre del 2018, seis días antes de la llegada de Enrique Alfaro al Gobierno de Jalisco, la deuda directa del Estado era de 17 mil 444 millones de pesos.

En tanto que el 3 de noviembre del 2021 el reportero de La Jornada, Juan Carlos Partida, reseñó que con opacidad y sin resultados “el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, surgido de Movimiento Ciudadano, ha contratado créditos con la banca privada que alcanzan 36 mil 72 millones de pesos” según datos presentados en un informe del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción” en esta entidad.

En tres años Alfaro Ramírez duplicó la deuda de Jalisco. Tan sólo entre 2019 y 2020 sumó 11 mil 450 millones a través de dos créditos que le autorizó el congreso local, controlado por Movimiento Ciudadano y sus aliados incondicionales del PAN: uno por cinco mil 250 millones de pesos y otro por seis mil 200 millones de pesos.

La última de las causales para la Revocación de Mandato referidas en la ley es la siguiente: “VIII.- La pérdida de confianza, debidamente argumentada”.

En Jalisco el Gobernador tiene sometidos a los poderes Legislativo y Judicial. En los hechos reales y concretos hay una seria fractura del orden constitucional.

El andamiaje jurídico para la Revocación de Mandato, diseñado entre marzo y abril del 2019 por el Congreso de Jalisco, tiene exigencias exageradas que hacen imposible que este ejercicio de participación ciudadana pueda ser útil a la gente.

Pedro Mellado Rodríguez
Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

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