Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– La mayoría de las recomendaciones realizadas por organismos internacionales a México en materia de derechos humanos están relacionadas con la violación a los derechos de las mujeres y, de éstas, una gran parte no han sido atendidas por el Estado mexicano en los últimos cinco años.

Desde la primera evaluación realizada en 2009, que se llevó a cabo en la mitad del sexenio del ex Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, hasta la última –en octubre de 2013– durante el primer año de gobierno del Presidente priista Enrique Peña Nieto, han transcurrido cinco años de omisiones en perjuicio de millones de mujeres mexicanas.

La organización Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE) alertó que han sido desatendidas la mayoría de las recomendaciones, entre ellas las emitidas en materia de derecho reproductivo, criminalización de la mujer por aborto y falta de acceso a métodos anticonceptivos, principalmente para adolescentes, emitidas por el Comité para Eliminar la Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

“Lo que nos encontramos es que la mayoría de las recomendaciones van dirigidas a violaciones de derechos humanos de mujeres, con un componente muy importante en violencia, falta de acceso a la justicia, feminicidios, también se tuvieron tres recomendaciones en específico sobre derechos reproductivos”, detalló a SinEmbargo, Rebeca Ramos, investigadora jurídica de GIRE.

La situación de desidia gubernamental, cobra especial relevancia porque en marzo próximo, México deberá responder cuáles recomendaciones acepta y cuáles rechaza, de los cerca de 180 puntos publicados en el Examen Periódico Universal, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ante esto, diputadas federales de la Comisión de Igualdad de Género de San Lázaro coincidieron en la necesidad de que el Estado atienda gran parte de las recomendaciones emitidas, específicamente en lo relativo a reducir la violencia de género, feminicidios, trata de personas, mortandad materna y falta de acceso a educación sexual.

“México todavía vive un gran rezago en materia del igualdad de género, en materia de no discriminación y del acceso de las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos humanos, en igualdad de circunstancias. Por eso, el Estado mexicano tiene la obligación de tomar acciones para crear políticas públicas para disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres”, sostuvo la Diputada Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

“La desidia del Estado mexicano”, dicen, se ve reflejada en casos como el de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes el pasado martes informaron a la opinión pública la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR) para reparar integralmente el daño causado por elementos del Ejército en 2002, como lo dictaminó el 20 de noviembre pasado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).

RECOMENDACIONES IGNORADAS

El Grupo de Información en Reproducción Asistida ha dado seguimiento puntual a las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, en donde ha evaluado el incumplimiento de México respecto de sus obligaciones en materia de derechos humanos de las mujeres.

“Hay que señalar que todas estas recomendaciones, la mayoría viene de los dos sexenios de gobiernos panistas, el actual gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que lleva un año y meses–, no ha sido objeto de todas estas evaluaciones. Sin embargo, me parece que el compromiso del actual gobierno será qué tanto se tomará en serio atender estas recomendaciones”, expuso la investigadora de GIRE.

La organización detectó que hay una repetición de recomendaciones en materia de violación a derechos humanos de las mujeres desde la evaluación realizada en 2009 hasta la del año pasado. Esto significa que en cinco años poco se ha avanzado en materia de derechos de la mujer, principalmente en los relativos a salud reproductiva, educación sexual y acceso a la justicia.

“Una vez Naciones Unidas aborda temas que ya había recomendado antes, por lo menos con cinco años de anterioridad. Lo que se observa es que el Estado mexicano no se ha tomado en serio estas recomendaciones, a pesar de que está obligado a hacerlo con la firma de estos tratados internacionales”, precisó Rebeca Ramos.

Entre los temas que estos organismos internacionales vuelven a llamar la atención se cuentan sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México por no reparar el daño a víctimas.

En los últimos años se han presentado tres evaluaciones a México, por parte del Comité para Eliminar la Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en donde presentó una serie de recomendaciones en diversos temas, en específico, sobre violación a derechos reproductivos.

Además, la CEDAW exhortó a México a revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada “a fin de invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres y las muchachas y cumplir sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y los asesinatos”.

En materia de violencia contra la mujer y feminicidios, el Comité exhortó a México a “dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, para ello, recomendó aplicar completamente el Programa nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y activar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres.

Asiismo, recomendó “abordar urgentemente los obstáculos que limitan la activación de Mecanismo de Alerta de Género, en todo el país”. Cabe recordar que la alerta de género, mecanismo ideado para responder inmediatamente en las entidades donde se detecte el incremento de feminicidios ha sido un mecanismo político que no se ha instrumentado en estados con alto índice de asesinatos de género como son Estado de México, Guanajuato, Chiapas, Nuevo Léon y Oaxaca, entre otros.

INÉS Y VALENTINA

Un caso que activistas consideran “emblemático de la desidia del Estado mexicano” son las sentencias no cumplidas para reparar el daño ocasionado a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

El 1 de octubre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó dos sentencias en contra del Estado mexicano que fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del ejército en 2002, cuando contaban con 25 y 17 años, respectivamente.

En las sentencias se determinó que el Estado era responsable por las violaciones a derechos cometidas en contra de las mujeres indígenas, por no garantizar su seguridad ni otorgar garantías a sus procesos judiciales, en un marco de discriminación, exclusión y pobreza.

Recomendó como medidas para reparación del daño realizar una investigación efectiva que culmine con la sanción de los militares responsables, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, así como construir un centro comunitario para las mujeres indígenas del municipio de Ayutla, Guerrero.

A casi tres años y medio de la publicación de las sentencias, el Estado mexicano no ha cumplido sus obligaciones en los puntos medulares, sólo ha establecido mesas de trabajo para implementar las sentencias, en donde hay avances mínimos sobre los ejes de educación, salud, justicia indemnización y Actos público, sin resultados concretos.

COMPROMISO DEL PRI

En marzo de este año, el Estado mexicano tendrá una prueba de fuego para demostrar su compromiso con los derechos humanos, principalmente con los relacionados a los temas de género.

Este Examen Periódico Universal se presentó en octubre de 2013, contiene más de 180 recomendaciones de diversos organismos internacionales en todo el mundo, la mayoría en temas que afectan a las mujeres. México se reservó analizar todas estas recomendaciones, para que el próximo mes de respuesta al Consejo de Derechos Humanos, respecto si acepta o no las recomendaciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.

“Estas recomendaciones son resultado de mediciones periódicas, y evalúan hasta dónde México está caminando en el avance del cumplimiento de sus obligaciones cómo Estado, por lo tanto estaremos bien atentas a ver cómo va a responder México”, adelantó la Diputada Malú Micher, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La importancia de la respuesta del gobierno priista de Enrique peña Nieto radica en que servirá como medidor del compromiso que su administración tenga con los derechos humanos.

“Atender estas recomendaciones implica que hay voluntad del Estado mexicano para dar seguimiento a estos temas, sobre todo los que lastiman, los que laceran la dignidad de la persona, de las niñas, jóvenes y mujeres adultas mayores, principalmente”, afirmó la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional (PAN).

Gran parte de las aproximadamente 180 recomendaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas al Estado mexicano, para que tome medidas en diferentes temas que tiene que ver con feminicidios, desigualdad, violencia de género, discriminación.

También hay recomendaciones en cuestión de mujeres indígenas y la falta de acceso a servicios de educación y salud, como en el caso de Irma, mujer indígena que tuvo que parir en el patio de un hospital en Oaxaca.

“Debiera ser ya una práctica común y cotidiana, que el Estado mexicano se comprometa a dar seguimiento y respuesta a recomendaciones internacionales, para generar acciones y políticas públicas para que cada tema se vaya resolviendo como debe ser en cada caso”, sostuvo la legisladora panista Lucy Pérez Camarena.