En colaboración con Itzel Checa

El Estado mexicano se encuentra en un franco proceso de debilitamiento de instituciones públicas con funciones fundamentales para la democracia y el Estado de Derecho tales como la impartición de justicia, concesiones en materia de telecomunicaciones o combate a la corrupción. En este contexto, la designación unilateral y arbitraria de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, después de ser coordinadora de delegaciones en la Secretaría de Bienestar, da cuenta de un nuevo proceso mediante el cual se busca capturar instituciones en favor de los intereses del proyecto político gobernante.

Gerald Rosenberg apunta que los gobiernos -desde siempre- han buscado influir en el rumbo de los órganos autónomos, una razón de ello obedece a las justificaciones (teóricas) de su creación que busca aislar ciertas funciones estatales de las intervenciones del Ejecutivo y las presiones políticas, es decir, garantizar independencia de cierto tipo de decisiones.

Entre las formas bajo las cuales se expresa esta intervención son a través del presupuesto; iniciativas que modifiquen o alteren su tamaño; el forzamiento de renuncias de las personas que forman parte de sus órganos de gobierno; y de los procedimientos viciados o a modo de designación o selección de sus titulares.

De un universo priorizado de 19 instituciones^[1] por el Observatorio de Designaciones Públicas se identifican designaciones rezagadas desde 2016 que a los días que corren suman 18^[2] procesos más 77 magistraturas administrativas y 44 electorales. Es decir, un total de 139 designaciones sin contar órganos consultivos de estas instituciones. La siguiente imagen hace un recuento de los días de retraso en este conjunto:

Es importante resaltar que, de esas 139 vacantes, 137 no han sido cubiertas desde el 1 de diciembre de 2018. De este conjunto, la designación de las personas integrantes del INAI, la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) son responsabilidad exclusiva del Senado, el resto de los procesos de selección a nivel federal inician con el envío de una propuesta y/o terna por parte del Ejecutivo Federal que el Senado deberá ratificar o no.

Entre las otras designaciones que están sin resolverse se encuentran 39 vacantes que corresponden a tribunales electorales estatales, cinco de salas regionales y dos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la antesala de las próximas elecciones.

No olvidemos que hace pocas semanas la SCJN ordenó hacer dos de las tres designaciones pendientes en el INAI, dado que el órgano garante del derecho a la información y protección de datos personales estuvo paralizado 5 meses, por una decisión política deliberada de la mayoría parlamentaria. Previamente el Tribunal Constitucional había habilitado al INAI para sesionar con 4 personas comisionadas, relevándola del mandato legal de sesionar con un mínimo de cinco. La razón de las resoluciones se sustenta en el daño a los derechos que tutela el organismo, por demás básicos en una democracia.

Bajo esta óptica, cabría preguntarse si se trata de mera negligencia o de una estrategia deliberada de desinstitucionalización del Estado. Por las cifras arriba expuestas, todo parece indicar que es lo segundo. Debilitar a órganos autónomos redunda en socavar el principio básico de pesos y contrapesos. Y acabar con los pesos y contrapesos permite la concentración de poder en el Poder Ejecutivo.

En el proceso de captura del Estado, visible en democracias débiles como las latinoamericanas, busca mantener u obtener prebendas y privilegios para facciones o grupos de élites políticas, económicas y criminales. En el caso de México no se trata un proceso novedoso, más bien es la captura de nueva élite -por lo menos política- con la cual los otros grupos de poder formal y fáctico negocian y llegan a arreglos.

El debilitamiento de contrapesos no solamente da cuenta del daño a la necesaria pluralidad democrática, sino -quizás más grave- a la garantía de derechos humanos.

^[1] El universo prioritario se integra por: Banco de México, Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión Federal de Competencia Económica, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, Fiscalía General de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal Superior Agrario, Auditoría Superior de la Federación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Comité de Participación Ciudadana y Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción.

^[2] En la imagen faltan dos magistraturas electorales que ayer venció su plazo legal para realizarlas de la sala superior.

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Análisis ¬ Taboada y Xóchitl usan la tragedia de la L12; familias piden no lucrar