México ha sido condenado por organismos de las Naciones Unidas y a la fecha sigue sin cumplir las determinaciones emitidas en tres sentencias que pesan en su contra por desaparición forzada, destacaron organizaciones civiles.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- México llega al Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada sin acciones concretas encaminadas a una política de estado comprometida en el tema de desaparición, sin investigaciones y búsquedas eficientes, sin avances en materia de justicia y reparación del daño, con un alto índice de impunidad y con el incumplimiento de tres sentencias por desaparición forzada emitidas por las Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacaron defensores de derechos humanos y familiares de víctimas.

“Lamentablemente México está igual que en años anteriores porque las desapariciones se siguen suscitando todos los días y no todos los estados tienen una buena reacción en la búsqueda inmediata”, señaló en entrevista con SinEmbargo, Grace Fernández Morán, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos y hermana de Dan Jeremeel Fernández Morán, víctima de desaparición forzada en Torreón, Coahuila, el 19 de diciembre de 2008.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización civil Idheas, que ha llevado casos de desaparición forzada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señaló que desde el 30 de agosto del año anterior a la fecha “no ha habido avances en política pública ni en acciones concretas comprometidas en el tema de desaparición.

En el año 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) marcó el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada para impulsar mecanismos y legislaciones en cada Estado miembro del organismo internacional.

Los familiares de las víctimas de desaparición forzada esperan verdad y justicia. Foto: Cuartoscuro.

La desaparición forzada ha sido una práctica continua y sistematizada en nuestro país, que se implementó en las décadas de 60s y 70s por el Estado mexicano como parte de sus políticas para erradicar la disidencia política, periodo mejor conocido como Guerra Sucia.

Este delito repuntó a la par en que la violencia se disparó a raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico que emprendió el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa.

Sin embargo, no fue hasta finales de 2014 – cuando comenzó el movimiento nacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa– que se puso en evidencia el alto grado de impunidad que guardan los casos de desaparición en México.

Juan Carlos Gutiérrez precisó que las grandes fallas están en la judicialización e investigación, donde aún no hay consignaciones y condenas importantes.

“Es un tema que se sigue dando y al mismo tiempo se sigue garantizando la impunidad: no hay avances efectivos en las investigaciones y no hay datos claros sobre el número de personas judicializadas por el delito”, dijo el defensor.

De las 73 mil 201 personas desaparecidas en México, 27 mil 871 casos se registraron desde el 1 de diciembre de 2018. Foto: Cuartoscuro

Grace Fernández coincidió en ello, pues señaló que existe una separación muy clara en el trabajo de las fiscalías (de los estados y la federal) y las comisiones de búsqueda; falta de coordinación institucional que ha provocado que no haya búsquedas inmediatas efectivas y que se mantenga la impunidad en la desaparición de personas.

“No sé si es por una visión diferente, mala interpretación de las fiscalías o si es duelo de poderes, pero vemos con preocupación esta separación (entre las instituciones)”, comentó la activista de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México.

Otro tema donde tampoco hay mejoría, abundó el director de Idheas, es en la reparación integral del daño y acompañamiento a las familias.

“La propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en cabeza de su director encargado, ha manifestado que no tiene la obligación jurídica y legal de cumplir con la reparación integral del daño en los casos de las sentencias de Naciones Unidas”, abundó Gutiérrez.

El pasado 26 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República la petición formal para que este reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas. Foto: Sugeyry Gándara, Sin Embargo.

De acuerdo con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, no se avanza en el tema de desaparición forzada en México, el combate a la impunidad y en dar verdad y justicia para las víctimas porque aún existen inercias y resistencias entre los ejecutivos estatales, la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales.

“No basta con que estemos en las tareas de búsqueda, de hallazgos y encontrar personas con vida o que lamentablemente la han perdido, sino que necesitamos que las fiscalías hagan su trabajo para conocer la verdad y se sancione a los responsables”, señaló el funcionario federal durante la mesa virtual “Encuentro Latinoamericano; México ante la Crisis de la Desaparición Forzada” realizada el pasado mes de junio.

 COMPETENCIA DEL COMITÉ

El pasado 26 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República la petición formal para que este reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas, lo que facilitará que éste organismo investigue casos en el país.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Convenio Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte de los Estados.

No obstante, los defensores de derechos humanos recordaron que desde hace un año el Jefe del Ejecutivo había anunciado que giró la orden para dar luz verde al Comité para que participara en la búsqueda de mexicanos desaparecidos en una misión programada para el segundo semestre de 2020.

“Ya va hacer un año que nos prometió que se iba a aceptar la competencia del CED para recibir comunicaciones individuales. Se supone que para este semestre debería de estar el Comité de visita en el país y ni siquiera le han mandado la invitación. Ahí es donde no queda claro si el Ejecutivo dice una cosa y el resto del gabinete no lo cumple”, dijo Grace Fernández.

El Gobierno federal señaló, en un comunicado de prensa, que desde 2019 se ha impulsado el reconocimiento del Comité, que implicó, entre otras cosas, una evaluación interna donde se consideraron las implicaciones técnicas, operativas, prácticas, financieras y políticas.

“Si el Presidente ya había dado la instrucción ¿por qué se tienen que hacer consultas? […] casi le tomó un año (al Presidente) darse cuenta que no se están siguiendo sus instrucciones, entonces, yo entiendo que el Presidente tiene mil cosas que hacer como para corretear a la gente cuando él ya lo había dicho en una mañanera”, detalló Fernández sobre el documento girado por el Ejecutivo al Legislativo para aceptar la competencia del CED.

MÉXICO SENTENCIADO

Tres sentencias emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU pesan sobre México y al menos 399 acciones de búsqueda del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, sin embargo, las determinaciones de los órganos de las Naciones Unidas no han sido cumplidas, destacó Juan Carlos Gutiérrez.

En el sistema de Naciones Unidas, explicó el defensor, existen diversos comités para vigilar que se cumplan los tratados internacionales. Cada tratado tiene un órgano, por ejemplo, para la Convención de Tortura es el Comité contra la Tortura; la Convención de Desaparición Forzada tiene el Comité contra la Desaparición Forzada, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –que es el tratado más importante y más antiguo– tiene el Comité de Derechos Humanos. Ante esos órganos se presentan comunicaciones individuales, es decir, que se denuncie al estado por violar los tratados internacionales.

Sin embargo, en el caso del Comité de Desaparición Forzada, México no podía presentar casos individuales porque lo que falta es que el estado mexicano, en concreto el Senado, acepte que México puede presentar casos individuales ahí.

Por ello, la organización civil Idheas ha presentado comunicaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, mismo que ya ha emitido tres sentencias que condenan a México por violar algunos derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tienen que ver con las desapariciones forzadas o desapariciones de particulares.

“Por ejemplo, las sentencias son por violar derechos que tienen que ver con la libertad y seguridad de las personas, de que nadie será detenido arbitrariamente, o por violar el artículo 14 que tiene que ver con el acceso a la justicia”, detalló el defensor.

Juan Carlos Gutiérrez enfatizó que en ninguno de los casos el estado mexicano ha cumplido con las determinaciones y recomendaciones que se giraron al emitir la sentencia.

El activista consideró que sí es muy importante que el estado mexicano acepte la competencia CED para que inicie investigaciones, sin embargo, destacó que “de nada sirve que el Comité de Desaparición Forzada en cinco años diga que México desapareció a una persona cuando ya el Comité de Derechos Humanos lo está diciendo (con esas tres sentencias) y el estado no ha cumplido.

“Nos serviría aceptar la competencia hacia afuera, pero hacia adentro, si no hay una política seria, en el que la cancillería haga un llamado a las entidades de los estados a cumplir con esas obligaciones y se comprometan a cumplir, si no hay eso pues no hemos avanzado en nada”.

Por otra parte, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya ha emitido al menos 399 acciones urgentes para que el Gobierno mexicano inicié la investigación y búsqueda eficiente de igual número de casos de personas desaparecidas. Las medidas más recientes que ha emitido el órgano, justo durante esta semana, son para 39 casos de desaparición en Nayarit, ocurridos entre abril del 2012 y mayo de 2019.

El defensor destacó que lo importante es que se haga una política de estado para que se cumplan las sentencias del Comité de Derechos Humanos de la ONU y las acciones urgente que emite el Comité de Desaparición Forzada.

“De qué sirve aceptar las competencias de los comités si no existe una voluntad real y efectiva para avanzar en el cumplimiento serio de las determinaciones”, insistió.

El especialista en derechos humanos explicó que las sanciones son en términos de legitimidad e imagen internacional, es decir, que impactan el récord de México ante los comités de la ONU.

En los últimos años en México, los casos de personas no localizadas, extraviadas y desaparecidas, incluyendo a aquellas víctimas de desaparición forzada, han ido en aumento. Foto: Cuartoscuro

“Cuando un estado como México se pone a la altura de países como Venezuela, Iraq o Irán por incumplir sanciones pierde legitimidad internacional. Y hay que recordar que México es un país que se ha mostrado activo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que presenta candidaturas de manera constante ante varios órganos de la ONU. Entonces, ese récord pesa y México (al no cumplir las determinaciones) pierde credibilidad y eso puede impactar en términos de la imagen institucional de un estado que a nivel internacional dice una cosa, pero a nivel interno contradice sus acciones”, apuntó.

La organización Idheas, anunció su director, ya prepara las respuestas para informar a las Naciones Unidas sobre la posición del estado México en cada una de estas sentencias emitidas.