La Cámara de Diputados aprobó hoy con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones la Ley de Seguridad Interior que regula la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y la envió al Senado para su análisis y ratificación, una acción que Amnistía Internacional México calificó “retroceso para los derechos humanos”.
Ciudad de México, 30 de noviembre (EFE/SinEmbargo).- Amnistía Internacional México calificó como un “retroceso para los derechos humanos” la Ley de Seguridad Interna tras haber sido avalada esta noche por la Cámara de Diputados,razón por la que urgió al Senado rechazarla y comprometerse con la protección de los derechos humanos.
“Hoy es un día de retroceso para los derechos humanos. Justificada en el marco de la seguridad nacional, esta ley se ha apresurado y los diputados y diputadas han aprobado un dictamen a pesar de las opiniones de expertos y del rechazo que hemos manifestado las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en peligro la vigencia de los derechos humanos en México, y mostrando poco interés de las autoridades por proteger a la ciudadanía”, sentenció Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI.
Tania Reneaum dijo que la aprobación es preocupante y no puede partirse porque normaliza la participación de las de las fuerzas armadas en labores policiales, cuando México lleva décadas documentado violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.
Reneaum se pronunció por un retiro progresivo de las Fuerzas Armadas, a la par de consolidar una profesionalización de las Policías civiles.
“Claramente, al Estado mexicano no le interesa apostar por el desarrollo de mejores cuerpos policiales: capacitados, con salarios dignos, que puedan llevar a cabo adecuadamente las funciones de seguridad que corresponden a sus funciones y que sean llamados a cuentas en caso de violaciones de derechos humanos”, se lee en el comunicado.
La Cámara de Diputados aprobó hoy con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones la Ley de Seguridad Interior que regula la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y la envió al Senado para su análisis y ratificación.
La Comisión de Gobernación aprobó el dictamen a primera hora de esta jornada y el pleno avaló un acuerdo de la llamada Junta de Coordinación Política para modificar el orden del día para incluirlo y discutirlo.
Durante el debate se rechazaron mociones suspensivas de diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), informó la Cámara en un comunicado.
Al fundamentar el dictamen ante el pleno, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que esta ley representa una “respuesta idónea” a los nuevos y complejos escenarios de inseguridad que hay en el país.
Ernestina Godoy Ramos, de Morena, rechazó el dictamen al considerar que el mismo “avala la militarización” del país al otorgar autonomía a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
La Ley de Seguridad Interior fue aprobada un día después de que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, le pidiera al Congreso atender con urgencia esta iniciativa para darle certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad.
Las Fuerzas Armadas han asumido tareas de seguridad pública durante la última década desde que salieron a las calles en el marco de la guerra contra las drogas emprendida por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
La nueva Ley de Seguridad Interior destaca que la aplicación de la ley le corresponderá a las Fuerzas estatales y federales y que sólo “cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas”.
Señala que toda intervención de Fuerzas Federales y Armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no excederá de un año y únicamente podrá ser extendida por acuerdo presidencial si subsisten las amenazas que la motivaron.
La ley aprobada por los diputados precisa que las movilizaciones de protesta social o de carácter político-electoral “que se realicen pacíficamente” bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), México registró 2.371 homicidios en octubre, con un total de 20.878 homicidios en lo que va de 2017.
El registro de los primeros diez meses de 2017 ha superado las cifras del año anterior, cuando hubo 20.547 asesinatos en todo el país.
Este año es el más violento desde la llegada al poder del presidente Peña Nieto (2012-2018), en el cargo desde el 1 de diciembre de 2012.
Tras su aprobación, el dictamen de la Ley de Seguridad Interior será enviado al Senado de la República para su revisión y aprobación, luego de lo cual se enviará al Ejecutivo para su promulgación.
Amnistia Internacional México denunció que “este día quedará en la agenda como una jornada de retroceso de derechos” puesto que el Ejército tomará funciones de seguridad pública.
“Tener al Ejército en las calles es tener a un cuerpo castrense que no está capacitado para ejercer funciones de seguridad pública. Ello puede tener afectaciones en los derechos civiles y en la integridad física de personas”, lamentó Tania Reneaum, directora ejecutiva de esta ONG.
Luis Raúl González Pérez, Ombudsman nacional, afirma que analizará la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, en caso de que sea aprobada de manera definitiva.
Mediante un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) analizará, en caso de ser aprobada, en definitiva, la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, afirmó hoy el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien expresó su preocupación por algunos de sus contenidos que podrían implicar afectaciones a los derechos humanos o propiciar que se vulneren los mismos.
Señaló que debe esperarse a que concluya el proceso de aprobación para analizar si su contenido final contraviene principios constitucionales y, de ser el caso, el Organismo Nacional ejercerá su facultad de interponer la correspondiente acción de inconstitucionalidad.
En conferencia de prensa en la ciudad de Washington, a donde acudió para desarrollar una amplia agenda de trabajo en favor de los derechos fundamentales de los mexicanos en contexto de migración en la Unión Americana, expuso que la mencionada ley dentro del proceso legislativo, aún debe pasar por la revisión y aprobación del Senado de la República, haciendo expreso su deseo porque dicha instancia tome en consideración las observaciones que al respecto ha formulado la propia CNDH, así como expertos, académicos y organizaciones sociales.
“Exhorto –expresó— a la mayor prudencia, al mayor debate, a la mayor reflexión y también a la mayor integralidad en los diversos temas que tienen que ver con lo que deseamos resolver: que el país regrese a los estadios de seguridad en donde ahorita, lamentablemente, tenemos violencia”.
Reiteró su convicción de que debe haber un gran debate sobre la propuesta de Ley de Seguridad Interior, que tiene que analizarse a la luz de otros temas como la nueva Fiscalía General de la Nación, la operación del Sistema de Justicia Penal, así como el fortalecimiento de las policías, enfatizando la necesidad de que los problemas que el país enfrenta en materia de seguridad y justicia, se aborden bajo un enfoque integral y no se atiendan los mismos de manera parcial.
