“Este caso evidentemente tiene que ver no sólo con nuestra soberanía de México sino también con los derechos humanos, que diariamente son afectados por los grupos criminales”. Foto: Especial, Cuartoscuro

Una cumbre de la ONU sobre terrorismo celebrada en Nueva York en septiembre de 2015 concluyó en una condena contra el terrorismo: “En todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de dónde y con qué propósitos, puesto que constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales”.

Más aún, explícitamente, señala: “ningún motivo o agravio puede justificar o legitimar que se ataque o dé muerte deliberadamente a civiles y no combatientes” y cierra contundente: “toda acción cuyo objetivo sea causar la muerte o graves daños físicos a civiles o no combatientes, cuando dicha acción tenga, por su índole o contexto, el propósito de intimidar a la población u obligar a un Gobierno o una organización internacional a hacer o no hacer algo, no puede justificarse por ningún motivo y constituye un acto de terrorismo”.

La diplomacia mexicana seguramente suscribió este pronunciamiento antiterrorista y lo obliga a revisar sus estrategias y actuar en consecuencia. Después de los acontecimientos trágicos de Culiacán del 17 de octubre no faltaron voces en aquella tarde de perros los miembros del Cártel de Sinaloa se habían pasado de la raya y eso podría llevar a que esta organización fuera considerada una organización terrorista.

Edgardo Buscaglia, especialista en temas de narcopolítica, llegó a señalar en un tuit al que la “disculpa” del cártel que circuló en redes sociales era producto del temor a ser considerada una organización terrorista. Destacó que eso implicaría ser perseguido con todos los recursos humanos y materiales y en todos los rincones del mundo considerando que es una organización horizontal, un tejido de alianzas criminales y con alcance supranacional en más de ochenta países.

Ahora, después del ataque criminal contra mujeres y niños de la familia LeBarón, en los límites serranos de Chihuahua y Sonora, los deudos han iniciado una campaña mediática y de recolección de firmas en los Estados Unidos para que los cárteles mexicanos sean considerados organizaciones terroristas. De alcanzarse 100 mil firmas requeridas para que el Senado le de trámite a la solicitud deberán conseguirse antes del 24 de diciembre lo que significa recolectar un poco más de 3 mil diarias. Pero, para fortuna de esta familia mormona, se han encontrado con el pronunciamiento a favor del propio Donald Trump quien, saltándose las trancas diplomáticas, ha declarado que su administración está trabajando en esa dirección para que los cárteles mexicanos sean considerados organizaciones terroristas. Lo que significaría ubicarlos junto al ELN colombiano, los yihadistas radicales de varios países o el Partido de los Trabajadores del Kurdistán.

El Gobierno mexicano reaccionó de inmediato rechazando esta definición. Marcelo Ebrard afirmó que catalogar a los cárteles de la droga como terroristas es innecesario pues “tiene una implicación jurídica internacional” y eso implica que las agencias antiterroristas de Estados Unidos pudieran actuar libremente en nuestro territorio y eso su Gobierno no lo permitiría por razones de soberanía. El Presidente López Obrador argumentó en el mismo sentido pues eso implicaría “una suerte de Gobierno mundial” y la verdad el origen de la ONU, tenía ese espíritu, que los conflictos no escalaran hasta convertirse en guerras entre países.

El solo planteamiento de una posible intervención lleva implícito el reclamo de que México no está haciendo lo suficiente en materia de seguridad. Y que la estrategia de “abrazos no balazos” es incomprensible y fallida en medio de la guerra de mediana intensidad que se vive en varias regiones del país. O sea, tácitamente llama a revisar la estrategia so riesgo de que, si no lo hace, como sucedió con el hoy olvidado muro, tendría consecuencias en materia de soberanía.

Este caso evidentemente tiene que ver no sólo con nuestra soberanía de México sino también con los derechos humanos, que diariamente son afectados por los grupos criminales. O sea, abre un camino para matizar la óptica soberanista y asumir este tipo de crímenes bajo el concepto de extraterritorialidad. Vivimos en una sociedad global y el derecho internacional cada día tiene mayores desafíos, sobre todo con aquellos delitos supranacionales, cómo es el caso del narcotráfico, la trata de blancas o el lavado de dinero.

Ciertamente a nadie nos gusta la idea de una intervención extranjera en nuestro país, la reproducción de las imágenes tremendistas que vemos en zonas de conflicto armado, como hoy es el caso de Siria, donde los soldados norteamericanos transitan en medio de edificios humeantes, destruidos y una población notoriamente asustada, pero eso es la opción extrema.

En nuestro país se vive una situación de emergencia, la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos” no ha rendido los resultados esperados y al no lograrlo se mueve el ajedrez internacional. Se han calentado regiones enteras y el sentimiento de inseguridad se extiende por todo el país. Y ante esta situación la postura del Gobierno se tambalea. La estrategia hasta hoy fallida ya significó superar el número de homicidios dolosos del primer año en los gobiernos de Calderón y Peña. Que no es poca cosa. Nuestro país se encuentra entre los más inseguros del continente.

Entonces, la postura del Gobierno tiende a acotarse, y la postura de la familia LeBarón seguramente la comparten para empezar la mayoría de quienes han sufrido pérdidas humanas por la violencia criminal y no pocos de los que viven bajo esa atmósfera corrosiva.

Ahora bien, se dice que ello implicaría la intervención armada estadounidense, no creo que al Gobierno de los vecinos le interese agudizar el problema por las implicaciones bilaterales que tendría en el terreno económico y migratorio.

Cierto Trump es beligerante, ha dicho que está haciendo la tarea para que los cárteles sean considerados organizaciones terroristas, sabe que AMLO es hoy su aliado en materia de migración que va en perjuicio de quienes buscando una mejor vida. Vienen incluso desde el África profunda, con el objetivo de llegar al territorio de la Unión Americana, saltando fronteras. Pero eso a Trump no lo detiene está convencido de explotar las debilidades de México en perspectiva de los comicios estadounidenses de 2020 o sea estamos en un juego de suma cero, donde lo que pierde lo gana el otro. Y México, no está en una buena posición.

En fin, una definición de terrorismo dirigida hacia los cárteles, con una política específica de intervención armada se ve lejana y, en cambio, es una buena oportunidad para revisar la concepción de seguridad del Gobierno obradorista. México está obligado a tomar la iniciativa, o mejor continuar, lo que está haciendo bien en materia de lavado de dinero mafioso de lo contrario será un incentivo para los duros de uno y otro lado de la frontera norte.

Quizá peque de optimista, pero algo habrá de pasar, porque lo cierto es que la situación tiende a empeorar y lo sucedido en Culiacán y Bavispe, sin duda constituyen ya un punto de inflexión para el mejoramiento de nuestra política de seguridad pública