Aunque el Congreso del estado despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, no eliminó la protección a la vida desde la fecundación, incumpliendo con lo establecido por la SCJN.
Mérida, Yucatán, 9 de abril (SinEmbargo).- Con 22 votos a favor y 13 en contra, el Congreso del estado de Yucatán despenalizó el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación, tal y como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, el Legislativo no cumplió del todo con lo establecido por la Corte, ya que no eliminó la protección a la vida desde la fecundación, una medida considerada inconstitucional por obstaculizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con capacidad de gestar.
El primer dictamen sometido a votación durante la sesión del pleno fue el que buscaba quitar del Artículo 1 de la Constitución local la protección a la vida desde la fecundación. Al tratarse de una reforma constitucional, su aprobación requería la mayoría calificada, es decir, 24 votos a favor.
No obstante, la Diputada panista María Teresa Boehm admitió abiertamente que su bancada violaría lo establecido por la Corte: no aprobaría la propuesta. “Nuestro voto es en contra, no por dogmas, ni por ideologías, sino por convicción de que un mejor Yucatán es uno donde se defienda la vida y se acompañe a la mujer”, afirmó.
En respuesta, mujeres y defensoras de derechos humanos presentes en la sesión, con pañoletas verdes y carteles a favor del derecho a decidir, exclamaron: “¡Si el PAN vota en contra, la historia no perdona!”.
Pese a esto, los 12 legisladores y legisladoras del PAN, así como el Diputado del Partido Verde Ecologista de México, Harry Rodríguez, votaron en contra del dictamen. Ante este resultado, el recinto se llenó de gritos de “¡Desacato!” por parte de las ciudadanas que acudieron a atestiguar la sesión.
Después, se sometió a votación la reforma para modificar los artículos 389, 390, 391, 392 y 393 del Código Penal local, con el objetivo de despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación y sancionar las interrupciones forzadas del embarazo.
En este punto, y ante el rechazo a la reforma constitucional, la Diputada de Morena, Clara Rosales, presentó un dictamen para añadir al Código Penal un párrafo que impida que las mujeres que aborten sean acusadas del delito de homicidio en razón de parentesco.
"Esta modificación aborda la problemática que surge cuando ciertos juzgadores, al no poder imputar el delito de aborto, buscan reconfigurar la conducta típica como homicidio en razón de parentesco. Sin embargo, en el contexto de que una mujer aborta por razones de salud o porque su vida está en peligro, el acto no debe tratarse como un homicidio", explicó.
La legisladora aprovechó la tribuna para lanzar una advertencia a la bancada panista: “No olvidemos a quienes el día de hoy están votando en contra de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar. No olvidemos que el Partido de Acción Nacional hoy nos dio la espalda, pero la Marea Verde en Yucatán seguirá avanzando hasta que las maternidades sean deseadas y acompañadas. ¡Será Ley Yucatán!”, sostuvo.
La Diputada de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta, enfatizó que la reforma “no obliga a abortar”, sino que su objetivo es “dejar de considerar criminal a quien, por la razón que sea, decide interrumpir su embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación”.
El dictamen fue aprobado por mayoría, con 22 votos a favor y 13 en contra, con lo que Yucatán se convirtió en el estado número 23 en despenalizar el aborto voluntario.
¿Qué sigue? Según Amelia Ojeda, abogada de la asociación civil Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), cuando la reforma al Código Penal entre en vigor, el Estado estará obligado a proveer el servicio de interrupción del embarazo a cualquier persona que lo solicite antes de la semana 12 de gestación.
Además, el Congreso debe informar al Juez federal sobre las medidas que tomó para cumplir con la sentencia del amparo 274/2024, que dio origen a las reformas para despenalizar el aborto.
"El Juez, por supuesto, va a notar que una parte de la sentencia no se cumplió", indicó la defensora de derechos humanos, quien espera que la autoridad judicial tome cartas en el asunto para exigir al Congreso la eliminación de la protección a la vida desde la fecundación.
El ambiente fue festivo entre las defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Aunque algunas personas simpatizantes de movimientos antiderechos se presentaron con imágenes de la Virgen de Guadalupe para rezar a las afueras del Poder Legislativo y manifestar su rechazo a la despenalización del aborto, sus voces fueron ahogadas por la algarabía de las mujeres con pañoletas verdes que celebraron la decisión del Congreso.
"Este paso nos ha llevado bastante tiempo. Lo que más me da gusto es que quienes, en 2009, interpusieron los candados para el aborto voluntario en la Ley y en el imaginario social, generando esta criminalización, pudieron ver que los derechos van lentos, pero llegan", concluyó Amelia Ojeda.
