Demanda Colectiva Maíz plantea que México recibió un "trato discriminatorio” de parte de las autoridades de EU y de las empresas de biotecnología porque en el panel del T–MEC presentaron evaluaciones de riesgo basadas sólo en los hábitos de consumo de maíz de la población estadounidense, muy distinta a la mexicana.
Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– La agrupación Demanda Colectiva Maíz, que frenó desde hace más de 10 años la siembra de maíz genéticamente modificado en México, ganó un amparo que obliga a la Secretaría de Economía a explicar, de manera clara y fundada, por qué no presentó una contrademanda a Estados Unidos por tratos discriminatorios durante el panel de controversia del T-MEC, y por omitir estudios científicos y un análisis de riesgo sobre el maíz transgénico que exporta a México.
La colectiva asegura que el Gobierno mexicano está a tiempo de exhibir las omisiones de EU, lo que ayudaría a proteger los maíces nativos y la salud de los mexicanos a la par de la revisión del tratado comercial. El Secretario de Economía Marcelo Ebrard estimó esta semana que la renegociación iniciará la segunda mitad de 2025.
Demanda Colectiva Maíz –conformada por campesinos, científicos y organizaciones– solicitó a la Secretaría de Economía en diciembre de 2023, cuando estaba a cargo de Raquel Buenrostro, contrademandar a Estados Unidos por privar a México de los beneficios que contempla el T-MEC ya que durante el panel, ese país, el solicitante de la controversia, no mostró estudios científicos que comprueben que el maíz genéticamente modificado y sus derivados son seguros tanto para el consumo en México como para la biodiversidad de maíces nativos, que se exponen a la contaminación con las exportaciones de transgénicos.
La colectiva argumentó que México recibió un "trato discriminatorio” de parte de las autoridades fitosanitarias de EU y de las empresas de biotecnología porque presentaron evaluaciones de riesgo basadas sólo en los hábitos de consumo de maíz de la población estadounidense, muy distinta a la mexicana.
“Estados Unidos quiere exportar a nuestro país maíz genéticamente modificado, pero no hay una análisis de riesgo para saber si ese maíz genéticamente modificado es inocuo para la salud humana o no, si hace daño o no, no hay ningún estudio científico que estudie la situación de consumo en México. México es un país totalmente diferente frente a EU en relación al consumo del maíz. En México el maíz es nuestra principal fuente de alimento, lo comemos todos los mexicanos todos los días, es la base principal de la alimentación mexicana. Nosotros solicitamos que se deben de realizar esos estudios”, expuso Néstor López, abogado de la Demanda Colectiva Maíz.
El Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México fue quien concedió un amparo a la agrupación que obliga a la Secretaría de Economía a dar seguimiento a la petición de contra demanda. La dependencia tardó 13 meses en responder, y expuso que la figura de contra demanda no existe en la solución de controversias en el T-MEC”.
Ante la falta de argumentación, la Demanda Colectiva Maíz presentó otro amparo, ganó y este mes un Tribunal federal resolvió que la Secretaría de Economía, ya bajo la gestión de Marcelo Ebrard, debe dar una respuesta clara, concreta, definitiva, fundada y motivada de por qué asegura que no se puede contra demandar a EU aun cuando no ha aclarado los riesgos que representan las exportaciones de maíz transgénico.
Renegociación del T–MEC
La agrupación Demanda Colectiva Maíz consideró que el Gobierno mexicano sí podría presentar la demanda y a la par, durante la renegociación del T-MEC, exigir a EU la inclusión de un análisis de riesgos sobre el impacto del maíz genéticamente modificado que exporta a México.
“Los análisis de riesgo son costosos y llevan tiempo, pero son muy importantes para nuestro país. Para que, antes de introducir, o si ya se está introduciendo este maíz genéticamente modificado, que se analice, que se revise cuáles serían las repercusiones a corto, mediano y largo plazo para los mexicanos, para la salud de los mexicanos y también para nuestra diversidad, para nuestro medio ambiente, cuáles serán las repercusiones que generaría este maíz, o al menos que se señale la trazabilidad de hacia dónde va, cuál es el procedimiento desde que ingresa esta semilla al territorio nacional. La Secretaría de Economía tiene la obligación de defender los intereses de México”, agregó Néstor López en entrevista para el programa Dos Con Todo, de SinEmbargo Al Aire.
El abogado recordó que desde septiembre de 2013 las agrupaciones y activistas que conforman la Demanda Colectiva Maíz ganaron una medida cautelar que prohíbe desde entonces la siembra de maíces transgénicos en todo el país, una decisión que apelaron empresas como Bayer-Monsanto y Syngenta. En 2016, una orden judicial permitió la siembra de manera experimental bajo vigilancia judicial y vigilancia de los científicos de la colectiva, pero desde entonces no han presentado solicitudes para sembrar.
“Si ellos [las empresas promotoras de la siembra de maíz transgénico] estuvieran tan seguros de su tecnología, en ese momento ellos, a partir de 2016, marzo 2016, pudieron haber presentado solicitudes para sembrar y ese podría haber sido un referente para presentarlo en el T-MEC y decir: ‘Miren, desde 2016 estamos sembrando. Sí se puede controlar esa tecnología’. Pero no lo han hecho”, mencionó Néstor López.
Además de la protección que representa esta demanda colectiva, en marzo entró en vigor una reforma a la Constitución, propuesta por Claudia Sheinbaum, que modifica los artículos 4 y 27 para reconocer la diversidad del maíz como elemento de identidad nacional y alimento básico, por lo que su cultivo en México debe estar libre de modificaciones genéticas.
“La nueva reforma constitucional es muy importante, pero en relación con el T-MEC, esa es otra herramienta más que México debe de emplear y defender, no confiarse y decir, ‘pues si ya está la media cautelar y aparte está la Constitución, entonces hago caso omiso a esta contrademanda de Estados Unidos o a mi obligación. No. La Secretaría de Economía tiene la obligación de defender los intereses de México y, si es necesario, contrademandar al Gobierno de Estados Unidos por incumplimiento a nuestros beneficios que nos han sido otorgados [en el tratado comercial]”, enfatizó el abogado Néstor López.
