Los delitos que se le imputan a García Cabeza de Vaca son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Pese a los amparos que sistemáticamente ha interpuesto para evitar su detención, la FGR no ha cerrado el caso e insiste en su propósito de llevarlo ante un Juez para que sea sometido a proceso.
Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- Los profundos cambios que se experimentarán en el Poder Judicial de la Federación a partir del próximo lunes primero de septiembre del 2025, cuando se renovará toda la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y empezará a operar el Tribunal de Disciplina Judicial, que vigilará el correcto y honrado desempeño de ministros, magistrados y jueces, revitalizarán el brazo de la justicia que ahora sí podrá alcanzar a algunos presuntos delincuentes que mediante argucias han logrado evadir la cárcel, como es el caso del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado como presunto responsable de los delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Uno de los más recientes capítulos de esta truculenta historia lo reseña el periódico El Sol de Tampico, en una nota firmada por la reportera Mariela Macay, del pasado 28 de enero del 2025, que advierte: “Por presuntos delitos cometidos en la administración pasada, al menos 15 exfuncionarios del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca han sido vinculados a proceso, incluso el exmandatario se encuentra bajo indagatorias”.
“Algunas de las carpetas de investigación sí tienen que ver con el exgobernador y sí tenemos alrededor de 15 servidores públicos de la administración pasada, todos de niveles principales, vinculados a proceso”, anunció en rueda de prensa el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco.
A las penurias del exmandatario García Cabeza de Vaca se sumó la resolución del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, de Reynosa, Tamaulipas, emitida en la sesión del 24 de abril del 2025, que revocó la sentencia dictada por el Juez de Distrito Faustino Gutiérrez Pérez y negó el amparo al exgobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien radica en Estados Unidos, que le permitía tener escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas para su seguridad personal, publicó el 26 de abril del 2025 el periódico Milenio.
🎂 ¡Felicidades, querido amigo @acostanaranjo!
Te mando un fuerte abrazo; que sigas cumpliendo muchos años más.
Saludos y bendiciones. pic.twitter.com/qitgvhI0TV
— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) June 3, 2025
“El 22 de agosto de 2023, el entonces Juez Octavo de Distrito del Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, personaje polémico ligado a casos de corrupción y protector de [García] Cabeza de Vaca, así como el secretario del juzgado, Rodolfo de León Sánchez, concedieron el amparo [al exgobernador de Tamaulipas] a fin de conservar la asignación de 36 policías y 4 camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública con vigencia del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2028”, agrega la información de Milenio.
LA PROTECCIÓN PANISTA
García Cabeza de Vaca fue Gobernador de Tamaulipas entre 2016 y 2022, cargo al que llegó postulado por el PAN. En 2021, estando todavía en funciones de Gobernador, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados de la Federación la Declaración de Procedencia de la Acción Penal, para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional y ponerlo a disposición de una autoridad judicial, acusado por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Aunque la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le quitó el fuero, conservó la inmunidad constitucional para evitar ser sometido a proceso, gracias a la protección que le brindó el Congreso de Tamaulipas, dominado por mayoría panista, que no secundó ni acató la resolución de los legisladores federales. Entre amparos y amparos, y triquiñuelas jurídicas, García Cabeza de Vaca no ha pisado la cárcel y ha burlado el largo brazo de la justicia.
El viernes 30 de abril del 2021 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, por 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora, que declaró la Procedencia de la Acción Penal y la consecuente pérdida del fuero, de la inmunidad constitucional, en contra del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la legisladora priista Dulce María Sauri Riancho, dijo que con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se hacía la siguiente declaratoria: “Primero: Ha lugar a proceder en contra del Gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Segundo: Comuníquese la presente resolución al Congreso del estado de Tamaulipas para los efectos dispuestos en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero: Notifíquese, en términos de la normatividad aplicable, el sentido de la presente resolución”.
La petición de Declaratoria de Procedencia de la Acción Penal fue formulada por los fiscales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda, de la Fiscalía General de la República. El entonces presidente de la Sección Instructora, el Diputado morenista Pablo Gómez Álvarez, señaló: “Existen fuertes indicios, suficientes para considerar que el Gobernador de Tamaulipas pudo haber declarado fraudulentamente el Impuesto Sobre la Renta del año 2019 y dejó de enterar al fisco federal una cantidad que resulta algo más de seis millones de pesos”. Pablo Gómez es actualmente titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda especializada en la investigación de delitos fiscales, en combate la corrupción por el uso de dinero de procedencia ilícita y el lavado de dinero.
El miércoles 17 de agosto del 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efectos la Declaración de Procedencia de la Acción Penal emitida por la Cámara de Diputados de la Federación desde el viernes 30 de abril del 2021, cuando le quitó el fuero al mandatario tamaulipeco y le retiró la inmunidad constitucional que impedía fuera puesto a disposición de un juzgado penal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que de acuerdo con el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal, el procedimiento para retirar la inmunidad procesal al Gobernador de una entidad federativa correspondía en primer término a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, posteriormente, el congreso de la entidad federativa correspondiente tendría que decidir en última instancia si un servidor público estatal -en este caso el mandatario tamaulipeco-, podría ser enjuiciado penalmente por la comisión de un delito federal durante el periodo en el que estuviera ejerciendo el cargo.
A pesar de que la Cámara de Diputados de la Federación le quitó el fuero a García Cabeza de Vaca, el Congreso de Tamaulipas no ratificó esa decisión y mantuvo inalterable la inmunidad constitucional de su Gobernador para que no fuera aprehendido.
POLVOS DE MUCHOS LODOS
Desde hace por lo menos una década, García Cabeza de Vaca ha sido objeto de muy fuertes y delicados señalamientos. El 17 de diciembre del 2015 los periódicos de Grupo Reforma publicaron una información que advertía: “El Cártel del Golfo aportó 500 mil dólares a la campaña de Francisco García Cabeza de Vaca a la Alcaldía de Reynosa en 2004, declaró un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA)”.
Y explicaba: “Antonio Peña Argüelles, preso en Texas y uno de los testigos clave contra el exgobernador Tomás Yarrington, dice haber sentado en la misma mesa al hoy senador panista (García Cabeza de Vaca) y a narcotraficantes”.
Después de Alcalde de Reynosa, García Cabeza de Vaca fue Senador de la República y en los comicios del 2016 ganó la gubernatura de Tamaulipas. El martes 23 de febrero del 2021, según reseñó el periódico Reforma, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados de la Federación el desafuero del Gobernador panista de Tamaulipas, por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
El miércoles 19 de mayo del 2021 el periódico español El País publicó que la Fiscalía General de la República había obtenido una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca, a quien se consideraba presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Esa misma noche el Instituto Nacional de Migración emitió una orden de restricción para evitar que el Gobernador tamaulipeco huyera al extranjero.
El jueves 20 de mayo del 2021 el periódico El Economista, de la Ciudad de México, publicó que la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República en contra del entonces gobernador panista de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, se basaba en los informes que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La investigación ubicaba a García Cabeza de Vaca como líder de una presunta red de familiares coludidos para la triangulación de más de 100 millones de pesos en México, a través de empresas inmobiliarias, constructoras y despachos legales.
Ese mismo jueves 20 de mayo del 2021, en su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en las investigaciones contra el Gobernador tamaulipeco figuraban empresas en las que eran socios o guardaban alguna relación con él, sus hermanos Ismael y José Manuel; su primo José Ramón; su esposa, Marian Gómez Leal; su mamá, María de Lourdes Cabeza de Vaca; y su cuñado José Ramón Gómez Reséndez, entre otros. Habría por lo menos 12 personas involucradas en la red, según explicó ese día el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.
QUE NO LO DETENDRÁN
Cuatro años después el interés por el caso de García Cabeza de Vaca adquirió actualidad ante la presunción de que una orden de aprehensión en su contra habría quedado sin efecto en el ámbito internacional, por lo que su detención no podría llevarse a cabo con fines de extradición a nuestro país.
El pasado domingo 16 de febrero del 2025, en su cuenta de la red social “X” el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dio a conocer su versión, en el sentido de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) había decidido anular la notificación de ficha roja emitida en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR) de México.
“El día de hoy comparto con ustedes una noticia que para mí es muy importante: la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) me ha informado que anuló la notificación de ficha roja que infundadamente había emitido en mi contra la Fiscalía General de la República (FGR), y que al día de hoy no existe ningún mandamiento u orden de captura internacional en contra de mi persona”, advierte en el primer párrafo el mensaje del exmandatario tamaulipeco.
Agrega en su mensaje García Cabeza de Vaca: “Esta decisión se basó en un exhaustivo examen del caso por parte de la Interpol. Con esto se pudo determinar que las denuncias presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), carecen de todo fundamento y sustento legal y únicamente han estado motivadas por la larga campaña de persecución política en mi contra”.
Argumenta también el exgobernador panista de Tamaulipas: “Esta determinación internacional confirma lo que siempre he dicho: que las acusaciones han sido y son infundadas y solo han tenido un propósito político. También, una y otra vez, los tribunales de amparo en México han dictaminado que las acciones de la FGR [Fiscalía General de la República] son inconstitucionales y que la orden de detención es inválida. Agradezco a mis abogados mexicanos e internacionales por su asistencia y continuaré defendiéndome en todas las jurisdicciones y foros para reivindicar mis derechos contra la persecución política”.
FGR: ES ASUNTO DE TIEMPO
El lunes 17 de febrero del 2025 respondió la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero, en un comunicado oficial: “Es falso que la Interpol Internacional, con sede en Francia, haya determinado cancelar la notificación o ficha roja que existía en contra de Francisco Javier "G", por ser infundados los cargos que le ha estado fincando la Fiscalía General de la República. Lo que ese organismo policial notificó a México, es que ante un amparo que le fue concedido a esta persona, el cual fue impugnado por la FGR [Fiscalía General de la República] y aún no se resuelve en definitiva, quedaba suspendida de momento la notificación o ficha roja”.
Explica en su comunicado la Fiscalía de México: “Ello es con base en un criterio general de ese organismo internacional de suspender ese tipo de notificaciones cuando el caso lleva más de seis meses en determinado estatus. Lo cual puede variar en función del resultado de los recursos que estén en curso. El exgobernador ha sido acusado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en dos ocasiones, por hechos distintos. En ambos casos jueces de amparo con sede en Tamaulipas han dictado resoluciones -no definitivas- con el ánimo de favorecerle”.
La dependencia que encabeza Gertz Manero señala que “en uno de esos casos le concedieron un amparo que actualmente está en revisión, y en el otro, le otorgaron una suspensión para que no se cumpla la orden de aprehensión, que igualmente se encuentra en impugnación. Ambas decisiones judiciales son totalmente irregulares, y por ello han sido impugnadas”. Y advierte: “La Fiscalía General de la República estará integrando investigaciones en contra de quienes emitieron ese tipo de decisiones judiciales y procederá en ejercicio de sus funciones como legalmente corresponda”.
QUISO SER CANDIDATO
García Cabeza de Vaca buscó una diputación federal en el 2024 con el propósito de volver a tener fuero constitucional, inmunidad para no ser procesado penalmente. Sin embargo, el 17 de abril del 2024 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por mayoría de votos, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que aprobó el registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a diputado federal por el principio de representación proporcional, en el lugar número uno de la lista correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal electoral en la cual está incluido el estado de Tamaulipas.
La Sala Superior del TEPJF, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, determinó que la candidatura de García Cabeza de Vaca era inelegible porque: 1).- Existían dos órdenes de aprehensión vigentes libradas en su contra por delitos graves, sin que hubiese prescrito la acción penal; y 2).- Porque se encontraba sustraído de la acción de la justicia, a fin de evitar ser sujeto al proceso penal correspondiente.