En México, las fosas se “entierran” en el silencio institucional, en la opacidad burocrática y en la negación sistemática de una crisis que desborda cualquier estadística. La reciente actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas (Universidad Iberoamericana, Data Cívica y Artículo 19) es una herramienta tecnológica que pretende cubrir la ausencia de información sistematizada por parte del Estado. También un acto de resistencia frente a un Estado que, lejos de garantizar el derecho a la verdad, ha optado por retirar información, fragmentarla o, de plano, negarla. Se suma, además, a la lucha de las familias de personas desaparecidas que han tenido que empujar sus propias búsquedas ante la indolencia del poder político.

La plataforma nace de una ausencia grave. La ley obliga a la Fiscalía General de la República a construir y hacer público un Registro Nacional de Fosas. Hasta hoy no existe. En 2024, además, la Comisión Nacional de Búsqueda eliminó de su sitio web el mapa oficial de fosas clandestinas que documentaba hallazgos desde 2006. Con ello se borró de la esfera pública uno de los pocos e incompletos insumos que permitían dimensionar la tragedia. Frente a ese vacío deliberado, organizaciones de la sociedad civil, académicas y periodistas hicieron lo que el Estado no quiso: reconstruir la memoria desde los datos.

Lo que revelan esos datos es demoledor. Mientras la FGR reportó apenas 94 fosas clandestinas en todo 2023 y 2024, las fiscalías estatales reconocieron mil 451. La prensa documentó más de mil. En el mismo periodo, los medios reportaron la exhumación de dos mil 017 cuerpos y dos mil 719 restos óseos de personas, comparado con los mil 616 cuerpos de personas reportados por las fiscalías. No se trata de un error estadístico. El Estado mexicano no tiene —o no quiere tener— una imagen clara de su propio desastre forense.

Hay estados que niegan lo evidente. En 2024 Ciudad de México, Querétaro y Yucatán afirman no tener fosas clandestinas, aunque las fuentes abiertas demuestran lo contrario. Otros, como Veracruz, Morelos o Hidalgo, simplemente declararon “incompetencia” para entregar información.

La Plataforma Ciudadana de Fosas también deja claro que sin el trabajo de la prensa, esta crisis sería aún más invisible. En un contexto donde se han debilitado los mecanismos de transparencia y desapareció el INAI, los datos periodísticos se han vuelto una de las pocas herramientas para contrastar la narrativa oficial. Lo que es cierto es que las solicitudes de información realizadas a las 32 fiscalías estatales se volvieron un calvario ante la falta de un organismo realmente eficaz e independiente que les obligue a brindar los datos solicitados.

La nueva sección de la plataforma —Diagnóstico Forense— documenta el abandono sistemático de miles de cuerpos bajo custodia del Estado en fosas comunes. La situación de más de 70 mil cuerpos sin identificar demuestra la negligencia e improvisación que impera en las instituciones forenses mexicanas.

Son las madres, las hermanas, padres, hermanos, las colectivas de búsqueda quienes han tenido que aprender a identificar restos óseos, a clasificar fragmentos, a construir fichas forenses. En lugares como Tetelcingo o Jojutla, las familias hicieron el trabajo que el Estado se negó a hacer. Esa es la verdadera radiografía del país, la de las víctimas convertidas en expertas forenses por la irresponsabilidad gubernamental. Como correlato, un Estado ausente que no busca, no registra y no identifica a las víctimas.

El caso de Sinaloa ilustra la gravedad del problema. Oficialmente, el estado reconoció sólo 13 fosas en 2024. Sin embargo, la prensa documentó al menos 58. En el municipio de Concordia, específicamente en la sindicatura de El Verde, se habla estos días de una de las fosas más grandes del país a propósito de la desaparición de 10 mineros. El dato circula en reportajes, en testimonios, en el boca a boca de quienes buscan. No aparece en los informes oficiales. Otra vez el silencio y la opacidad, el control de daños como estrategia que apuesta al olvido y a la secuencia infinita de escándalos para distraer y desmovilizar.

La Plataforma Ciudadana de Fosas no busca sustituir al Estado, pero demuestra que sí es posible sistematizar información, cruzar fuentes, construir diagnósticos. Demuestra, sobre todo, que la crisis no es de capacidad, sino de voluntad política. Mientras el discurso oficial insiste en normalizar la violencia, o de plano negarla, las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil insisten en nombrarla. El proyecto político hegemónico pone en este tópico su interés primordial: “rasurar” los registros de desaparecidos y de fosas clandestinas.

Porque cada fosa es una historia interrumpida, cada cuerpo sin identificar es una familia suspendida en el duelo. Cada dato borrado es una forma más de violencia, que busca esconder una realidad que se nos impone cotidianamente. Frente a un Estado que niega y manipula cifras, la memoria colectiva se organiza. De esta forma, la barbarie que entrañan las fosas clandestinas seguirá hablando por sí sola, aunque intenten encubrirla con silencio y manipulación política.