Las transformaciones culturales profundas no ocurren sólo con campañas o cambios individuales. Ocurren cuando las políticas públicas crean las condiciones para que nuevas formas de alimentarnos sean posibles, accesibles y deseables.
En México hablamos constantemente de salud pública, de cambio climático y de bienestar animal, pero rara vez hablamos de lo que conecta a estos tres temas de forma directa: nuestro sistema alimentario.
Es relevante reconocer el trabajo que durante años han impulsado organizaciones como Alianza Alimentaria y Acción Climática, cuyo esfuerzo ha contribuido a que recientemente se avance en una nueva ley de alimentación en el estado de Colima, con un enfoque de sostenibilidad. No es un hecho menor. Las leyes alimentarias pueden convertirse en herramientas fundamentales para transformar cómo producimos, distribuimos y consumimos alimentos.
Sin embargo, también es necesario decirlo con claridad: este tipo de avances sigue siendo la excepción y no la regla en México.
Durante años, gobiernos y legisladores han evitado enfrentar uno de los debates más urgentes de nuestro tiempo: la necesidad de reorientar nuestras políticas alimentarias hacia modelos más saludables, sostenibles y éticos. Mientras tanto, el sistema alimentario dominante continúa profundizando una crisis que afecta simultáneamente a la salud pública, al medio ambiente y a los animales.
La crisis de salud y el modelo de producción animal industrial
México enfrenta hoy una grave crisis de salud derivada de la forma en que nos alimentamos.De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), más del 70 por ciento de la población adulta vive con sobrepeso u obesidad.
Casi el 30 por ciento de la población adulta padece hipertensión arterial y 43 por ciento de las personas con esta enfermedad no han sido diagnosticadas, según el Instituto Nacional de Salud Pública. Además, el país tiene una de las tasas más altas de diabetes tipo 2 en el mundo; esta enfermedad está estrechamente vinculada con dietas altas en productos ultraprocesados y con el consumo excesivo de carne y grasas animales.
A esta realidad se suma otro problema que pocas veces entra en la conversación pública: el modelo de producción animal industrial. Cada año, millones de animales son criados y sacrificados intensivamente en granjas industriales en México. Pollos, cerdos, vacas y gallinas viven en sistemas diseñados para maximizar la producción, muchas veces a costa de su bienestar.
Este modelo no sólo genera un enorme sufrimiento para los animales. También tiene implicaciones ambientales profundas: uso intensivo de agua, contaminación del suelo, deforestación, monocultivos, pérdida de biodiversidad y emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la ganadería industrial.
Por eso, cuando hablamos de políticas alimentarias serias, no podemos evitar hablar de la reducción del consumo de productos animales.
Políticas públicas inteligentes
No se trata de imponer decisiones individuales, sino de diseñar políticas públicas inteligentes que amplíen las opciones y faciliten la transición hacia dietas más saludables y sostenibles. Esto implica, por ejemplo, promover alimentos de origen vegetal en programas públicos de alimentación como escuelas, hospitales y comedores comunitarios; apoyar la producción de proteínas vegetales, como las legumbres; y garantizar información nutrimental clara para la población.
Desde la sociedad civil, diversas iniciativas ya trabajan en esa dirección. Programas como Love Veg, impulsado por Igualdad Animal, han demostrado que es posible promover la alimentación basada en plantas de manera accesible, culturalmente relevante y con beneficios claros para la salud y el bienestar animal.
Pero estas iniciativas no pueden ni deben quedarse sólo en el ámbito de la sociedad civil. Necesitan convertirse en política pública.
La experiencia de Colima abre una oportunidad importante: comenzar a construir una agenda alimentaria moderna, capaz de responder a los desafíos del siglo XXI. Una agenda que entienda que la alimentación no es sólo un asunto de nutrición, sino también de justicia social, sostenibilidad ambiental y consideración hacia los animales.
La pregunta es si otros estados y el propio gobierno federal estarán dispuestos a asumir ese reto. Porque si queremos hablar seriamente de salud pública, de acción climática y de reducción del sufrimiento animal, no podemos seguir ignorando el sistema alimentario que los conecta a todos.
Las transformaciones culturales profundas no ocurren solo con campañas o cambios individuales. Ocurren cuando las políticas públicas crean las condiciones para que nuevas formas de alimentarnos sean posibles, accesibles y deseables.
Colima ha dado un paso. Ahora falta que el resto del país decida si quiere seguir mirando hacia otro lado o si finalmente está listo para discutir un futuro realmente sostenible en la alimentación.
