Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- La muerte de dos agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un accidente carretero en la sierra de Chihuahua dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un escándalo de dimensiones nacionales. El caso no sólo evidencia contradicciones en la versión del Gobierno estatal, encabezado por María Eugenia Campos Galván, sino que detonó un choque de la mandataria panista con el Gobierno federal por la presencia no informada de personal extranjero en tareas de seguridad.
El Gobierno de Maru Campos, que en el pasado enfrentó acusaciones por presuntos sobornos ligados a la “nómina secreta” del exgobernador priista César Duarte Jáquez, vuelve a generar cuestionamientos. El pasado mes de marzo una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo reveló que la mandataria estatal es propietaria de una “Mansión dorada” que fue construida en un predio valuado en 31 millones de pesos, más el costo millonario de acabados de lujo.
El trabajo detalla que la propiedad está ubicada en una zona exclusiva de Chihuahua y fue edificada sobre un terreno de alto valor y con acabados de lujo que elevan considerablemente su costo total. El inmueble forma parte de un patrimonio que creció en los últimos años, especialmente a partir de su relación y posterior herencia del empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Russek, uno de los hombres más influyentes del estado.
La indagatoria también señala que el resguardo de la vivienda incluye vigilancia permanente de elementos estatales y que el patrimonio de la mandataria no se limita a esa propiedad, sino que comprende otros bienes inmobiliarios con valor millonario.
Sheinbaum exige explicar participación de agentes
Sobre el escándalo por los agentes de la CIA y desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo escaló el tono ayer miércoles al exigir explicaciones formales tanto al Gobierno de Chihuahua como al de Estados Unidos. Además, confirmó que sostendrá comunicación directa con la mandataria estatal para esclarecer lo ocurrido.
“Lo que es muy importante es que estas personas extranjeras pertenecientes a una agencia del Gobierno de los Estados Unidos participaron en una actividad”, planteó Sheinbaum, quien reveló que instruyó a la Secretaria de Gobernación y al titular de Seguridad federal a establecer contacto inmediato con Campos Galván.
La mandataria federal recalcó que no hubo notificación alguna al Gobierno de México sobre la participación de estos agentes. “Cualquier relación que haya con el Gobierno de los Estados Unidos, en cualquier materia, y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el Gobierno federal (…) y no había conocimiento de ello”, sostuvo.
De accidente a crisis de seguridad nacional
El episodio se originó el pasado fin de semana, cuando un convoy oficial que regresaba de un operativo en la comunidad de El Pinal, en la sierra de Chihuahua, sufrió un accidente en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses. En un primer momento, el Gobierno estatal intentó minimizar el hecho.
El Fiscal César Jáuregui Moreno aseguró que en el operativo únicamente participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, y descartó la intervención de agentes extranjeros. Según su versión, los estadounidenses eran instructores que impartían capacitación en manejo de drones en una comunidad cercana y que, tras coincidir con el convoy, solicitaron un “aventón” para trasladarse a la capital del estado.
"Ellos tenían un vuelo la mañana del domingo desde la ciudad de Chihuahua y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana en la que venía el Director, suben al vehículo y a las dos de la mañana, aproximadamente, sufren el percance en donde pierden la vida al desbarrancarse en una de las cañadas que existen en el lugar [...] Nunca hubo participación de ningún agente extranjero en El Pinal”.
Sin embargo, esta versión comenzó a desmoronarse rápidamente.
La confirmación que cambió el caso
El pasado 20 de abril, el periodista Luis Chaparro fue entrevistado en el programa "Los Periodistas", que conducen Alejandro Páez y Álvaro Delgado por el canal del SinEmbargo Al Aire en la plataforma de YouTube. Chaparro, quien un día antes difundió en exclusiva la muerte de los elementos de la CIA en el accidente en la sierra de Chihuahua, desmintió de forma directa la versión de que los agentes se encontraban en labores de capacitación. “Hay dos verdades: los dos agentes fallecieron y venían con agentes de la Agencia Estatal de Investigación. Pero hay una mentira: no estaban entrenando, no estaban capacitando en el uso de drones”, sostuvo.
Además reveló que los agentes habrían operado sin autorización del Gobierno federal, lo que podría constituir una violación a la Ley de Seguridad Nacional. "Una de las fuentes en la Embajada de Estados Unidos me confirma que estos 4 agentes que fueron al operativo no tenían capacidad, no tenían la autorización de operar en territorio. Lo que me dice la fuente, al igual que lo dice la Presidenta esta mañana, toda operación de un agente extranjero tiene que solicitar permiso a la federación y en este caso no hubo autorización o solicitud de operar"m expuso.
Chaparro añadió que de acuerdo con lo constatado, los agentes no se identificaban como personal extranjero e inclusive portaban uniformes oficiales de Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.
"Además los cuatro agentes llevaban uniforme de la agencia estatal de investigación de Chihuahua, iban con la ropa de la agencia, no estaban identificándose como agentes extranjeros, de su agencia o la Embajada, es decir, estaban ocultos, estaban haciéndelo por debajo de la mesa". Y advirtió que este tipo de acciones podrían no ser aisladas: “Nos dimos cuenta porque se accidentaron, pero esto tiene sucediendo mucho tiempo”.
Un día después, el 21 de abril, The Washington Post confirmó que los dos fallecidos eran agentes activos de la Agencia Central de Inteligencia y que regresaban de una operación antinarcóticos en territorio mexicano, una actividad prohibida por la legislación nacional.
El diario estadounidense detalló que ambos formaban parte de un rol “significativamente ampliado” de la CIA en el combate al narcotráfico en el hemisferio occidental, lo que contradice de manera frontal la narrativa del Gobierno de Chihuahua.
La revelación no sólo puso en entredicho la versión del “aventón”, sino que abrió la posibilidad de que autoridades estatales hayan permitido —o incluso coordinado— operaciones con agencias extranjeras sin autorización federal.
Y apenas ayer, 22 de abril, el periodista Steve Fisher, de Los Angeles Times, confirmó que la redada del domingo fue al menos la tercera vez este año que agentes de la CIA se unieron a las autoridades del estado de Chihuahua en una operación contra un objetivo relacionado con el narcotráfico.
Fisher destacó otro hecho ya comentado por Chaparro en su exclusiva: que los agentes que participaron en la redada del domingo vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para mimetizarse con los funcionarios mexicanos, según informaron personas familiarizadas con la operación, quienes hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos. Un portavoz de la CIA, dijo, declaró que la agencia no podía hacer comentarios al respecto.
"Las agencias estadounidenses, incluida la CIA, proporcionan regularmente información de inteligencia a la policía y al Ejército mexicanos, pero la participación de agentes extranjeros en operaciones policiales está prohibida por la Constitución mexicana", expuso el periodista del LA Times.
Sheinbaum: no hay operaciones conjuntas en México.
Frente a este escenario, la Presidenta Sheinbaum reiteró que México no permite la participación directa de agentes extranjeros en operativos dentro del país.
“No hay operaciones conjuntas. Hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra ni en aire”, afirmó, al explicar que la cooperación con Estados Unidos se limita al intercambio de información o apoyo técnico, siempre bajo solicitud del Gobierno mexicano.
Incluso precisó que, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional participó en el desmantelamiento del laboratorio, no tenía conocimiento de la presencia de personas extranjeras.
“Evidentemente la Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos (…) y esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos”, advirtió.
En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pidió más empatía a la Presidenta Claudia Sheinbaum por la muerte de los dos agentes estadounidenses.
"Creo que el Presidente Donald Trump estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum sería muy oportuno por las dos vidas estadounidenses que se han perdido, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo para detener el flagelo del tráfico de drogas de México a Estados Unidos", declaró en una entrevista concedida a la cadena Fox News.
La funcionaria insistió en que la mandataria debería reconocer todo el trabajo que la administración del republicano está haciendo para combatir el trafico de drogas desde México.
"Lo que estamos haciendo no sólo beneficia al pueblo estadounidense, sino también al suyo, al combatir a estos cárteles y erradicar, una vez más, el flagelo del narcotráfico y la trata de personas que ha azotado México durante demasiado tiempo", sostuvo.
Críticas por opacidad y “entreguismo”
Apenas el pasado 21 de abril, las contradicciones y omisiones del Gobierno estatal fueron duramente cuestionadas también por el Senador chihuahuense Javier Corral Jurado y por el periodista Kurt Hackbarth. En entrevista en el programa de “Los Periodistas” con Álvaro Delgado, el morenista sostuvo que el caso revela una práctica sistemática de subordinación a intereses extranjeros.
“Este hecho retrata de cuerpo entero a las autoridades del estado de Chihuahua. Este hecho nos dice en qué manos está la Fiscalía General del Estado y, por supuesto, la seguridad pública de nuestra entidad. Derivado de un lamentable accidente nos hemos enterado de la dinámica de entreguismo, en una actitud hipócrita, del Gobierno de Chihuahua y de la Fiscalía General del Estado al participar en operativos conjuntos con agentes norteamericanos, en este caso adscritos a la Agencia Central de Investigación”, dijo Corral Jurado, quien fue Gobernador del estado de Chihuahua entre 2016 y 2021.
Por su parte, Kurt Hackbarth fue más allá al señalar que lo ocurrido apunta a acuerdos opacos entre gobiernos estatales y Estados Unidos.
“Lo que pasó en Chihuahua esta semana no es una cosa menor, es el Gobierno de Estados Unidos haciendo tratos en lo oscurito con gobiernos estatales de oposición llegando a acuerdos para operar juntos con sus agentes estatales.”
El periodista también planteó interrogantes sobre el alcance territorial de este tipo de colaboraciones, sugiriendo que Chihuahua podría no ser un caso aislado.
“Llevan tiempo en esto y esto abre una interrogante muy interesante. ¿Si Chihuahua lo está haciendo, qué otros estados lo están haciendo? Y en qué términos.”
En tanto, Javier Corral enfatizó que el caso también pone en entredicho la credibilidad de las autoridades estatales, particularmente por los cambios en la narrativa oficial conforme avanzaron las horas tras el accidente.
“Retrata el nivel de autoridad de Chihuahua porque ha venido una escalada de mentiras, de falacias, porque la versión oficial de manera oficial de manera grotesca ha terminado de señalar que en realidad solamente les estaban dando un aventón.”
El Legislador advirtió que las acciones del gobierno estatal podrían constituir una violación directa al marco legal mexicano, al permitir la operación de agentes extranjeros sin los permisos correspondientes.
“La conducta de la Gobernadora y del Fiscal de Chihuahua constituyen una abierta violación a la Constitución, han burlado la legislación en materia de seguridad nacional que señala la necesaria autorización la actuación de cualquier agente extranjero en el país.”
Un modelo de colaboración que ya estaba en marcha
El escándalo ocurre en un contexto donde el propio Gobierno de Chihuahua ha reconocido su intención de ampliar la cooperación con agencias estadounidenses. En entrevista con El Heraldo de Juárez, el Secretario de Seguridad estatal, Gilberto Loya Chávez, confirmó que existe apertura para la presencia incluso permanente de agencias como el FBI, la DEA, el CBP y la Patrulla Fronteriza.
“La Torre está abierta para la presencia eventual y eventualmente permanente de estas agencias”, declaró sobre el complejo conocido como Torre Centinela, concebido como un centro internacional de inteligencia.
El funcionario reconoció que, aunque formalmente se trata de colaboración e intercambio de información, existen gestiones paralelas para ampliar el nivel de cooperación con autorización de la Cancillería.
“Ahorita está pensado, por supuesto, en un tema de colaboración y cooperación con esas agencias, que es lo que legalmente podemos hacer a nivel estatal, sin embargo, en paralelo, corren todos los procesos para que la Cancillería autorice el siguiente nivel de colaboración. Sin embargo, en el nivel de colaboración que tenemos es suficiente las facultades estatales para poder colaborar con estas agencias de manera permanente”, comentó en dicha entrevista.
Algunas de las agencias de seguridad de Estados Unidos a las que el funcionario estatal se refiere y con las que el Gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista María Eugenia Campos Galván, piensa colaborar e incluso invitó a trabajar en territorio mexicano son el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la Patrulla Fronteriza y los US Marshal.
Mientras que la Torre que el Secretario Loya Chávez menciona es la denominada Torre Centinela, una edificación de 20 pisos que está ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya construcción está pensada para que sirva como el eje de la estrategia de seguridad de ese estado, ya que ahí, entre otras funciones de seguridad, Campos instalará un centro internacional de inteligencia, con el cual busca establecer una colaboración con el gobierno de Donald Trump, incluso permitiendo la presencia de agentes de esas agencias.
A la pregunta de la reportera sobre si esta colaboración entre el Gobierno de Chihuahua y las agencias de seguridad estadounidenses se limitaba al intercambio de información, el Secretario de Seguridad Loya Chávez respondió sin titubear: “Implica intercambio de información y para ello por supuesto que la Torre está abierta para la presencia eventual y eventualmente permanente de estas agencias”.
Con estos elementos, el “CIA Gate” se ha convertido en una de las crisis políticas más severas para el Gobierno de María Eugenia Campos Galván. La exigencia de explicaciones por parte del Gobierno federal, las revelaciones de la prensa internacional y las críticas de actores políticos y analistas han colocado a la administración estatal bajo una presión inédita.
Más allá del accidente, el caso abrió un debate de fondo sobre los límites de la cooperación en materia de seguridad, el respeto a la soberanía y el papel de los gobiernos estatales frente a agencias extranjeras.
La reunión anunciada entre Claudia Sheinbaum Pardo y Campos Galván será clave para esclarecer los hechos. Pero, por ahora, el escándalo ya dejó una huella profunda: exhibió fisuras institucionales, contradicciones oficiales y un posible esquema de colaboración que, de confirmarse, podría tener implicaciones legales y diplomáticas de gran alcance.
