Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- Una persona presentó una denuncia penal por el robo de su automóvil y la policía lo recuperó, pero al ir por él en el Ministerio Público lo obligaron a pagar para devolverlo.
Inconforme con esto, la víctima presentó un recurso legal para revertir el cobro, sin embargo, una traba legal evitó que el caso avanzara. El asunto no terminó ahí, el denunciante siguió con su lucha, legó hasta las últimas instancias dejando a su paso un precedente legal en materia de competencias entre juzgados administrativos y penales.
Este caso fue resuelto el pasado 3 de diciembre del 2025, sin embargo, fue dado a conocer por el Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apenas este 24 de abril. Esta es la historia.
Un auto robado
Todo comenzó cuando una persona se presentó a las oficinas del Ministerio Público para que le devolvieran un vehículo de su propiedad que recién había reportado como robado.
La alegría y emoción que significó recuperar su auto se desvaneció cuando le hicieron saber que, como requisito para regresárselo, primero tenía que realizar un pago.
Las autoridades se justificaron señalando que el cobro no era para ellos, sino para una empresa concesionaria y el concepto de pago era para solventar los gastos derivados de la recuperación del vehículo que incluían grúas, corralón y arrastre.
Sin otra opción por el momento, la víctima de robo se volvió a sentir como tal y realizó los pagos requeridos para recuperar su automóvil.
Las trabas legales que pararon el caso
Claramente inconforme con esta circunstancia, la víctima presentó un amparo indirecto contra el Ministerio Público, pero también contra la empresa concesionaria.
Al Ministerio Público le reclamó la forma en la que ordenó la devolución de su vehículo, mientras que a la concesionaria el cobro efectuado por devolverle el automóvil.
El caso quedó en manos del Juzgado de Distrito semiespecializado en Materia Administrativa, quien rechazó resolverlo argumentando que el tema no era de su competencia y aseguró que, como los actos reclamados derivan de una carpeta de investigación, son de naturaleza penal.
Fue entonces que el asunto fue turnado al Juzgado de Distrito en Materia Penal, pero tampoco aceptó la competencia y consideró que realmente se trata de un caso en materia administrativa.
La decisión final del tribunal
Ante este escenario, el caso fue destrabado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito quien finalmente señaló que la dependencia de este caso correspondía a ambos sectores, tanto administrativo como penal.
En su sentencia, el tribunal colegiado explicó que el acto reclamado en el amparo indirecto contra el Ministerio Público es de competencia penal, mientras que la parte que rechaza el cobro del concesionario es de naturaleza administrativa.
En consecuencia, los magistrados trazaron una línea sobre cómo se tenía que proceder cuando ocurra un caso similar a este.
Primero, el juez en materia penal de atender el amparo y es en esta instancia donde se puede dejar sin efectos el cobro que se le hizo a la víctima de robo.
Sin embargo, si el juzgador sobresee el caso o niega el amparo, el asunto debe remitirse al juez en materia administrativa para definir el instrumento legal.
Con esta decisión, el tribunal colegiado abrió la puerta sobre como se debe seguir en un caso que compete tanto penal como administrativamente y destrabó el caso para que la víctima siguiera con su reclamo.
