Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- La Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, informó este lunes que el Gobierno federal enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para aplazar de 2027 a 2028 la segunda etapa de la elección del Poder Judicial; así como para modificar el sistema de evaluación de aspirantes, reducir candidaturas y simplificar las boletas electorales.
Durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal explicó que la propuesta surgió tras una evaluación de la Consejería Jurídica sobre la complejidad que implicaría celebrar la elección judicial en 2027, año en que también habrá elecciones intermedias en el país.
“Estamos haciendo una propuesta al Congreso para mover la elección al 2028 con algunas características especiales”, señaló la mandataria federal, quien también argumentó que la decisión busca facilitar la participación ciudadana y corregir problemas detectados durante la primera elección judicial.
La Presidenta Sheinbaum Pardo mencionó que, de mantenerse la fecha original, la ciudadanía tendría que acudir a casillas distintas para votar por gubernaturas, alcaldías y diputaciones, y posteriormente trasladarse a otros centros para participar en la elección del Poder Judicial.
Según la iniciativa presentada por Alcalde Luján, la elección judicial se celebraría el domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local. Las siguientes renovaciones se realizarían de manera concurrente con los procesos ordinarios de 2030, 2033 y 2036.
En la jornada de 2028 se elegirían cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 463 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 jueces de Distrito. A nivel local, también se renovarían 424 magistraturas y dos mil 831 jueces en 25 entidades federativas.
¿Qué cambios incluye la nueva Reforma Judicial?
Además de aplazar un año la segunda etapa de la elección judicial, la iniciativa plantea la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el objetivo de homologar metodologías y criterios de evaluación.
Entre sus funciones estaría verificar el cumplimiento de requisitos académicos y profesionales de los aspirantes, y establecer criterios unificados para exámenes de conocimientos y procesos de selección.
Otro de los cambios propuestos es la reducción del número de candidaturas por cada poder para facilitar la votación, ya que actualmente podían presentarse tres propuestas por cargo; ahora se busca disminuirlas a dos candidaturas finales tras una evaluación y un proceso de insaculación pública.
Los Comités seleccionarían primero a las cuatro personas mejor evaluadas por cargo y posteriormente se realizaría un sorteo para definir a las dos candidaturas definitivas, respetando la paridad de género.
La reforma también contempla simplificar las boletas electorales. Cada elector votaría por un Juez y un Magistrado por especialidad, mientras que las candidaturas aparecerían diferenciadas por colores según el poder que las postule.
El Poder Ejecutivo estaría identificado en color rosa; el Legislativo, en verde; y el Judicial, en azul. A su vez, se incluiría a jueces y magistrados en funciones que busquen la reelección.
El Instituto Nacional Electoral (INE) tendría facultades para dividir el territorio en distritos judiciales específicos, con el propósito de que cada persona vote únicamente por perfiles de su especialidad y región.
La propuesta incluye además programas obligatorios de capacitación permanente para jueces y magistrados, coordinados por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y la Escuela Judicial.
Entre las modificaciones adicionales se sugiere que las elecciones judiciales puedan realizarse en las mismas ubicaciones que los comicios ordinarios, aunque sin participación de representantes partidistas en el proceso judicial.
Al mismo tiempo se propone que el escrutinio y cómputo de votos se realice directamente en las casillas, adelantar de septiembre a abril el plazo para que el Senado emita la convocatoria general y establecer que las vacantes por renuncia, fallecimiento o destitución se cubran en la elección inmediata posterior.
La iniciativa contempla la creación de dos secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para desahogar asuntos menores y agilizar el trabajo del pleno.
Finalmente, el Gobierno federal plantea que la elección judicial de 2028 pueda coincidir con una eventual consulta de revocación de mandato, en caso de que ésta sea solicitada conforme al Artículo 35 constitucional.
180526 CJEF-Reforma al Poder Judicial
