En 2024, cuando se aprobó la reforma que incluyó a los animales en la Constitución, legisladores y legisladoras celebraron el avance que por años fue impulsado por la sociedad civil, abrazaron -al menos en tribuna y ante los medios de comunicación- ese avance que marcó un antes y un después para la protección animal en nuestro país.
Con diversos discursos que incluso llegaron a cuestionar el especismo, parecía que estábamos en una nueva etapa legislativa que por fin daría a los animales el marco legal que necesitan.
En 2026, senadores y diputados nos han regresado a la realidad política de este país, una donde los animales son utilizados como promesa de campaña, como discurso para atraer votos y atención mediática. Una realidad donde los legisladores incumplen abiertamente la Constitución y relegan a los animales.
Más de dieciséis meses de incumplimiento
El pasado 30 de abril concluyó otro Periodo Ordinario de Sesiones sin que el Congreso haya expedido Ley General de Protección, Cuidado y Bienestar Animal cuyo plazo venció el 1° de junio de 2025.
No es la primera vez. En dos ocasiones anteriores, diputados y senadores se fueron de receso sin cumplir este mandato. En total, más de dieciséis meses de incumplimiento a la Carta Magna que juraron defender. Los animales han sido relegados a tal punto que durante el periodo previo se presentaron 102 iniciativas sobre protección animal de distintos partidos, ninguna fue discutida, todas caducaron sin trámite al concluir el periodo legislativo.
Quiero ser muy precisa en lo que esto significa jurídicamente, porque no estamos ante un pendiente incómodo ni ante una agenda sectorial que puede esperar, estamos ante una omisión legislativa documentada frente a un mandato constitucional expreso, con fecha y contenido establecidos. El Congreso no tiene margen de interpretación, debe legislar y no lo ha hecho.
Lo que hemos vivido en este periodo tiene un patrón reconocible: los legisladores participan en los foros, escuchan los argumentos, asienten en privado, algunos incluso se declaran "animalistas" en sus redes pero a la hora del dictamen, nada. El discurso no se traduce en acción porque el costo político de no actuar sigue siendo menor que el costo de confrontar a los sectores que prefieren la ausencia de ley.
Desde Igualdad Animal lo hemos documentado con precisión: la iniciativa impulsada junto con la diputada Laura Ballesteros fue presentada en San Lázaro en enero, turnada a comisiones, y desde entonces ha permanecido ahí, sin fecha de dictaminación, sin compromiso formal de ninguna bancada. No porque el argumento sea débil, el argumento es impecable: es una obligación constitucional, sino porque nadie paga un costo político real por ignorarlo.
El problema de fondo
El Congreso ha demostrado que puede discutir sobre bienestar animal en mesas y foros indefinidamente, lo que no ha demostrado es voluntad de convertir ese debate
en ley, son cosas distintas y la diferencia la pagan los animales.
La iniciativa que impulsamos no es una ley cualquiera: incorpora el reconocimiento de los animales como seres sintientes, establece el principio pro-animal, cuando haya duda, la autoridad debe interpretar en favor del bienestar del animal, y distribuye competencias entre Federación, estados y municipios para que la protección no quede sólo en el papel federal. Incluye a los animales de granja: los más invisibilizados, los más numerosos, los que sufren a mayor escala y los que la industria más ha querido dejar fuera.
Cada día sin ley es un día en que esa protección no existe. No es metáfora, son más de dos mil millones de animales al año en México sin un marco normativo que el propio Congreso debía haber creado hace más de un año.
Desde Igualdad Animal no vamos a esperar la voluntad política de los legisladores. Ya lo hemos dicho: vamos a lograrlo a pesar de ellos si es necesario, eso significa más presión ciudadana, más visibilidad mediática, más trabajo legislativo en los estados, más articulación con aliados dentro y fuera del Congreso. El periodo ordinario cerró, nuestra exigencia no.
Al Congreso le queda la opción del periodo extraordinario y si no, el siguiente ordinario. Lo que ya no puede reclamar es que no sabe lo que debe hacer, ni que nadie se lo ha exigido. Más de cien mil personas han firmado la petición: académicos, veterinarios, especialistas jurídicos y organizaciones han participado en sus propios foros. La sociedad hizo su parte, el Congreso, no.
