Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).-Habitantes de la comunidad de San Pedro Atlapulco bloquearon este lunes la carretera federal México-Toluca, a la altura de El Zarco, en el municipio mexiquense de Ocoyoacac, tras denunciar una agresión armada presuntamente cometida por talamontes durante un recorrido de vigilancia en la zona boscosa de Río Seco.
La movilización derivó en la retención e incendio de tres camionetas tipo pick up que, según los comuneros, eran utilizadas para el transporte ilegal de madera. Los pobladores señalaron que solicitaron apoyo de las autoridades para dar seguimiento a los presuntos responsables, pero acusaron que no recibieron respuesta.
El cierre de la vialidad, una de las principales conexiones entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México (CdMx), provocó severas afectaciones al tránsito durante más de seis horas. Los manifestantes exigieron acciones para frenar la tala clandestina en los bosques cercanos a La Marquesa y reforzar la vigilancia en la región.
Habitantes denuncia un año de tala ilegal y amenazas
La comunidad de San Pedro Atlapulco aseguró que desde hace aproximadamente un año ha denunciado ante distintas instancias la presencia de grupos dedicados a la extracción ilegal de madera en los bosques de la zona, sin que, afirman, exista una solución efectiva para frenar el deterioro ambiental.
De acuerdo con los habitantes de la localidad, durante ese periodo registraron al menos 13 camionetas presuntamente relacionadas con estas actividades y, al mismo tiempo, enfrentaron amenazas, agresiones y diversos episodios de riesgo durante los recorridos de vigilancia que realizan para proteger el territorio comunal.
Los pobladores señalaron que decenas de hectáreas han resultado afectadas por la operación de los talamontes y advirtieron que la falta de intervención de las autoridades permite que el problema se agrave. Por ello, solicitaron el acompañamiento permanente de corporaciones de seguridad y dependencias ambientales para recuperar el control de las áreas impactadas.
🔥Incendian camionetas de presuntos talamontes en #Ocoyoacac, sobre la carretera #CDMX #Toluca 🔥 pic.twitter.com/GiRdLbKd4W
— Jorge Huízar (@j_huizar) June 16, 2026
Gobierno estatal acuerda mesa de diálogo tras bloqueo carretero
De acuerdo con reportes de medios locales, luego de varias horas de protesta y del cierre de la carretera libre México-Toluca, representantes de la Secretaría General de Gobierno mexiquense acudieron a la zona de El Zarco para entablar conversaciones con los habitantes y atender sus exigencias.
Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron instalar una mesa de diálogo para el martes 16 de junio y revisar las demandas de los inconformes, entre ellas la intervención de autoridades federales y estatales para reforzar la seguridad en la región y agilizar los procedimientos relacionados con un amparo que, según los comuneros, limita las labores de manejo forestal y restauración en una parte del bosque.
Hasta las 20:00 horas de este lunes, según reportes del medio La Jornada, la circulación continuaba suspendida en la vía federal debido a las labores para retirar los restos de las camionetas incendiadas.
Comunidades vecinas mantienen presión contra la deforestación
La inconformidad por la tala clandestina no es exclusiva de San Pedro Atlapulco. El pasado 7 de junio, habitantes de la zona de La Cañada, en el municipio de Huixquilucan, realizaron una protesta similar para exigir acciones que frenen la devastación de áreas boscosas en La Marquesa y el denominado Bosque de Agua, considerado una de las principales fuentes de recarga hídrica para el centro del país.
Los manifestantes denunciaron que la expansión urbana y la comercialización de terrenos forestales para nuevos desarrollos inmobiliarios, especialmente fraccionamientos de alta gama vinculados a la zona de Santa Fe, representan una amenaza para ecosistemas estratégicos.
Entre sus demandas destacaron la intervención de autoridades estatales y federales para detener la deforestación, garantizar la conservación de los recursos naturales y proteger el acceso al agua, además de rechazar proyectos que, aseguran, avanzan sin el consentimiento de las comunidades afectadas.
