Sandra Rodríguez Nieto
Para Ivonne Ortega Pacheco, el riesgo de no consultar a los priistas sobre los candidatos que presentarán para competir por la Presidencia de la República en 2018 e imponer las candidaturas por decisiones “cupulares”, es que la militancia rechace al partido y se repitan resultados como, por ejemplo, los de las elecciones de 2015, cuando el PRI perdió siete de las candidaturas en disputa y miles de votos incluso de sus propios militantes.
El periodista michoacano José Maldonado Sotelo se exilió del estado ante lo que considera amenazas y hostigamiento del actual Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, quien arribó a Michoacán hace más de tres años como parte del equipo que encabezó Alfredo Castillo Cervantes, nombrado el 15 de enero de 2014 titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán por el Presidente Enrique Peña Nieto.
La renegociación del TLCAN –firmado originalmente en 1992 entre México, Estados Unidos y Canadá y vigente desde 1994– fue anunciada el 22 de enero por el nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hizo de las críticas a este acuerdo comercial una de sus principales estrategias de campaña.
La competencia electoral en 2018 puede repetir la estrecha diferencia entre el primer y segundo lugar que se presentó en 2006, cuando el panista Felipe Calderón ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.
El Caso Narvarte evidencia la incapacidad de las autoridades encargadas de impartir justicia en la Ciudad de México, coincidieron abogados y también la Comisión de Derechos Humanos local. Las irregularidades y el desaseo en la investigación del multihomicidio, que cobró la vida de cuatro mujeres y un hombre hace dos años, impiden que en este caso pueda llegarse a la verdad.
Representantes de las familias del fotoperiodista Rubén Espinosa, Nadia Vera, Mile Virginia Martin y Yesenia Quiroz Alfaro, cuestionaron los motivos del Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para no tratar de aclarar el multihomicidio cometido hace dos años en la Ciudad de México.
Dos de las víctimas, Nadia y Rubén, se encontraban en esta capital en calidad de desplazados por el clima de amenazas y hostigamiento que, públicamente, atribuyeron al Gobierno del entonces mandatario estatal Javier Duarte de Ochoa Pero este contexto de amenazas, de acuerdo con lo que han denunciado las familias y sus abogados, no ha sido tomado en cuenta por la PGJ-CDMX.
Para la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, la prolongada demora en la investigación del caso Narvarte, la negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas, así como la falta de exhaustividad en el seguimiento de las líneas de investigación, constituyen violaciones al derecho al debido proceso y debida diligencia.
Desde 2014, primer año de la puesta en marcha de la Reforma Energética, que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto, la liberación del sector energético –para que empresas privadas participen en todos los eslabones de la extracción, producción y venta de hidrocarburos– se convirtió en una fuente de negocios sobre todo para empresas ligadas a un reducido grupo de ex funcionarios públicos, que tuvo su origen en el sexenio del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, dijo Alejandra Salas–Porras.
Priistas de diversas corrientes al interior del tricolor rechazan la cerrada postura del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien pretende, dicen, mantener la decisión de una élite para la elección de su candidato presidencial en 2018.
La casa donde murió Felipe de Jesús Pérez Luna, alías “El Ojos” y presunto líder del Cártel de Tláhuac, era reconocida por los vecinos como la oficina de un abogado que apoyaba a personas con problemas de embargo de sus propiedades. Al interior, efectivamente, está el mobiliario de oficina y también rastros de sangre…
La escena del crimen en la que fueron abatidos ocho presuntos integrantes de una organización criminal permanece sin resguardo. Sin cordones policiacos o vigilancia, la propiedad fue encontrada por los medios de comunicación abandonada y semi abierta. En el interior, después de un pequeño patio, permanecían aún dos grandes manchas de sangre sobre las que quedaron algunas de las víctimas.
Si bien la mayoría de los estados cumplió con reformas constitucionales y leyes para sus sistemas anticorrupción –cuyo plazo venció ayer martes–, una revisión detectó causas de preocupación en los nuevos marcos legales, sobre todo en el aprobado el lunes en la Ciudad de México.
La PGR tiene a su cargo uno de los casos más importantes en años: la investigación en contra del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, a quien le adjudica el lavado de más de 438 millones de pesos.
Desde la detención y ahora con la llegada del ex mandatario a nuestro país, la dependencia a cargo de Raúl Cervantes Andrade ha tenido tropiezos que han llevado a la oposición y a analistas a hablar sobre su incapacidad para sostener las acusaciones y llevar a prisión a Duarte de Ochoa, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El paquete de leyes del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México aprobado el lunes dejó fuera, afirmó Morena, la participación de la sociedad civil en la selección de cargos clave que, ahora, serán propuestos por el Jefe de Gobierno.
En el último día fijado para que las entidades federativas ajusten sus marcos normativos a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en dos estados –Veracruz y Baja California– no se han aprobado las leyes estatales en la materia y en uno, Chihuahua, no hay siquiera reforma constitucional.
Los estados de la república tuvieron ocho años para adecuar sus leyes, personal e instituciones a la Reforma Constitucional de la que, en 2008, emanó el Nuevo Sistema de Justicia Penal.