La crisis del sector de salud pública, rubro al que se le destina menos recursos en México con respecto al resto de los países de la OCDE, trajo consigo una proliferación de clínicas u hospitales privados que han cubierto –por lo menos de manera temporal, pues carecen de regulación– algunas de las necesidades primordiales de la población. Ante la falta de atención adecuada y las deficiencias en materia de cobertura del sector salud estatal, los mexicanos están cada vez más dispuestos a invertir una parte de sus ingresos para cubrir lo que constitucionalmente es un derecho.
Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– Entre los 34 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que menos dinero invierte en salud. Tan sólo el 6.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); es decir aproximadamente 1 billón 108 mil 506 millones es lo que se destina a ello. Esta podría ser una de las razones por las que especialistas, políticos, pacientes y gente del sector perciben que el sistema de salud mexicano atraviesa por una crisis que, entre otras cosas, ha desatado una proliferación de clínicas u hospitales privados, uno de los síntomas de esta situación.
De acuerdo con académicos, la crisis del sector público es la causa principal del auge del sector privado porque no ofrece los servicios que demanda la sociedad, ya que el propio Estado no destina los recursos necesarios para satisfacer una de las necesidades públicas más elementales. En ese escenario donde la saturación del sistema de salud público no permite dar cobertura a los mexicanos, los servicios privados se han convertido en una segunda opción de atención.
Para el doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se trata de un problema que obedece al comportamiento de la demanda de los mexicanos en los años recientes y que también es resultado de todo el tiempo que el Gobierno mexicano ha eludido la responsabilidad de mejorar los servicios públicos.
“Este fenómeno significa que los tiempos de atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y las dificultades de acceso a la medicina privada. En los hospitales caros, la gente recurre a medidas inmediatas para no perder un día completo si se acude a la clínica pública”, dijo en entrevista para este medio digital.
Actualmente, en cada colonia del país hay uno o más consultorios privados que ofrecen el servicio de consultas las 24 horas del día y no sólo una de médico general, sino de varias especialidades. Algunas, hasta ofrecen servicios de cirugía. Sin embargo, alrededor de estos servicios que han logrado sacar de varios apuros a gran número de la población, está un sistema que carece de una legislación y al que las instancias encargadas de esa tarea, se han dedicado a repartir permisos para que funcionen.
En estos días no parece complicado montar una clínica. Es fácil encontrar páginas en la Internet que explican los pasos para abrir un hospital privado. Se dan consejos sobre cómo conseguir proveedores para los materiales, buscar especialistas de distintas áreas, invertir en equipos de alta generación y cumplir con los permisos.
Incluso un sitio web concluye con la siguiente leyenda: “como habrás podido comprobar, montar una clínica médica privada es un negocio que puedes montar en poco tiempo y con una inversión a tu medida” [sic].
En 2013, según lo recabado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), existían 3 mil 71 establecimientos privados en todos los estados de la República, la mayoría de atención general, seguidos de los que ofrecen servicios de gineco-obstetricia, psiquiatría, pediatría y traumatología. La mayoría están ubicados en el Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Puebla.
En general, reportan una ocupación de 33.3 por ciento y sus médicos atienden 0.6 consultas diarias.
¿Qué tanto la proliferación de estas clínicas se contrapone con un programa que buscar dar cobertura universal a todos los mexicanos en el acceso a servicios de salud? Según investigaciones realizadas por el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, siete de cada 10 usuarios de consultorios privados están afiliados a un servicio de salud; 39 por ciento al Seguro Popular y 29 por ciento a la seguridad social.
En 2014, el gasto de bolsillo para pagar consultas particulares, medicamentos o tratamientos representó el 44 por ciento del ingreso total de los hogares.
En el último año, 3.9 millones de personas tuvieron que pagar por recibir una consulta, sus medicamentos o estudios de laboratorio.
Acción Ciudadana, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), estimó que el costo promedio en consulta en centro privado fue de 336 pesos. Los estados en los que este servicio resulta más costoso son Sonora, con 780 pesos aproximadamente; Oaxaca con 600 pesos y Guanajuato con 400 pesos.
También al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), encargado de medir, entre otras cosas, el número de mexicanos que viven sin acceso a servicios de salud, escribió que aunque por norma constitucional está la afiliación a instituciones de seguridad social o el seguro popular debe garantizar a la población el acceso gratuito a un conjunto de servicios de salud, “el cobro y el gasto de bolsillo son indicadores de falla en la prestación de servicios […] los cobros desincentivan el uso de servicios y empobrecen, sobre todo a la población de más escasos recursos”.
UNOS APROVECHARON LA CRISIS
En entrevista para SinEmbargo, Yareli Escudero Guadalupe, integrante del comité coordinador de la Red por la Salud, explica que la aparición de clínicas privadas se deriva de la crisis por las que atraviesa el sector salud, por lo que a estas alturas la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud (SSa), tendrían que estar trabajando en una regulación.
“Tendríamos que estar viendo porqué se están dando estas certificaciones o estas autorizaciones para que esto crezca […] un panorama general o una estadística de cómo estamos no existe, pero es notorio el incremento de las autorizaciones para poner una clínica. Es algo como lo que ocurrió con el aumento en el número de escuelas privadas: empieza una decadencia en la educación pública y sale alguien que se pone listo y mejor saca una particular, que para el resto de la gente es, en apariencia, accesible”, comentó Escudero Guadalupe.
Esta accesibilidad parte de la facilidad que hay para que en cada colonia haya un sanatorio, además de una idea que la especialista considera, está sumamente cimbrada en la mente de los mexicanos: que el sistema de salud no funciona.
Si hay una urgencia y el hospital más cercano queda a una hora y la otra clínica está muy cerca a 15 minutos, la decisión puede ser obvia.
Según Leal Fernández, esta es sólo una solución de corto plazo, que es sanitariamente muy costosa, al gastar una cantidad de dinero en una consulta que “lo único que hace es mantenerlos en pie durante los siguientes días, bajo el uso además, de esos fármacos que de ninguna manera atacan el padecimiento de fondo”.
“Sin embargo también está la idea de que ir al hospital es ir a que te digan que no hay lugar o cualquier cosa, salen las barreras mentales que tenemos de los centros de salud públicos, por eso los otros son accesibles, el problema son los costos”, agregó Escudero.
Después de la decisión de acudir a un consultorio privado puede venir otro problema. Estos pueden brindar atención, estabilizar al paciente, pero por lo regular, los médicos de esos sitios terminan redirigiendo al paciente a un hospital público. Aunque cabe señalar que en ese periodo de tiempo ya se generaron costos que no en todas las ocasiones ayudarán a evitar el servicio público.
Algo similar le sucedió recientemente a la especialista. “Me pareció importante vivirla, porque por lo que yo observé, se trata de algo que ocurre a diario. Mi abuelita que es diabética se enfermó y le dio hipoglucemia, lo que la puso en un estado grave. Para mi familia fue muy fácil llevarla a un sanatorio ubicado muy cerca de su casa y la estabilizaron”.
Continúa: “Horas después los médicos me dijeron que me llevara a mi abuelita porque se iba a morir. Primero, se excusaron diciendo que saldría muy caro, a lo que contesté que no habría problema, que veríamos la forma de pagarlo. Después me dijeron que la verdad es que no tenían los aparatos suficientes para brindar la atención necesaria. ¿Cuánta gente no pasa por eso? La primera recomendación que me hicieron estos médicos, fue que la lleváramos al Hospital Juárez o al hospital general de la zona”.
POCO AVANCE DEL SEGURO POPULAR
Según datos del Coneval, el acceso a los servicios de salud es considerado como un elemento primordial para alcanzar un nivel de vida que tenga las bases necesarias para el mantenimiento de la existencia humana con un adecuado funcionamiento físico y mental.
Cuando se carece de un acceso a los servicios de salud oportunos y efectivos, tratar una enfermedad o un accidente vulnera de manera significativa el patrimonio de las familias.
Otro de los problemas que Escudero señala es la aplicación del Seguro Popular, que se limita a ser un programa de financiamiento. “Se contrapone con la realidad, porque la única garantía que tiene este seguro para temas de salud, es la consulta de primer nivel; es decir, consulta de médico general”.
Agrega que el Seguro Popular no cubre la expectativa que la población creía, porque en caso de tener algún padecimiento que requiera atención especializada no se puede atender porque no está incluido en la póliza de seguro.
“¿Cómo es que se contrapone con la proliferación de clínicas privadas en México? Cuando el Seguro Popular no me lo cubre, no tengo seguridad social, busco alternativas para curarme”, sostuvo Escudero.
A pesar de que el acceso a la salud es un derecho constitucional, aún no se alcanza la cobertura universal. De los países miembros de la OCDE, sólo México y Estados Unidos no tienen una cobertura universal.
Más de 21 millones de mexicanos viven sin acceso a servicios de salud, siendo Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla y Veracruz, las entidades con el mayor número de personas sin este derecho.
El mismo organismo considera que una de las principales causas del problema de acceso, es el gasto de bolsillo que ir al médico implica. Para los hogares tanto de zonas rurales como urbanas, el gasto en salud es mayor que el gasto que se destina al hogar. En promedio se gastan 3 mil 379 al año para la salud de menores de cinco años en un hogar, mientras que el gasto en salud rebasa hasta 7.70 por ciento el gasto del hogar.
En las áreas urbanas, el 18.30 por ciento de los hogares tienen algún gasto catastrófico por motivos de salud al año, mientras que el porcentaje de las familias que viven en zonas rurales, por la misma razón, es de 26.80 por ciento.
Finalmente, para Gustavo Leal, lo que debe hacerse es simple: poner a operar los recursos que hay en el Seguro Popular, que son fiscales, y que las autoridades se comprometan con programas de mejora efectivos.
