El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) tiene entre sus principales observaciones por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el pagar obras en “exceso” y liquidar “obras no ejecutadas”. Se distingue por presentar pagos improcedentes, facturas sin los datos fiscales del proveedor, así como no comprobar de manera suficiente viáticos y viajes.

De acuerdo con las organizaciones civiles expertas en investigar el destino de recursos públicos y que han realizado investigaciones sobre el Fonden –como Fundar y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)–, el fondo ya empezó a mostrar sus debilidades en la emergencia nacional por los sismos de 7 y 19 de septiembre con una respuesta lenta para que los recursos destinados a la reconstrucción puedan ser ejecutados.

Pero ese es el fondo de donde saldrá el dinero público federal, uno que ya evidenció su forma de operar con la declaratoria de emergencia por el huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel” y que es probable caiga en los mismos vicios, alertan.

Ciudad de México,  7 de septiembre (SinEmbargo).– El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) tiene una larga lista de fallas e irregularidades señaladas por al Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los últimos años y la emergencia por los sismos del 7 y 19 de septiembre no podría ser la excepción, alertaron las organizaciones Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Hay varias fallas del Fonden, porque en casos de emergencia como los sismos pasados, uno esperaría una respuesta muy inmediata para atender las pérdidas de infraestructura. Lo que se ha observado es que son mecanismos donde tarda mucho en llegar el dinero, para poder permitir mejorar o recomponer la infraestructura que se ha dañado por este tipo de emergencias. Entonces es uno de los principales retos que vemos en la fase de respuesta de emergencia que los recursos tardan mucho en llegar, bajar para atender las necesidades más apremiantes”, dijo Javier Garduño Arredondo, coordinador de Justicia Fiscal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

En entrevista con SinEmbargo el experto de Fundar, una de las organizaciones que ha hecho investigaciones sobre el Fonden, explicó que los recursos públicos federales que se ejercerán para la reconstrucción de las entidades afectadas por los terremotos de septiembre se canalizarán a través de un fondo que funciona a través de tres fases que operan con deficiencias.

“Muchas de las fallas tienen que ver con los procedimientos, porque establecen muchos pasos para poder acceder a los recursos como en la primera fase, que es la de emergencia en la cual la Secretaría de Gobernación [Segob] provee directamente de materiales para poder atender la emergencia como despensas, colchonetas, cobijas, medicamentos”, explicó.

Manuel Guadarrama, coordinador del área de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que el Fonden cuenta con un mecanismo “excesivamente burocrático” y con dos tipos de problemas: uno estructural, inherente a la creación del fondo, y otro que tiene que ver con un tema de “oportunismo”.

“A pesar de que ya pasaron dos semanas de que sucedieron los acontecimientos [sismos] no hay una respuesta definida sobre la aplicación del Fonden. En otros recursos, los parciales inmediatos que deberían funcionar con toda velocidad y rapidez, lo que hemos visto es que muchos de estos apoyos parciales están un año después de que sucedió el desastre natural”, argumentó Guadarrama.

El especialista agregó “en oportunismo no hay reglas ni mecanismos en el uso de tecnología de la información que permitan evitar la corrupción, la impunidad y el uso político de los recursos públicos. No encontramos quién verifica efectivamente que se cumplan las acciones de ejecución que tendrían que estar realizándose a través de los recursos de apoyos parciales inmediatos; las reglas de operación son omisas, no especifican plazo”.

El experto del IMCO explicó que en muchas entidades federativas se han dado recursos y asignaciones del Fonden por adelantando a contratistas “sin que efectivamente ninguna autoridad, ningún ente público supervise”.

De acuerdo con el documento “Control y seguimiento del Fonden” elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), las irregularidades más frecuentes detectadas en las auditorías a obras ejecutadas por el Fonden son: conceptos de obra pagados no ejecutados, adquisiciones pagadas en exceso, adquisiciones suministradas no instaladas, faltante de documentación probatoria, pagos improcedentes como notas de otros programas o eventos, obras duplicadas, obras en municipios y localidades no consideradas en la Declaratoria de Desastre Natural.

El análisis plantea que también se han detectado presupuestos no autorizados, desapego a la infraestructura financiera, documentación comprobatoria improcedente como notas de pagos de combustibles y lubricantes con fechas anteriores al evento o de otros municipios, así como incumplimiento de contrato y saldos no ejercidos.

Las autoridades responsables de aplicar el Fonden también han sido señaladas por una comprobación deficiente de viáticos y pasajes, retraso en la liberación de pagos de estimaciones, deficiencias en la integración de expedientes unitarios, falta de propuestas de los contratistas a quienes se le adjudicó la obra, así como falta de fianzas de vicios ocultos.

La Secretaría de la Función Pública propone en ese documento reintegrar los recursos ejercidos irregularmente, sanciones de carácter administrativo y de carácter penal.

LAS FALLAS DEL FONDEN

El análisis Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados establece que la Auditoría Superior de la Federación realizó varias observaciones a la Secretaría de Gobernación en el manejo del Fondo para la Atención de Emergencias.

Entre las deficiencias detectadas destacan la comprobación de 10 recibos de pago por 30.5 millones de pesos, los cuales no contenían domicilio fiscal del proveedor. Tampoco se acreditó la entrega de mil 200 colchonetas por 289.7 millones de pesos a la población afectada. En Baja California Sur en la operación de Fondo para la Atención de Emergencias por parte del Gobierno no se comprobó la distribución a la población de 32 mil 043 materiales de curación e insumos por 25.9 millones de pesos. El Gobierno no informó al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades la existencia en el almacén de 4 mil 193 medicamentos y diversos insumos, de los cuales, 308 medicinas y productos farmacéuticos registraban una fecha de caducidad de octubre de 2015 y febrero de 2016.

En el caso de Chiapas el Gobierno solicitó 1 millón 072 mil 976 medicamentos, de los que sólo se autorizaron 93 mil 181 “por lo que no se aseguró que dichas solicitudes se realizaran de acuerdo con las necesidades reales de la población afectada”.

La ASF encontró que no se reintegró al Fideicomiso Fonden 2003 la parte no ejercida de mil 066.7 millones de pesos que ascendió a 531.7 millones de pesos, ni se justificó la adjudicación directa de dos contratos por la construcción de obras nuevas que no corresponden a la reconstrucción, cuyo monto asciende a 11.4 millones de pesos.

Entre las observaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se destaca que la Conagua asignó 25 contratos por 14.7 millones de pesos a una sola empresa “sin evidencia de que haya informado al Comité de Obras Públicas”. La dependencia también adjudicó 13 contratos por la cantidad de 17.5 millones de pesos para la competencia hidráulica estatal.

DIPUTADOS PIDEN APROBAR OTROS MECANISMOS

Garduño Arredondo de Fundar dijo que se deben buscar mecanismos que permitan mejorar los tiempos de respuesta del Fonden, pues en la fase de reconstrucción de la infraestructura dañada por los sismos, podría repetirse lo sucedido en La Montaña de Guerrero tras el paso del huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel”.

“Donde hubo declaratorias de emergencia para acceder al Fonden, se identificó una serie de viviendas que debían ser construidas en su totalidad, pero los resultados que se reportan dan cuenta de que muchas de estas viviendas no se hicieron, que unidades habitacionales no se crearon. Esta fase se puede llevar varios años y, ya con la aprobación de los recursos, por malos manejos, son recursos que no están llegando para rehacer las viviendas”, recordó.

En agosto de este año el diario El Sur publicó que las viviendas que se están entregando como respuesta a la reconstrucción en Guerrero no cuentan con los servicios de luz, agua y drenaje, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de las cuentas públicas de 2013 y 2014 encontró irregularidades por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En el caso de la Sedatu se detectó que en 2014 compró 22 terrenos en los que se construirían casas para los damnificados y se se estimó un daño a la Hacienda Pública por 23 millones 765 mil 228 pesos.

Los terrenos adquiridos tenían un precio mayor y la Sedatu no tuvo pruebas documentales de que hayan sido entregados a las familias damnificadas, lo que supondría otro daño a la hacienda pública por 11 millones 882 mil 614 pesos.

La compra se hizo a dos empresas privadas, pero hasta el momento no hay información pública sobre las compras que ha realizado la Sedatu y tampoco se sabe el número de beneficiarios reubicados, sus datos generales, la extensión recibida y evidencia de que tanto  las propiedades, como las escrituras fueron entregadas.

El experto de Fundar planteó que los legisladores aún están a tiempo de incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 otros mecanismos de apoyo a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre.

“Estamos en un proceso de negociación del presupuesto y la puerta sigue estando abierta a otros mecanismos de apoyo para los damnificados. Existe el mecanismo de apoyo privado de la Banca de Desarrollo Nacional Fuerza México para concentrar los apoyos privados, pero el dinero público federal será a través del Fonden. También por Ley las entidades federativas están obligadas a construir fondos locales para desastres, también esa esa una alternativa”, explicó.

Mauricio Merino Huerta, experto en transparencia y rendición de cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), destacó la falta de armonización en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos porque “todo está mal planeado y mal ejecutado”.

Merino puso como ejemplo la entrega de tarjetas a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) a través de las cuales los damnificados que perdieron su casa “casi en su totalidad” podrán acceder a dinero para comprar materiales de construcción y otros insumos.

Esta semana Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, dijo que la entrega inició en los estados de Oaxaca y Chiapas y se extenderá a otros estados afectados por los sismos.

“Le están dejando a la gente la tarea de que ellos mismos compren los materiales, reconstruyan las casas. Hay grupos completos que han dejado sus casas, que a duras penas les alcanza para vivir, que tienen que hacer colas grandísimas para obtener sus tarjetas. El problema es serio, porque no se está entendiendo que el proceso de reconstrucción debe ser armonizado, basado en una sola forma de planeación y ejecución”, dijo el especialista.

Merino añadió que México no puede iniciar con la reconstrucción con los instrumentos que hoy tiene, como el Fonden y la desarticulación del dinero en diversos fondos, pues existe un riesgo de que los recursos se utilicen para efectos electorales o hacer negocios privados.

Manuel Guadarrama del IMCO agregó que entre los problemas estructurales del Fonden están las lagunas normativas para responder a los desastres naturales de manera inmediata y la falta de claridad en los criterios de asignación de recursos.