En medio de miles personas, todos los candidatos de oposición marcharon el 6 de julio de 1988 con las manos entrelazadas para protestar por un fraude electoral. El Partido Revolucionario Institucional y su candidato Carlos Salinas de Gortari habían sido declarados vencedores en unas elecciones poco claras.

Luego de 29 años, de la misma forma que Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra y Manuel Clouthier acudieron juntos a la Secretaría de Gobernación aquella noche del 6 de julio para plantar cara al fraude, los candidatos de oposición por Coahuila transitaron por las calles de Saltillo con gritos que demandaban “fuera el PRI”, mientras que otros miles más lo hacían en el Estado de México, donde la elección estuvo llena de irregularidades, mismas que la autoridad electoral tardó en atender.

La famosa “caída del sistema” de 1988 aún está presente en la vida política de México y genera resquemores. En la víspera de los resultados electorales que aparentaban poner a Cárdenas al frente, el Presidente Miguel de la Madrid ordenó que cesarán de entregarse los resultados electorales. Después el sistema de conteo se cayó, y Salinas de Gortari se convirtió en Presidente.

Hoy, esas dudas prevalecen porque el Instituto Nacional Electoral es visto como aliado de los partidos en el poder, dicen politólogos y académicos. Desde su origen, añaden, primero el Instituto Federal Electoral y ahora el INE se viciaron con la presencia de consejeros supuestamente ciudadanos pero que, al final, se eligen en el Congreso, lo que se presta a la manipulación e intereses de los partidos.

Mientras la autoridad electoral no sea realmente representativa y esté libre de cualquier sospecha de corrupción, la sociedad mexicana no quedará satisfecha, y ese grito de “¡fraude!”, instaurado en la vida política del país desde 1988, seguirá resonando en las calles, afirman.

QUINTA PARTE DE UNA SERIE

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– La tarde del 6 de julio de 1988 Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, del Partido Acción Nacional (PAN); Rosario Ibarra del Piedra, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del Frente Democrático Nacional (FDN), se dieron cita en la calle de Bucareli, en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), después de que los resultados preliminares apuntaban a la primera derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en décadas.

Un mal presentimiento se confirmaría más tarde. Después de una “caída del sistema”, el candidato priista Carlos Salinas de Gortari encabezaba los resultados electorales. La Comisión Federal Electoral publicó los resultados sin considerar los 709 mil votos anulados y no registrados. Salinas ganó con el 48.7 por ciento de los votos, seguido de Cárdenas Solórzano, con el 29.9 por ciento; de Clouthier del Rincón, con 16.2 por ciento, y de Ibarra de Piedra, con 0.3 por ciento.

Salinas de Gortari tomó protesta con la ausencia de la mayor parte de la bancada de Cuauhtémoc Cárdenas y, por primera vez en la era moderna del Congreso retumbó el grito: “¡Fraude, fraude, fraude!”.

La treceava Asamblea Nacional del PRI, realizada en 1987, terminó por evidenciar la división que había entre los tecnócratas y la Corriente Democrática. Esas diferencias que se acrecentaron con la designación de Salinas de Gortari: un político joven, que buscaba llevar al Estado hacia el neoliberalismo.

Manuel de Jesús Clouthier del Rincón y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 1988 durante una conferencia de prensa donde exigían reformas en el Congreso para permitir libertad electoral. Foto: Captura de pantalla

Una vez que el candidato priista Carlos Salinas de Gortari se hizo de la Presidencia, el PAN sería uno de los partidos más beneficiados, explicó Ricardo Espinoza Toledo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Se vuelve el gran apoyo y aliado para las reformas de Salinas de Gortari, y sus integrantes son de los grandes beneficiarios. El primer Gobernador de oposición surge de Acción Nacional. Y lo que se asume como programa de Gobierno es en esencia lo que el PAN promovía desde siempre: la no intervención del Estado”, añadió.

El programa del neoliberalismo –que inició en 1988 con Salinas de Gortari– llegaría a sus grandes culminaciones más de dos décadas despúes con las 13 reformas estructurales del actual Presidente, el también priista Enrique Peña Nieto.

Gustavo López Montiel, investigador y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research, en Nueva York, expuso que la conjunción de la oposición en 1988 detonó la velocidad con la que inició el proceso de transformación del sistema electoral. Sin embargo, la dispersión de órganos electorales ha generado confrontación.

“Los órganos electorales, tanto jurisdiccionales como administrativos, se han sumido en espacios de confrontación en alguna media por definir las decisiones sobre aspectos relevantes del Sistema Electoral, como es el caso del financiamiento”, expuso López Montiel, quien es también profesor de Ciencia Política en el Departamento del Derecho y Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey.

Hoy, el descontento de la ciudadanía hacia la clase política predomina en el arranque de los partidos políticos y aspirantes independientes hacia la contienda electoral federal del próximo 1 de julio de 2018. El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ha intervenido públicamente y en múltiples ocasiones para intentar atajar las dudas que podrían tener raíces de tres décadas.

El 11 de octubre, ante la decisión del Tribunal Electoral de la Federación de invalidar candados a las actuaciones de funcionarios, el Consejero Presidente expuso que el INE seguiría trabajando bajo criterios independientes del tribunal: “No vamos a permitir trampas en los procesos electorales que ya empezaron”, afirmó.

“En el caso de los órganos electorales mexicanos hay una peculiaridad. Y es el hecho de que en su composición –en el caso del INE, de los Organismos Públicos Locales y la integración del Tribunal Electoral– intervienen los partidos. En pocas palabras, cuando se mide la confianza en las instituciones se está en alguna medida arrastrando también el descrédito que tienen los partidos políticos”, dice Irma Mendez de Hoyos, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

FRAUDES, DUDAS, CORRUPCIÓN

Apenas el 4 de junio de 2017 pasado, las elecciones del Estado de México desembocaron en la discordia. La duda se apoderó de los mexiquenses y de la opinión pública. Las irregularidades, incluso por parte de las autoridades electorales, brotaron por doquier.

La maestra Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, cambió la cautela de un día después de las elecciones, cuando emprendió un cruzada para pedir que se recontarán los votos, y hacia el 15 septiembre acusaba que en los comicios de la entidad mexiquense se cometió uno de los “mayores fraudes de México”. Ese mismo día, Alfredo del Mazo Maza, del Partido Revolucionario Institucional, asumía como Gobernador del Edomex.

En Coahuila la historia aún no acaba. Después de cuatro meses, aún se analiza si anular la elección, tras las impugnaciones por rebases en los gastos de campaña de parte del priista Miguel Riquelme Solís. En tanto que el llamado Frente por la Dignidad continúa presionando, ahora desde las impugnaciónes que alegan fraude del PRI. Recientemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un plazo al Instituto Nacional Electoral de 10 días para terminar de resolver las quejas presentadas tras los comicios del 4 de junio.

“En general, hay un problema de confianza en el Estado mexicano, en el cual obviamente está inscrita la materia electoral. […] Si hay desaparición de personas, los ciudadanos no confíanos en que las autoridades del Estado vayan a hacer el trabajo que hace falta”, consideró Camilo Emiliano Saavedra Herrera, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre la falta de cumplimiento mínimo de los gobernantes para velar por la seguridad.

Tras las acusaciones de fraude, en 1988, el 11 de octubre de ese año se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), el primer órgano con representación de partidos políticos y un año más tarde era expedida la primera credencial de elector.

Para López Montiel, en 1988 no sólo había reglas deficientes, sino prácticas que empañaban las elecciones.

“Desde las propias urnas y la ubicación de las casillas, no había acceso a los representantes de los partidos, tampoco se ponía atención a los temas de fiscalización, al financiamiento de las campañas”, recordó.

En 1994 se creó la figura de Consejero Ciudadano, propuestos y votados por la Cámara de Diputados para ser parte del Consejo General del IFE, junto con Consejeros del poder Legislativo y representantes de los partidos. En el 1996 esa figura pasó a llamarse Consejero Electoral y quedaron como los únicos con derecho a voto.

Hacia 2014, con el paso de IFE al INE, dicho Consejo terminó por ser conformado sólo por ciudadanos, aunque elegidos por los diputados federales.

“Creo que lo que aprendimos es a contar bien los votos, esa lección está muy bien aprendida. Todos los datos indican, incluso en encuestas, con evidencia clara y pura del proceso electoral, es que en eso los órganos electorales han hecho un buen trabajo. Hoy se considera que los votos que llegan a las urnas se cuentan bien. Ahora bien, ¿cómo llegan esos votos? Ahí el problema es diferente”, dijo Mendez.

No obstante, la influencia del poder en las decisiones electorales es clara para actores políticos como el Senador Manuel Bartlett Díaz, quien era Secretario de Gobernación en 1988, y ha dicho en ocasiones previas que en esa lecciones se dio una manipulación de los resultados, no cibernética sino de las cifras.

En una entrevista con SinEmbargo, el ahora Senador por el Partido del Trabajo (PT) sostuvo que el actual Gobierno federal ha financiado más que nunca a los medios de comunicación en aras de mantener el control de las críticas.

Este es un asunto revisado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el que el Tribunal del Estado de México evitó pronunciarse en las pasadas elecciones, destacó.

Además de este control de los medios de comunicación, el político poblano criticó la conformación de los órganos electorales.

“Todos son integrados con un proceso que se hace en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República. Se reparten los nombramientos como los hace el Congreso: ‘le tocan tantos al PRI, al PAN y al PRD’. En consecuencia, los tribunales son una red de intereses, en donde dominan los intereses del poder”, dijo el Senador del PT.

El legislador, ahora también aliado del partido Movimiento de Regeneración Nacional, acusó al INE de favorecer los intereses del PRI, ya que el partido oficial habría logrado de la mano del PAN y el PRD ubicar personas en puestos clave del aparato burocrático. Esta influencia preponderante de los partidos políticos impide unas elecciones libres, planteó.

“En este sexenio, digamos, hubo una Reforma Electoral promovida por una alianza PAN-PRD. Cuando estaba iniciando el periodo exigieron en esa alianza, que también tuvieron con el PRI, la Reforma Electoral, y la exigieron condicionada a lo que después sería la Reforma Energética”, dijo Bartlett.

EL REINO DE LA IMPUNIDAD

Los especialistas consultados por este diario digital coincidieron también en que en que los procesos electorales y la democracia en México se han visto empañados por la impunidad.

“Me parece que el ‘Verdegate’ le causó mucho daños a la credibilidad del INE, porque al final pareciera que el árbitro estaba doblegado por todas atribuciones para poder castigar. Y, sin embargo, una buena parte de los consejeros como Marco Baños, que responde al PRI-Verde, al final se opusieron a medidas de fondo”, dijo Enrique Toussaint Orendain, analista político.

El 12 de agosto del 2015, el Consejo General del INE perdonó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de quitarle el registro, al considerar que no puso en riesgo la democracia pese a haber incurrido en una serie de faltas durante la campaña de ese año.

“El Partido Verde Ecologista de México violó la Ley y por eso fue sancionado, lo hizo de manera grave y por eso fue sancionado gravemente, pero el conjunto de ilícitos en los que incurrió a lo largo de estos meses no pudo en riesgo no al sistema democrático, ni al Estado constitucional”, argumentó la autoridad electoral.

La decisión fue ratificada un año más tarde por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). También se informó que el Verde había pagado alrededor de 500 millones de pesos en multas de manera oportuna.

Toussaint Orendain destacó que 2006 fue un parteagüas en el pasado reciente en cuanto a la credibilidad de la autoridad.

“Cuando Luis Carlos Ugalde era presidente del IFE dejó pasar ciertas cosas en esa elección que fueron muy polémicas. El día de la contienda, el entonces Presidente, el panista Vicente Fox Quesada, decidió no dar los resultados del conteo rápido, lo que generó muchísima suspicacia”, recordó Toussaint.

“El árbitro electoral dejó que los intereses privados influyeran de forma determinante la elección, como con el anuncio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y los poderes fácticos, en donde decían que Andrés Manuel López Obrador era ‘un peligro para México’. Ante una elección muy cerrada, en donde hubo 0.56 por ciento de diferencia, el INE se vio como un árbitro doblegado, que favoreció en su momento a un partido político: el PAN”, agregó el especialista.

PARTIDOS: LEJOS DE CIUDADANOS

Camilo Saavedra Herrera planteó, además, que en México existe un problema de representación política, en el que los partidos políticos se encuentran alejados de la ciudadanía. El 8 de octubre pasado venció el plazo para que candidatos ciudadanos manifestaran ante el INE su interés de competir por la vía independiente.

La llegada de la fecha límite, por ejemplo, orilló a la ex Primera Dama Margarita Zavala Gómez del Campo a abandonar el Partido Acción Nacional y presentar su solicitud al INE como aspirante independiente a la Presidencia de la República.

“La figura de independiente está muy cuestionada y no logra captar grandes figuras, atractivas y reconocidas por su compromiso social. Eso hace que no susciten gran interés”, dijo Espinoza Toledo.

Entre otros 31 candidatos independientes también destaca el Senador Armando Ríos Piter; Jaime Antonio Rodríguez Calderón, “El Bronco”, aún Gobernador de Nuevo León, y la candidata del Ejército Zapatista de Liberación Nacional María de Jesús Patricio Martínez.

Con excepción de algunos casos, el actual sistema hace difícil competir por un puesto popular si no se cuenta con los recursos para realizar campaña.

Espinoza sostuvo que la autodenominación de “candidatos ciudadanos” no corresponde a la del mexicano promedio.

“Lo primero es que hay que reunir alrededor de un millón de firmas, más que las estipuladas (870 mil) por aquellas con errores. Y en esa tarea el aspirante necesita tener buenos padrinos políticos y financiamiento privado. Y esto no lo logra cualquiera”, dijo.

LA SALIDA DEL FISCAL

Recientemente, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (Fepade) fue removido de su cargo, tras alegar una supuesta amenaza de parte de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), para impedir se le investigara por presunta corrupción.

Santiago Nieto investigaba las acusaciones surgidas desde la Fiscalía de Brasil en contra de la empresa constructora Odebrecht, de la que altos ejecutivos dijeron haber entregado 3.1 millones de dólares a Lozoya Austin en tiempos de la campaña eletoral de Enrique Peña Nieto a la Presidencia.

Lejos de realizarse un proceso constitucional en el que la Comisión de Justicia del Senado, órgano que designó a Nieto en el puesto, emitiese un informe sobre la remoción, el PRI intentó primero votar en secreto y luego obstaculizó el proceso hasta gastar los 10 días legales para iniciarlo.

“Se vota en cédula, dice el reglamento, cuando se va a hacer un nombramiento. Esto no era un nombramiento, sino un mecanismo constitucional. Entonces, nunca se pudo hacer, lo bloquearon permanentemente”, dijo Bartlett.

El 28 de octubre Santiago Nieto se resignó a continuar en el cargo, pese a contar con el apoyo de la oposición, alegando la politización en torno a su puesto que le impediría realizar su trabajo. Hoy Bartlett acusa que el otrora Fiscal fue hostigado por el Gobierno federal para hacerse a un costado.

“Llegamos a una situación verdaderamente grave: no sólo le piden a un Fiscal desistirse de investigar acusaciones graves, sino que lo amenazan y lo someten a un amenaza de cárcel. Por eso esa carta [la de resignación de Santiago Nieto], la hizo bajo esas condiciones”, dijo el Senador poblano, quien no dudó que las presiones hayan sido directamente desde el Ejecutivo federal y, en específico, desde la Secretaría de Gobernación.

DINERO DE PARTIDOS: EL DESPILFARRO

El 25 de septiembre pasado, el PRI presentó su propuesta para eliminar el financiamiento a los partidos políticos. Hoy, los partidos tienen asignados, de cara al 2018, recursos por 6 mil 788 millones de pesos aprobados por el Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, la propuesta sería un claro retroceso en un país donde el crimen organizado tiene un papel que jugar en el financiamiento ilícito, consideran los expertos.

“Es un despropósito, en las condiciones actuales de México, en razón del gran poder corruptor que tienen los recursos de procedencia ilícita, como son los recursos del narcotráfico”, dijo Espinoza Toledo.

En este sentido, el el PRI sería el partido más beneficiado, dedujo el académico de la UAM, ya que como se ha visto en las recientes elecciones el tricolor contó con el apoyo de los recursos del Estado mexicano a la hora de incidir en las elecciones.

Saavedra Herrera coincidió con Espinoza en el punto. Al desaparecer el financiamiento público, dijo, no desaparece la necesidad de los partidos de buscar sufragar sus operaciones. Sin embargo, sí cree que se debe cambiar la forma de hacer política.

“Hay que repensar la forma en la que se hace la política electoral en México. Por qué los partidos necesitan los espectaculares para comunicarse con nosotros. Sabemos que la propaganda utilitaria va desde gorras hasta asuntos que han generado bastante polémica en las instituciones electorales, como las puertas que se abren para la ilegalidad en el mismo INE”, dijo Saavedra.

“Es decir, que el partido político abra esas puertas, ¿puede ser considerado parte de la propaganda utilitaria o realmente estás entregando dádivas a cambio del voto?”, agregó.

De los 6 mil 788 millones de pesos aprobados para los gastos de los partidos en 2018, el 31.64 por ciento será destinado a gastos de campaña, esto es un monto de 2 mil 148 millones de pesos.

Con el terremoto del 19 de septiembre pasado, los partidos políticos pretendieron sumarse a las donaciones para la reconstrucción.

En esa iniciativa, el PRI prometió entregar 258 millones de pesos, el PAN 260 millones, el PVEM 85 millones, el Partido Encuentro Social 50.9 millones, Nueva Alianza 42 millones, Movimiento Ciudadano 78 millones, el Partido de la Revolución Democrática 25 millones y Movimiento de Regeneración Nacional 103.7 millones.

“Los cálculos que ha dicho el Presidente respecto a la construcción son de más de 38 mil millones de pesos. Eso es menos del 1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Es decir, hay mucho espacio para que del PEF se encuentren recursos. El dinero de los partidos políticos, el que se les dio por lo menos en 2017, ascendió a alrededor de 7 mil millones de pesos. Es decir, lo que podrían aportar es bastante poco”, dijo Saavedra Herrera.

Sin embargo, tampoco el país estaba preparado para los desastres. Los mil 788 millones de los partidos políticos para el 2018, representarían el 71 por ciento del Fondo de Desastres de la Ciudad de México.

Actualmente, una buena parte de las campañas provienen de las sedes de los partidos a nivel local, de los militantes y simpatizantes. En 2017, el INE determinó techos para que cada partido pudiera recibir en dinero o especie 78 millones 819 mil pesos de parte de militantes y 33 millones 611 mil pesos de simpatizantes.

“Sólo en 2015, los partidos políticos en el ámbito federal reportaron ingresos por 15 millones de pesos, derivados de rendimientos financieros. Esto implica que los partidos pueden tener alrededor de 300 millones de pesos en el banco, que en ningún momento hemos contado con información alguna respecto a si van a utilizar estos recursos o no para la reconstrucción”, dijo Saavedra.