Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- La corrupción en México no corresponde sólo a un tema de índole moral, es una problemática que ha afectado la Inversión Extranjera Directa (IED), rubro en el cual el país perdió en 2014 mil 100 millones de dólares, además de la productividad y el crecimiento económico, alertaron grupos de la sociedad civil.

Viridiana Ríos, directora del observatorio económico México ¿Cómo vamos?, expuso que las principales variables del Semáforo Económico (panel de 13 indicadores a nivel federal y estatal de esa organización) que se ven afectadas por la corrupción son la inversión, la productividad, y el crecimiento económico.

De acuerdo con datos de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de 175 países en el índice de transparencia. Los niveles de corrupción de nuestro país son equiparables a los de países como Bolivia, Moldavia y Niger.

A nivel América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos; 82 posiciones por debajo de Chile y 34 de Brasil. Es el país de la OCDE con el mayor índice de corrupción.

En materia de inversión, Ríos recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha afirmado que la inversión es 5 por ciento menor en los países corruptos. Lo que quiere decir, que tan sólo en 2014 México perdió mil 100 millones de dólares de IED, generado a partir de los capitales que se ahuyentan por esta mala práctica.

La corrupción también afecta directamente el avance económico de los estados. Entre las entidades más corruptas están Morelos y Michoacán, donde se registra una contribución al desarrollo económico menor en comparación con Querétaro y Aguascalientes que son dos de los estados que tienen menores niveles de corrupción.

Un estudio de México ¿Cómo Vamos? determinó que un incremento de un punto en el índice de corrupción, el cual va de 0 a 10, ocasiona pérdidas en la productividad del capital. Lo anterior se refiere a que las inversiones se vuelven menos productivas, debido a que parte del dinero que debería estar invertido se va a “moches”, a sobreprecios, y muchas ineficiencias que se generan a partir de actos de corrupción.

“México tiene una pérdida de aproximadamente dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), por la corrupción”, alertó Viridiana Ríos.

María Amparo Casar, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que la “percepción sobre la corrupción crece año con año. Sabemos en segundo lugar que la corrupción se ha posicionado como uno de los principales problemas incluso, en la opinión de la gente, por encima de la pobreza. Tercero, sabemos también que la impunidad acompaña a la corrupción”.

Detalló que el 97 por ciento de los delitos que caen dentro del concepto de corrupción quedan impunes.

Un índice del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que mide en 170 naciones la relación de la corrupción y el riesgo que representa para las inversiones en los países, señala que México se encuentra entre los países con altos niveles de corrupción.

“Eso es una condición relativamente baja, que no corresponde con el desarrollo del país, con el ingreso per cápita”, detalló Manuel Molano Ruiz, director general adjunto del IMCO.

La rentabilidad de inversión de los 34 países con más corrupción es alrededor de 11.5 por ciento al año, mientras que los países con menores niveles de corrupción es de 19.7 por ciento.

También comentó que en los países más corruptos la inversión es altamente volátil y “es muy difícil predecir cuánto va a dar una inversión”.

“Es muy difícil en México decir cuánto va a ser la tasa de crecimiento”, agregó.

Abundó que si se compara a Chile, que está en el grupo de los menos corruptos, contra México, al primero uno de cada 10 años les fue mal en el tema de inversiones, mientras que al segundo uno de cada 4 años.

PAÍS CON CORRUPCIÓN, PERO SIN FUTURO

El director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Enrique Cárdenas Sánchez, alertó que “si la corrupción continúa al alza, como ha sucedido durante los últimos años, el país no tiene futuro”.

“Así de duro y así de drástico es esto”, agregó. Explicó que el tema de la corrupción no es sólo estar frente a un asunto de índole moral, o de convivencia ciudadana, “se trata de un tema que pone en entredicho la supervivencia material del Estado mexicano, su viabilidad económica y social”.

“Quién duda que el gasto público para atender enfermedades crónico degenerativas será cada vez mayor. Cómo financiaremos la indispensable ampliación, la cobertura y calidad de toda la infraestructura educativa que requieren las nuevas generaciones. Las pensiones por ejemplo, que aumentan conforme más se blanquean sienes. Con qué recursos la implementación del sistema acusatorio de justicia en los juicios orales. No necesita recursos del erario, a nadie le queda duda, la respuesta es simple: estas necesidades y muchas más que el tiempo se encargará de hacer apremiantes pueden resolverse de dos maneras, incluso simultáneas”, cuestionó Cárdenas Sánchez.

Señaló que esas maneras son la mejora de la calidad del gasto que hacen los gobiernos, que significa mayor eficiencia y eficacia, lo que implica menos corrupción. La segunda, se profundiza la Reforma Fiscal mediante el aumento de contribuyentes y tasas a cobrar para hacerse de más recursos para cubrir las necesidades del gasto público.

Para llevar a cabo la primera alternativa, dijo Cárdenas, “será fundamental que éste [la reducción del gasto] se haga bien, que no haya moches, que se destine en su totalidad a su legitimo fin”.

“Deberá haber gasto público bien ejercido […] y no para solventar caprichos de funcionarios y gobernantes de todos los niveles. Tampoco se vale gastar en obras de mínima rentabilidad social, pero que típicamente tienen un alto rendimiento político […] ello implica que no haya corrupción”, detalló.

Mientras, si se opta por la segunda alternativa, la elevación de impuestos, “cómo convencer a los ciudadanos de pagar más impuestos si cotidianamente se sabe de nuevos casos de corrupción y malversación de fondos entre servidos públicos y el sector privado. ¿Con qué cara?, si a diario sale que la obra pública se encarece por pagar una comisión al gobernante en turno”.

“O bien se conocen casos en los que obtener el contrato en una licitación pública, sólo es posible mediante una mordida jugosa o una asociación de negocios con un amigo del Presidente o del Gobernador”, sostuvo.

Enrique Cárdenas destacó que si bien los impuestos a nadie le gusta pagarlos, “se vuelve lógico y torelable el pago, si se sabe que su destino es adecuado. Si la moneda de cambio son servicios públicos eficientes, y si se tiene la convicción de que cualquier evento de corrupción, que sucede en todo el mundo pero en México abunda, se castiga ejemplarmente”.

Indicó que para que el país “tenga futuro” y pueda prestar a sus ciudadanos los servicios que requieren, es indispensable un gasto público eficiente y eficaz, así como aumentar la recaudación fiscal.

“Está claro la corrupción es un elemento que hay que desterrar, no hay opción […] de otra manera el país no tiene futuro ni moral, ni material. Porque si no podemos gastar bien y no podemos cobrar los impuestos que necesitamos, vamos a tener educación menos buena, carencias cada vez más fuertes y por lo tanto el Estado mexicano comenzará, como ya ha comenzado, a tener agujeros importantes que no van a poder solventarse”, alertó.

El director del CEEY dijo que el tema de la corrupción no se trata sólo de un tema que irrite o moleste a la población, en realidad se trata “de darle solvencia al Estado mexicano”. Por ello, urgió a que el Sistema Nacional Anticorrupción sea aprobado en el actual periodo de sesiones del Senado, luego por los congresos locales y que finalmente sea implementado.

LO QUE LE FALTA A LA LEGISLACIÓN

Marco Fernández, investigador adjunto de México Evalúa, enfatizó en este contexto, que los diferentes representantes de la sociedad civil esperan “muestras de responsabilidad política de los legisladores en los Congresos locales para ratificar, a la brevedad, esta reforma constitucional”.

Indicó que con el Sistema Nacional Anticorrupción “se pueden sentar las bases para que junto con el Sistema Nacional de Transparencia recientemente aprobado, se establezcan mecanismos institucionales sólidos para una verdadera rendición de cuentas en el que se garantice el Estado de Derecho como una práctica cotidiana en todos los niveles de gobierno por los representantes de los tres poderes del Estado mexicano”.

La legislación va a tener que precisar el conflicto de interés, así como que se haga publican las declaraciones de funcionarios, y los causales de remoción de los fiscales anticorrupción.

En tanto, María Amparo Casar investigadora del CIDE, indicó que algunos de los faltantes a la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción y de la propia Ley General de Transparencia, es el asunto en torno al fuero de los legisladores “que se debió de haber atendido” dentro de la legislación.

Dijo que un segundo punto que tampoco se logró es que se hiciera obligatorio hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.

La investigadora alertó también que si para castigar los delitos de corrupción se cuenta con un Ministerio Público igual que el que atiende los delitos en general, “vamos al fracaso”. Por ello, enfatizó en la importancia de la implementación de esta legislación en políticas públicas.