Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo/EFE/dpa).– Mientras la Casa Blanca reiteró que los menores de edad que lleguen a ese país estarán sujetos a procesos de deportación, un grupo de congresistas demócratas presentó hoy un proyecto de Ley para garantizar que los menores indocumentados que cruzan la frontera de Estados Unidos, principalmente procedentes de Centroamérica, reciban asistencia legal de un abogado durante el proceso que determinará si serán o no repatriados.

“En nuestro país, asesinos, narcos y pandilleros tienen garantizada asistencia legal bajo la Constitución. Nuestra propuesta de ley simplemente le da estos mismos derechos de asistencia legal a niños pequeños y vulnerables que se enfrentan a una posible deportación”, explicó en rueda de prensa la Congresista por California, Lucille Roybal-Allard.

La Congresista californiana explicó que “trágicamente, hoy en día, los menores que se enfrentan a un proceso de deportación no tiene este derecho básico” garantizado. El objetivo de este proyecto de ley, conocido en inglés con las siglas VIVA, es, según Roybal-Allard, evitar que estos menores comparezcan ante un juez de inmigración “sin saber cómo navegar nuestro sistema de inmigración, un sistema que confunde incluso a adultos licenciados en derecho”.

Por su parte, la directora de Política Interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, informó que desde octubre pasado más de 52 mil menores migrantes han sido detenidos en ese país. “Esta migración de niños la hemos visto durante años”, dijo Muñoz, en una teleconferencia de prensa.

“Pero ahora esta migración ha aumentado por la violencia en los países centroamericanos y porque las bandas criminales le dicen a la gente que una vez que los niños entran a EU reciben un permiso y se quedarán”, agregó.

La asesora legal del Departamento de Seguridad Nacional, Esther Olavarría, enfatizó que la ley permite deportar a los menores de edad, desmintiendo uno de los rumores que, según las autoridades estadounidenses, ha intensificado la emigración de niños a EU.

“A los niños se les puede deportar y, de hecho, son deportados cada año”, señaló Olavarría.

Las funcionarias indicaron que desde el comienzo del año fiscal en curso, el 1 de octubre pasado, más de 52 mil niños, en su mayoría centroamericanos, han sido detenidos después de cruzar ilegalmente la frontera y han quedado bajo custodia del Departamento de Salud.

Otro rumor que alimenta el éxodo de menores desde América Central señala que los niños podrán ampararse en el “status de protección temporal” (TPS), que Estados Unidos haya otorgado a sus padres. El Gobierno de EU ha extendido en décadas pasadas esos TPS a cientos de miles de centroamericanos que huyeron de sus países debido a desastres naturales como terremotos o huracanes.

“Las personas amparadas por un TPS tienen que estar en Estados Unidos a la fecha cuando se otorga el TPS”, dijo Olavarría. “Los niños que vienen después no califican para el TPS”, agregó.

En el mismo sentido se expreso, Ricardo Zúñiga, director para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional, quien enfatizó que “quienes entran a Estados Unidos sin documentos, sean menores o adultos, están sujetos a la deportación y no recibirán los beneficios de una reforma de las leyes de inmigración ni de la ‘acción diferida'”.

La “acción diferida” responde a un decreto emitido en 2012 por el Presidente de EU, Barack Obama, que dejó en suspenso la deportación de jóvenes nacidos en el exterior y que fueron traídos de pequeños como inmigrantes indocumentados por sus parientes.

Zúñiga añadió que Estados Unidos destinará 40 millones de dólares para la “seguridad ciudadana” en Guatemala, 25 millones para programas de prevención de la delincuencia en El Salvador -incluidos 77 nuevos centros para jóvenes- y 18.5 millones para “policía comunitaria” en Honduras, a fin de enfrentar a las pandillas.

Además, Washington proveerá 161.5 millones de dólares para programas de seguridad en América Central, dijo el funcionario. Advirtió, asimismo, que tanto los adultos como los niños que hayan sido deportados y sean capturados nuevamente por otro ingreso ilegal están sujetos a un trámite de deportación más expedito.

Por su parte, la propuesta de los congresistas de dar asesoría legal a los menores busca responder a la necesidad creada por la llegada a Estados Unidos de miles de menores indocumentados no acompañados, provenientes principalmetne de Guatemala, Honduras y El Salvador. Su número podría llegar este año fiscal a los 90 mil, según estimaciones oficiales.

Tener o no tener un abogado puede marcar la diferencia a la hora de determinar si un niño tiene o no derecho a permanecer legalmente en Estados Unidos, coincidieron en señalar varios congresistas, y Megan McKenna, responsable de la organización no gubernamental Niños en Necesidad de Defensa (KIND, en sus siglas en inglés).

“El Tio Sam versus un niño pequeño no es una lucha justa”, dijo el Congresista por Nueva York, Hakeem Jeffries.

“Ningún niño bajo ninguna circunstancia debe enfrentarse solo a un juicio” de deportación, añadió la congresista por California Judy Chu.

Desde que estalló esta crisis humanitaria, el gobierno de Estados Unidos ha reiterado que la mayoría de niños no acompañados serán deportados y que no podrán beneficiarse de la Reforma Migratoria.

Sin embargo, McKenna explicó que “el 40 por ciento o más de estos niños” podrían recibir algún tipo de alivio migratorio que les permitiera quedarse en Estados Unidos, aunque sea temporalmente.

Según McKenna, más allá de la deportación, existen otras tres salidas legales para estos niños: solicitar asilo en caso de que teman ser perseguidos si regresan a sus países de origen, solicitar el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS) si han sido abandonados o abusados por sus padres o solicitar un visado U si han sido víctimas de un crimen grave.

La clave está en si tienen o no abogado. Si no tienen abogado no pueden acceder a estas formas de alivio. Con un abogado tiene más éxito”, explicó McKenna, quien recuerda que muchos de estos niños centroamericanos huyen de la violencia generada por el narcotráfico y las pandillas en sus países de origen.

El pasado 6 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy un proyecto piloto por valor de dos millones de dólares por el que se reclutarán unos cien abogados y asistentes legales para ofrecer gratuitamente sus servicios a niños indocumentados solos que cruzan la frontera sin sus padres o tutores.

Los congresistas consideran que ante la posible llegada de unos 90 mil menores no acompañados a la frontera este año fiscal, este proyecto piloto “no es suficiente”, razón por la que han presentado esta propuesta de ley para garantizar que los niños tienen asistencia legal en sus procesos de deportación.