Por Shaila Rosagel y Mayela Sánchez
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– El ultimátum de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa venció anoche, y la respuesta del gobierno fue quedarse mudo.
La petición de licencia del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, no apaciguó el fuego en el estado ni aceleró los tiempos para que las autoridades respondieran cuál es el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, desaparecidos hace casi un mes, lejos de esto, la Procuraduría General de la República (PGR) busca la manera de ligar a los normalistas con el crimen organizado, según criticaron activistas e incluso sus padres, quienes rompieron con la dependencia.
Al mismo tiempo, la Unión de Pueblos Originarios de Guerrero (UPOEG) encontró en las nueve fosas localizadas el jueves en la zona conocida como Loma del Zapatero, en Iguala, una mochila, lapiceros, una playera de una secundaria técnica, huaraches, zapatillas y zapatos.
Los padres de familia y compañeros de los 43 estudiantes rompieron el diálogo con la PGR y con su titular, Jesús Murillo Karam, por considerar que no es un interlocutor serio y no creen en la información que les ha dado, por lo que exigieron que sea el propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien los reciba.
El rompimiento se dio al cumplirse las 48 horas que los padres dieron de plazo a la dependencia para que diera a conocer avances.
La línea de investigación que se sigue debe redireccionarse, exigieron, pues se está tratando de desvirtuar con acusaciones como las de que los alumnos ausentes tenían nexos con el crimen organizado.
En conferencia de prensa, realizada en la Normal Rural de Ayotzinapa, los familiares de los estudiantes desaparecidos y los alumnos de esa escuela comentaron a la prensa que no se volverán a sentar con las autoridades hasta no ser recibidos por el Presidente Peña Nieto.
También, en entrevista con SinEmbargo, el vocero de los padres de familia, Manuel Martínez, anunció que están definiendo las siguientes acciones que darán en su exigencia de justicia y para que sus hijos aparezcan.
Plantearon que la solicitud de licencia de Aguirre “no soluciona nada” y no les regresará a sus hijos y compañeros, por lo que también solicitaron que las autoridades investiguen a los gobiernos municipales y estatales no sólo por la tragedia del pasado 26 de septiembre, sino desde los hechos del 12 de diciembre de 2011, cuando fuerzas federales y locales atacaron una manifestación de los normalistas de esa escuela, asesinando a dos de sus alumnos y a un civil.
LA RESPUESTA DE LA PGR
Horas antes de la conferencia de los padres de los desaparecidos, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles Defensores de los Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, acusaron a la dependencia de querer vincular a los normalistas con el crimen organizado, para justificar su desaparición.
El estudiante y vocero del comité estudiantil Ricardo Flores Magón, Uriel Alonso Solís denunció que la PGR ha tratado de modificar las declaraciones que han hecho los normalistas a la dependencia.
Abundó que, al momento de firmar las declaraciones los estudiantes se han percatado de que los agentes federales que recogen los testimonios modifican los hechos y han tratado, sin poder lograrlo, de incluir lo informado por el Procurador José Murillo Karam, de que lesionaron a un chofer que se resistió al intento de retener un autobús, hecho que desmintió.
En declaraciones por separado, al finalizar una peregrinación desde la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa hasta el zócalo de Chilpancingo, los representantes de las organizaciones afirmaron que hay una desviación en las investigaciones, porque la PGR está incriminando a los estudiantes de tener nexos con grupos insurgentes y la delincuencia organizada.
El abogado de Tlachinollan consideró que el gobierno federal trata de tergiversar las investigaciones como un mecanismo de control de daños que pretende hacer frente a un movimiento estudiantil que va creciendo y “puede trastocar y poner en jaque al gobierno de Peña Nieto”.
Reiteró que las líneas de investigación deben estar en torno al proceso de criminalización y el hostigamiento que la normal sufre, y que la impunidad de autoridades estatales y federales no se debe limitar a las autoridades municipales.
El Procurador Murillo Karam señaló el miércoles que los autores materiales del atentado a los normalistas fueron el Alcalde prófugo de Iguala José Luis Abarca Velázquez, y su esposa Ángeles Pineda Villa, esta última “la principal operadora de las actividades delictivas desde la Presidencia municipal” del grupo Guerreros Unidos.
El abogado de Tlachinollan, reiteró que las declaraciones sobre la investigación del Procurador de la República son parciales porque no incluyen las de los estudiantes normalistas que desde el lunes comenzaron a rendir los hechos a la PGR.
Indicó que en los próximos días se presentará de manera pública la cronología de los hechos ocurridos en Iguala, que han sido recopilado de 90 testimonios de normalistas que estuvieron en los ataques y de los que llegaron a apoyar a sus compañeros tras el atentado cometido por policías y sicarios.
HALLAZGOS EN FOSAS
Ayer también, integrantes de la Unión de Pueblos Originarios de Guerrero (UPOEG) encontraron en las fosas ubicadas en la Loma del Zapatero, en Iguala,
una mochila, lapiceros, una playera de una secundaria técnica, huaraches, zapatillas, zapatos y una cobija.
Manuel Vázquez Quintero, abogado de la organización, confirmó a SinEmbargo que el hallazgo se realizó en cinco de las nueve fosas.
“La mochila la tienen los compañeros y estamos hablando para ver si en uno o dos días hacemos una reunión con los padres para presentarles las cosas, a ver si alguien reconoce esa mochila”, dijo Vázquez Quintero.
La información también fue corroborada por Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG: “Ahorita no podemos decir de quién son esas cosas y no podemos adelantar nada sobre los cuerpos, porque no queremos confundir a la gente, vamos a esperar a los peritajes”.
En las fosas hay cadáveres humanos recientes. De acuerdo con Vázquez Quintero, las autoridades les aseguraron que ellos ya habían realizado el hallazgo de las fosas con anterioridad.
“Pero no es cierto, porque nosotros llegamos y no vimos evidencia de que hubieran trabajado aquí. Nosotros escarbamos y encontramos las fosas y les dimos aviso. Que no digan que ellos las habían encontrado antes”, dijo.
Las fosas fueron encontradas el jueves por las brigadas de la UPOEG que diariamente salen a buscar a los 43 normalistas desaparecidos en la zona rural de Iguala. “Están más arriba de las fosas que encontraron en la Loma del Zapatero y son cuerpos recientes”, dijo el abogado.
La Loma del Zapatero está muy cerca del paraje llamado La Joya, dónde se encontraron cuatro fosas hace unas semanas. De acuerdo con pobladores de la colonia San Miguelito, muy cerca de La Joya, la zona es conocida como un lugar de tortura y muerte, donde subían hummers, jeeps, camionetas, motos y también vehículos de la policía municipal.
Un joven que solicitó anonimato por seguridad, informó a SinEmbargo que cuando desaparecieron los normalistas, escuchó movimiento de vehículos en la zona y detonaciones.
De acuerdo con el joven era común desde hace tiempo escuchar descargas de “cuernos de chivo” e ir y venir de vehículos en medio de la noche y la madrugada.
Una mujer que atiende una pequeña tienda de abarrotes, dijo que en el lugar realizaba operaciones el crimen organizado. ”Aquí los despachaba yo, pero uno no dice nada, los atiende y ya”, dijo.
Con este hallazgo, la policía comunitaria habría encontrado alrededor de 26 fosas desde que inició su búsqueda. “No nos vamos a ir hasta que encontremos a los muchachos, es nuestro único objetivo”, dijo Manuel Vázquez.
LOS EXPEDIENTES
Ayer, SinEmbargo publicó declaraciones de los presuntos asesinos de algunos normalistas de Ayotzinapa, en declaraciones ministeriales hechas ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, Miguel Ángel Cuevas Aparicio, durante la primera semana de octubre de 2014, con sede en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.
En estas declaraciones a la que este sitio tuvo acceso describen cómo habrían dado muerte a parte del grupo de estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, entre la noche del 26 de septiembre y las primeras horas del sábado 27, en Iguala.
Afirman que los ejecutaron con tiros en la cabeza. También dicen que los quemaron y los echaron en fosas que, a decir de los sicarios de “Guerreros Unidos”, estaban afuera de Iguala.
Sus declaraciones coinciden con las del padre Alejandro Solalinde, quien declaró ante la prensa, primero, y luego ante las autoridades, que los normalistas estaban muertos y que algunos fueron quemados vivos.
Los presuntos asesinos narran cómo ajusticiaron a normalistas. También indican en dónde los enterraron.
Las declaraciones de los detenidos abren las dudas planteadas por los padres de los normalistas a las afirmaciones del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien asegura que las pruebas de ADN indican que los cuerpos hallados en las fosas días después de la desaparición, no corresponden a los de estudiantes.
“Yo participé matando a dos de los ayotzinapos, dándoles un balazo en la cabeza, y no son de los que quemamos, están enteritos… la forma de matarlos fue ancados [sic] y les disparamos por un lado de la cabeza”.
“El Gaby junto con Choky ya habían matado a los tres ayotzinapos, les pegaron un tiro en la cabeza a cada uno, el Gaby mató a dos y Choky a uno, esto por andar de revoltosos, dijo el Choky”.
“El Choky ordenó que bajáramos a los diez[…] Yo le disparé a dos en la cabeza con el arma de la Mente, Gaby mató a otros dos, Choky mató a uno, la Vero mató a otro y dejamos vivos a cuatro…”.
“En ese momento arrastraron el Chaky, la Vero y la Mente a los seis muertos al hoyo en donde El Gaby les roció el diésel y también les prendió fuego hasta que se calcinaron”, declaró uno de los detenidos.
Con información de El Sur
