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El siguiente reportaje fue elaborado con el apoyo financiero de Natural Resource Governance Institute. La responsabilidad del contenido es de SinEmbargo MX.


“A nuestros ancestros les tocó cuidar la tierra y ahora nosotros somos los responsables”, dicen habitantes de la comunidad indígena de Loma Bacúm, Sonora, una de las ocho [Cócorit, Tórim, Vícam, Pótam, Huibiris, Rahum y Belén], que se han levantado en contra la construcción del gasoducto de la empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de Infraestructura Energética Nova (Ienova), por tierras yaquis.

El pueblo yaqui se opone a esa construcción por el riesgo de una explosión del metano que afectaría a unos 15 mil habitantes. Pero, además, por la falta de una consulta previa, libre e informada, un derecho internacional de comunidades indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas.

Martín Valencia, Secretario de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, afirma la Ley interna es su prioridad: resguardar el territorio de la comunidad yaqui y no ceder un solo grano de arena: por sus antepasados y por sus hijos. “¿De qué nos sirve la vida si no nos queda la tierra”?, se pregunta. “En nombre del desarrollo, que no ha llegado, el Gobierno estatal y la empresa nos han despojado de forma engañosa”, afirma.

SÉPTIMA DE UNA SERIE

Loma de Bácum, Sonora (SinEmbargo).– La empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de Infraestructura Energética Nova (IEnova), construye un gasoducto al noreste de México en un territorio comunal desértico. Hasta hace tres años, y antes de la Conquista, sólo era sagrado para la comunidad indígena yaqui, compuesta por ocho pueblos ubicados al sur de la entidad de Sonora: Cócorit, Tórim, Vícam, Pótam, Huibiris, Rahum, Belén y Bácum. Ahora, sobre ese suelo caliente resguardado por sus ancestros, se planea un proyecto energético desde la frontera con Estados Unidos a Sinaloa para proveer de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, los habitantes de Loma de Bácum –por donde pasarían 16 de los 90 kilómetros dentro del territorio yaqui– se han opuesto por el riesgo de una explosión del metano que afectaría a unos 15 mil habitantes, así como por la falta de una consulta previa, libre e informada, un derecho internacional de comunidades indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sus usos y costumbres, entre ellos resguardar su territorio aun con la vida y solicitar autorización entre ellos para llegar a un consenso en cualquier decisión, choca con la visión empresarial y eso, al intentar comprar su aprobación, ha destruido su tejido social.

SinEmbargo conversó con los integrantes de la Guardia Tradicional, la máxima autoridad yaqui, así como con algunos de sus habitantes, como se ve en el video. Acusaron que “traidores aliados al gobierno [estatal]” y miembros de la Guardia Tradicional de los siete pueblos yaquis restantes fueron quienes firmaron el contrato a cambio de 7.5 millones de pesos por pueblo, dinero que, calculan, no fue repartido por completo entre sus 40 mil habitantes, cuya mayoría no está de acuerdo con la instalación e incluso ignoraban el plan.

Es como si pasaran a tu casa sin pedirte permiso, explicaron los yaquis Hirginio Ochoa y Paulino Valenzuela parados a lado de dos policías estatales que estacionaron una camioneta enfrente de la entrada de la obra en construcción, donde cuelga un letrero con la leyenda: “Prohibido la entrada a quien no sea yaqui”. Es una intimidación, acusaron furiosos. Los oficiales justificaron que buscaban la sombra de un árbol y fueron enviados “por los jefes”. Era mediodía a casi 40 ºC.

En la empresa IEnova, que ha invertido 7 mil millones de dólares en México para proyectos de gas y electricidad, se presenta el fenómeno de la puerta giratoria, esto es, pasar del sector público al privado con información privilegiada para facilitar el negocio. Está bajo la dirección de Carlos Ruiz Sacristán, quien durante diciembre de 1994 dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera estatal, y posteriormente fue designado como Secretario de Comunicaciones y Transportes (1994-2000).

IEnova es, además, la filial en México de la empresa norteamericana Sempra Energy, en cuyo consejo de dirección participa desde 2006 Luis Téllez Kuénzler, ex Secretario de Energía y de Comunicaciones y Transportes.

Guadalupe Flores Maldonado, miembro de la Guardia Tradicional y a quien califican como “el intelectual” del grupo, tiene identificados los nombres de las compañías. Un policía municipal le advirtió que esa empresa, Gasoducto Aguaprieta, “no ve humanos, sino objetivos a erradicar”. Vive en Loma de Bácum, a treinta minutos de Ciudad Obregón, el único pueblo de los ocho que conforman la comunidad indígena yaqui que no ha aceptado la construcción del gasoducto; justamente el pueblo “capital” de la comunidad yaqui, ya que alberga a la Iglesia de la Virgen del Camino, por quien se reúnen los ocho pueblos cada 2 de julio para celebrarla. Por usos y costumbres, está prohibido tomar fotos o videos en ese festejo. Quien lo haga, contó un taxista de Ciudad Obregón, es golpeado y amarrado a un árbol.

Flores acusó que Sempra Energy ya ha tenido accidentes en Estados Unidos, como la explosión registrada en Alabama a finales de 2016, por que lo no confía en su forma de operar los gasoductos. “Para ellos los recursos naturales son mercancía, pero para nosotros es un deber sagrado defenderlos”, aseguró.

El 4 de abril de 2016 los de Bácum interpusieron un amparo que prohibe a la empresa realizar cualquier actividad dentro de su territorio, pero al ver que la obra continuaba, en junio de este año los mismos yaquis arrancaron los cables eléctricos de parte de la obra.

Para Martín Valencia, Secretario de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, la Ley interna es su prioridad: resguardar el territorio de la comunidad yaqui y no ceder un solo grano de arena: por sus antepasados y por sus hijos. “¿De qué nos sirve la vida si no nos queda la tierra”?, pregunta. “En nombre del desarrollo, que no ha llegado, el Gobierno estatal y la empresa nos han despojado de forma engañosa”, dijo.

Las huellas de la defensa de Bacúm, en octubre de 2016, cuando esa comunidad yaqui se enfrentó a los “cholos invasores del Gobierno”. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

El 21 de octubre del año pasado marcó un antes y un después en Bácum, lo cual hasta el momento los mantiene en alerta constante. Al mediodía, mientras los niños salían de la escuela, alrededor de 600 “cholos enviados del Gobierno” arribaron al poblado para atacar a 40 habitantes con palos, piedras e incluso balazos. Durante el conflicto se tocaron las campanas de la Iglesia de la Virgen del Camino de una manera atípica, por lo que la gente se alarmó. Hubo un muerto –miembro de los del grupo foráneo–, heridos y al menos 12 autos incendiados.

El plan alternativo, ante la negativa de Loma de Bácum de ceder su territorio, es construir el gasoducto en los poblados de Guaymas a Navojoa, también al sur de Sonora. “El primero de agosto de 2016 estaba establecido que terminarían el gasoducto. Ya van atrasados. Si hubieran seguido el plan B ya hubieran acabado”, aseguró Guadalupe.

La tribu yaqui es un pueblo originario. Ha vivido siempre en lucha y resistencia desde la Conquista, La Independencia, el Porfiriato, la Revolución y, ahora, contra los megaproyectos energéticos, incluyendo el Acueducto Independencia que amenazó –hasta lograr su pausa– con secar el río Yaqui. De ello ha resultado que sus integrantes, al menos los consultados en Loma de Bácum, estén dispuestos a dar la vida por su territorio y recursos naturales, así como lo hicieron sus ancestros. Sus creencias son una mezcla entre el catolicismo y sus antepasados. A la entrada del poblado y de cada casa, hecha de palmas y suelo de tierra, lucen cruces.

Anabela Carlón Flores, miembro de la Asociación de Mujeres de Loma de Bácum, fue levantada durante cuatro horas el 13 de diciembre del año pasado, dos meses después de la trifulca. Pero sigue firme. 

“A nuestros ancestros les tocó cuidar la tierra y ahora nosotros somos los responsables”, afirmó.