El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido, fecha que en el contexto mexicano cobra mayor relevancia debido a la práctica generalizada y sistemática del gobierno de reprimir y desaparecer a las personas desde la época de la “guerra sucia” y con una segunda etapa recrudecida en el sexenio anterior. Misma que persiste hasta el día de hoy.
Es imposible entender el presente sin mirar el pasado. La impunidad que sufrimos hoy es producto de los pactos constantes de la cúpula política para ordenar o permitir que se cometan violaciones a derechos humanos sin exigir rendición de cuentas. Por el contrario, se suele premiar a quienes se ajustan al poder político.
Muchas son las exigencias de la sociedad frente a este continuum de violencia y de violaciones a derechos humanos: búsqueda efectiva de las personas desaparecidas, verdad, justicia, reparación, entre otras. No obstante, quisiera detenerme en la pregunta de por qué exigimos la verdad —ese mismo derecho que hoy se encuentra plenamente reconocido en el ámbito internacional y que se plasmó recientemente en la Ley General de Víctimas—.
De acuerdo al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el derecho a la verdad incluye el derecho a conocer las circunstancias de los hechos, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Por su parte, el Estado tiene el deber de recordar la historia de un pueblo, la lucha, la opresión vivida. Por lo tanto, el Estado debe preservar los archivos donde se encuentren las pruebas de esas violaciones a derechos humanos a fin de salvaguardar la memoria colectiva.
Así, las comisiones de la verdad han surgido en varios países como un mecanismo para hacer frente a las violaciones a derechos humanos y cumplir con el mandato de llegar a la verdad histórica. De igual forma, ayudan a proporcionar evidencia que pueda ser judicializada e inclusive reparar a las víctimas a través de programas amplios que incluyen medidas simbólicas y comunitarias, y no sólo la parte pecuniaria.
Sin embargo, en México, el tema es más complejo: ambos intentos por llegar a la verdad —ya sea a través de Comisiones o por la vía de los juicios penales— han quedado obstaculizados por el propio gobierno. En 2000, frente a una supuesta transición, la sociedad exigió que se estableciera una comisión de la verdad que partiera de modelos exitosos realizados en otros países, como Chile, Argentina y Sudáfrica. El gobierno mexicano se negó a ello y en su lugar se dieron dos respuestas. La primera, la recomendación general 26/01, emitida por la CNDH y cuyo contenido completo ha sido negado. Además, los nombres de los responsables no han sido revelados y no se le dio el seguimiento adecuado para su implementación. La segunda fue el establecimiento de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP); de corta vida, pues su cierre coincidió con la salida de Vicente Fox. A esto se suma la supuesta apertura de los archivos clasificados y de inteligencia de la Sedena y la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS), cuyo acceso siempre ha sido restringido, manipulado o limitado. Asimismo, el mensaje de connivencia con los militares fue claro cuando el entonces presidente panista nombró a un militar a la cabeza de la PGR (y de la cual dependía orgánicamente la FEMOSPP). Finalmente, a esta suma de agravios se encuentra el informe histórico, que nunca publicado de manera oficial —a pesar de la valiosa verdad y memoria colectiva que contenía—.
Hasta hoy no ha habido un compromiso por escribir la historia verdadera. No me refiero a la oficial o a la legal, sino aquella tomada de los cientos de testimonios, documentos y periciales que deberían constar. Es por eso que continuamos exigiendo la verdad: para que nuestra memoria colectiva, tan acostumbrada al olvido, recuerde que los desaparecidos nos faltan a todos. Y es que si no existe una verdadero compromiso por cambiar la historia estaremos condenados a repetirla.
Mientras tanto, las víctimas, sobrevivientes, familiares y la sociedad continúan exigiendo la búsqueda de sus familiares, la presentación con vida y el enjuiciamiento de los responsables. Nos seguiremos preguntando qué le falta a México para lograr que el aparato gubernamental siga los ejemplos de Guatemala, con el juicio al militar genocida Ríos Montt; Perú, con la condena histórica al ex presidente Fujimori; o, Argentina, con los cientos de juicios seguidos actualmente en contra las personas que conformaron la dictadura militar. ¿A cuál verdad le teme México?
