Estos primeros días de febrero el gobierno mexicano ha sido ampliamente cuestionado ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU por la profunda crisis de derechos humanos cuyas acciones y omisiones hacen posible las más de 23,000+43 personas desaparecidas.
Este cuestionamiento viene de la fuerza de las víctimas para exigir respuestas frente a meses, años o décadas de incertidumbre, impunidad, oscuridad. Además, la indignación que sienten víctimas, familiares y organizaciones ha hecho posible llegar hasta Ginebra con demandas fuertes y claras de verdad y justicia. Este proceso de revisión ha tomado meses y ha implicado que, a través de múltiples informes, las organizaciones rebatan las posturas oficiales que afirman que se está atendiendo el problema.
Muchas preguntas se volvieron a colocar el 2 y 3 de febrero en la ONU: ¿Por qué se permite la impunidad en el pasado y en el presente? ¿Dónde están las personas desaparecidas? ¿Qué mecanismos de búsqueda inmediata existen? ¿Por qué la legislación que permitiría investigar y sancionar a los responsables no ha sido aprobada? ¿Cómo se va a llegar a la verdad de los hechos? ¿Qué tipo de respuestas estatales efectivas existen frente a esta práctica generalizada? ¿Por qué se sigue permitiendo la colusión de las autoridades y crimen organizado? ¿Por qué México teme que el CED-ONU revise casos individuales? ¿Cuál es la cifra verdadera de personas desaparecidas ? ¿Por qué se empeñan en llamarle extraviadas o no localizadas? ¿Qué cambios institucionales en materia de procuración e impartición de justicia deben hacerse?
El viernes 13 de febrero los expertos del CED harán públicas sus observaciones y recomendaciones para el Estado mexicano. Esto debe implicar que las autoridades de todos los poderes y ámbitos emprendan acciones conjuntas o de manera coordinada para lograr un verdadero cambio de rumbo tan necesario. El Estado deberá generar un mecanismo para la efectiva implementación y seguimiento de estas acciones, tan necesarias por tanto tiempo, y que las mismas no se traduzcan sólo en declaraciones aisladas de buena voluntad o de supuesto compromiso como algunas de las acciones anunciadas en el decálogo de Peña Nieto.
La lucha de las y los familiares de los estados del norte, del caso Ayotzinapa y de todo México han emprendido una lucha para encontrar a sus seres queridos pero también para lograr que ninguna otra persona vuelva a desaparecer. Además, este caminar de las víctimas busca que la lacerante impunidad que se vive pueda poco a poco irse combatiendo y volver al inicio del sentido de los derechos humanos como una forma de preservar la dignidad de las personas y de poner límites al poder.
Para mayor información: http://fundar.org.mx/mexicoanteelced/#.VNUbeLCG_ww
