Después de la trágica desaparición en Iguala de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, se popularizo el eslogan “fue el Estado”, el cual fue interpretado de distintas maneras por quienes lo utilizaron, aunque la mayoría lo lanzaba como puya contra el Gobierno en turno, encabezado por Enrique Peña Nieto, mientras que otros lo rechazaban por su vaguedad y porque diluía en un ente abstracto la responsabilidad de personas de carne y hueso, autores materiales e intelectuales del crimen.

Sin embargo, el lema tiene un sentido rescatable: buena parte de la culpa de los mañes nacionales corresponde, en efecto, a las contrahechuras de nuestra organización estatal, incapaz de cumplir de manera institucionalizada y rutinaria, sin importar demasiado quién ocupa la Presidencia o los gobiernos locales, con sus responsabilidades básicas: brindar protección a la ciudadanía, dotarla de servicios públicos y garantizar sus derechos constitucionales.

El embate del huracán “Otis” en Acapulco, una vez más en el golpeado estado de Guerrero, descarna las deficiencias estructurales del Estado mexicano. En su origen, los Estados son entidades que emplean su superioridad en la fuerza para regular la recaudación en un territorio específico y resguardar con estos recursos a la población. Esto les permite ofrecer el valioso servicio de mantener a raya a los delincuentes y asegurar la tranquilidad, lo que propicia el funcionamiento de la economía. 

A lo largo de la historia, estas entidades fundamentales en la evolución histórica han utilizado su capacidad de gravar impuestos para proporcionar otros servicios, principalmente bienes públicos, y para desarrollar infraestructura. También se han convertido en maquinarias esenciales para garantizar derechos individuales y sociales. Sobre todo, los estados ponen las reglas del juego –las instituciones– que garantizan la convivencia social y evitan los abusos individuales o corporativos.

El Estado mexicano asume todas estas tareas, pero lo hace bastante mal. Su capacidad para reducir la violencia es cada vez más frágil. En muchos casos, los delincuentes han tomado el control de territorios enteros y aplican sus propias exacciones. Los servicios públicos que ofrece son de escasa calidad y prioriza en gran medida los derechos de los más poderosos. Mientras tanto, la población más desfavorecida se enfrenta a un sistema de salud en estado de descomposición, una educación deplorable y una infraestructura que se desmorona, a veces, literalmente sobre ellos. Además, sufren abusos continuos por parte de los poderosos y de las autoridades. En lugar de regular en beneficio de la preservación del medio ambiente y la reducción de los abusos, el Estado mexicano establece reglas del juego –instituciones– que permiten a sus agentes negociar su desobediencia y beneficiarse económicamente, ya sea a favor o en contra de personas o grupos específicos.

El desastre en Acapulco expone una vez más las taras crónicas del Estado mexicano, agravadas por la notoria ineptitud de un Gobierno liderado por un Presidente que constantemente muestra displicencia hacia la gestión gubernamental y la capacitación en el servicio público. Ya se han escrito cientos de páginas sobre la irresponsabilidad de desmantelar el Fonden y sobre la insensibilidad rayana en la sociopatía de López Obrador. Pero el tamaño de la catástrofe guerrerense es producto de una organización estatal mal cimentada y peor edificada, cuya reforma siempre se ha aplazado, hasta que ha llegó la actual administración a hacer demoliciones sin ton no son y sin edificar el andamiaje necesario para transformarla.

En su artículo del lunes, Mauricio Merino enumeró los problemas estatales que han exacerbado el impacto del huracán, sobre todo el desarrollo caótico del que fue durante décadas el principal destino turístico del país. No es menor el absurdo de haber construido sobre las playas, algo que no sucede ni en Río de Janeiro, ni en La Habana, San Sebastián, Santander o Miami. Sin embargo, aquí se permitió que los hoteles se adueñaran de las playas, un error que se repitió en muchos otros lugares del país. En Cancún, por ejemplo, esta insensatez destruyó el sistema de dunas que antes protegía las hermosas playas que ahora se han perdido. Bien se haría la reconstrucción si se demolieran todos los hoteles de la costera que han quedado inutilizables y no se volviera a construir en esos terrenos.

El desorden en el crecimiento de las zonas habitacionales de aluvión ha sido igualmente devastador. Muchas de ellas surgieron como resultado de invasiones, sin ninguna planificación urbana, en lugares inhóspitos y peligrosos, lo que ha convertido al Acapulco popular en un lugar siniestro y feo, caracterizado, sobre todo, por una calidad de vida precaria. En este momento, la población está sufriendo de una manera que ni siquiera quiero imaginar, sin acceso a agua ni comida, enfrentando riesgos sanitarios inmensos y sumida en el caos.

Como ha sido su costumbre, la única presencia estatal que ha utilizado López Obrador ha sido la de las Fuerzas Armadas. La autoridad local parece haberse esfumado, cuando ya estaba muy endeble por la violencia generalizada en una entidad donde el Estado siempre ha tenido una presencia débil y ha estado en conflicto con diversos grupos violentos, ya sea de índole política o criminal.

La catástrofe en Acapulco, si bien ha sido agravada por la gestión deficiente del Gobierno federal y la inexistencia de autoridades estatales y municipales, es el resultado de un arreglo institucional que ha fomentado la corrupción, la incompetencia y el saqueo durante casi ocho décadas de supuesto desarrollo turístico. La reconstrucción de Acapulco debe ir de la mano con la reconstrucción del Estado mexicano, que también está en ruinas, con base en nuevos cimientos, sin corrupción y con reglas claras.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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