La situación política, económica y social en Guerrero se ha deteriorado aún más con la presencia de las fuerzas federales en la entidad, y aun cuando en esa entidad el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha dispuesto una inversión multimillonaria.

La razón: la falta de una aplicación de justicia imparcial, y el fracaso para llevar ante las autoridades a políticos, policías, ministerios públicos y jueces que están ligados íntimamente a los grupos del crimen organizado y a los caciques locales.

Hace poco más de dos meses, investigadores nacionales e internacionales de la Open Society Justice Initiative, parte de la Open Society Foundations, presentaron su informe “Justicia fallida en el estado de Guerrero”, elaborado conjuntamente con los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan y presentado este martes.

El documento, que es resultado de más de dos años de investigación, cuestiona la falta de justicia frente a los delitos de alto impacto, que califica como “atrocidades”, en una entidad que figura entre las de mayores tasas de homicidios, con 19 mil 434 asesinatos entre 2005 y 2014 y en la que en septiembre de 2014 fueron desaparecidos forzadamente 43 normalistas en un mismo evento.

Al señalar como principal causa de estas “atrocidades” un asunto político, la Justice Initiative se refiere no sólo al autoritarismo del Poder Ejecutivo, sino también a que la investigación de los delitos está en manos de una policía penetrada por la criminalidad y una procuraduría que actúa como “un mero apéndice del poder ejecutivo […] más interesada en ignorar las denuncias de atrocidades que en investigarlas”, y que el Congreso estatal omite actuar como contrapeso del Poder Ejecutivo.

A esa causa, dice el documento, se suman otras deficiencias y limitaciones, como la falta de preparación de la policía para investigar y perseguir los delitos y un marco legal insuficiente (específicamente para casos de tortura).

En ese contexto, concluye, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el subsecuente mal manejo de la investigación del hecho no resulta sorpresiva. Por el contrario, lo que ocurrió entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 puso de manifiesto el clima de violencia arraigado en Guerrero, y las “fallidas” investigaciones posteriores se ajustan a los patrones, prácticas e incentivos establecidos desde tiempo atrás en la entidad y reflejan el “fracaso” de las autoridades estatales para reaccionar de forma creíble y eficiente al caso.

Ayer, además, empresarios denunciaron los daños que el crimen le ha provocado a la economía estatal.

Debido a las extorsiones y secuestros, en septiembre y octubre cerraron 809 empresas en Acapulco, Guerrero, informó el presidente de la Federación Estatal de las Cámaras de Comercio del Estado de Guerrero, Alejandro Martínez Sidney.

El empresario planteó que en lo que va del año, cuatro mil 800 empresas de diferentes giros también bajaron sus cortinas en todo el estado por el mismo motivo.

Martínez Sidney dijo que la cifra “impacta” al estado, pues tras el cierre de negocios hay un número mayor de desempleados. “Cerca de tres mil empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS) se están perdiendo”, detalló.

El titular de las Cámaras de Comercio del Estado aseguró que septiembre y octubre son meses “históricamente malos” para el sector turístico y no hay alternativas como festivales o carnavales que rescaten la actividad económica.

También el domingo, organizaciones a favor del respeto a los derechos humanos denunciaron en Nueva York la corrupción política, violencia e impunidad que se vive en el estado de Guerrero.

Durante la presentación del informe “Justicia Fallida en el estado de Guerrero”, expuesto en la academia John Jay School of Criminal Justice, los representantes de las organizaciones coincidieron en que las fallas en el sistema de justicia en el estado posibilitan la comisión de graves violaciones a los derechos humanos como la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, sin que los perpetradores vean un riesgo de castigo por sus actos.

Ante la terrible realidad en este estado hay poco que agregar, pero el Gobierno federal debe considerar que su descomposición se ha acelerado aun con una presencia fuerte de fuerzas de seguridad y recursos para revertir la pobreza. Es decir, su estrategia no ha dado resultado porque no ataca de raíz la causa de la impunidad, que es justo la corrupción, y los culpables de la violencia en la entidad no sólo están libres sino que en algunos casos gobiernan o dictan “políticas públicas” fallidas y a modo, para mantener sus privilegios.

El Gobierno federal está más que reprobado en Guerrero, no hay que ser un erudito para saberlo. Las atrocidades que se cometen a diario así lo muestran.

Redacción/SinEmbargo

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